Las cinco causas sensibles que debe resolver la Justicia
El intendente de Tolhuin, Claudio Queno, realizó un planteo ante el juez Electoral para que le habiliten la tercera reelección en el cargo. Un juez de Río Grande debe resolver las denuncias contra el intendente Gustavo Melella. En Ushuaia está pendiente la situación del secretario general de ATE, Carlos Córdoba, en el escándalo de las viviendas futuras. También está el caso de los cuestionamientos al proceso de selección de un camarista Civil. Y se esperan definiciones en torno a la búsqueda de un sospechoso vinculado con la desaparición de Sofía Herrera.
a Justicia de Tierra del Fuego tiene al menos cinco causas judiciales sensibles para resolver tras la reanudación de actividades en tribunales producida ayer, luego de la feria judicial de verano, según surge de un relevamiento efectuado por EDFM.
Dos de los casos involucran a intendentes en funciones: el de la ciudad de Río Grande (Forja) Gustavo Melella y el del municipio de Tolhuin, Claudio Queno, mientras que otro se relaciona con la elección de un camarista Civil, Daniel Saks, uno con un caso de corrupción que vincula al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba, y el último es el que investiga la desaparición de la niña Sofía Herrera, en 2008.
El juez de instrucción de Río Grande, Raúl Sahade, tiene en sus manos el expediente donde se investiga a Melella por el presunto abuso sexual coactivo de tres obreros de la construcción, a raíz de las denuncias presentadas por los propios damnificados a fines del año pasado.
El intendente fueguino fue notificado de derechos y garantías luego de la imputación formulada por el fiscal mayor Guillermo Quadrini, aunque todavía no fue llamado a prestar declaración indagatoria.
Según la denuncia de Mario Lovera, Damián Rivas y Jerónimo Suasnabar, el funcionario les pidió “favores sexuales” a cambio de empleo o de cobrar tareas ya realizadas.
Sahade tomó varios testimonios y ordenó pericias sobre los teléfonos celulares de las víctimas, por lo que se estima que en los primeros meses del año deberá resolver si hay elementos para indagar al intendente que, por otra parte, será candidato a gobernador en las elecciones generales de este año.
En el caso de Queno, los abogados del intendente presentaron una acción declarativa de certeza ante el juez Electoral de la provincia, Isidoro Aramburú, para lograr que lo habiliten a postularse a su cuarto mandato consecutivo al frente del municipio de Tolhuin.
El dirigente peronista fue elegido en 2007, y logró su primera reelección en 2011.
Después, el 9 de octubre de 2012, Tolhuin fue transformado por ley de comuna a municipio, por lo que Queno logró que la Justicia lo autorizara a volver a postularse en 2015, con el argumento de que era su primer mandato bajo el nuevo status jurídico de la población.
Ahora el funcionario pretende que el juez Electoral convalide el mismo razonamiento, y considere el período 2019-2023 como su hipotético segundo mandato al frente de la intendencia municipal.
Otra situación delicada es la del camarista Sacks, elegido en diciembre como integrante de la nueva Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia a través del mismo concurso donde había sido jurado, y votado por un consejero al que asesora de manera rentada.
Jorge Pintos, miembro del Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, consideró que en el proceso de selección del juez se cometieron “serias irregularidades”, y por eso presentó una medida cautelar solicitando la suspensión de la jura del magistrado.
Durante la feria, el juez subrogante Marco Mellien rechazó la cautelar, pero Pintos anunció que recurrirá la medida y pedirá su nulidad por haber sido infundada, entre otros argumentos.
En otro orden, el juez de instrucción de Ushuaia Javier De Gamas Soler tiene pendiente de resolución la situación de una causa que involucra al secretario general de ATE con un presunto fraude mediante la venta de viviendas sociales a personas ajenas al sindicato estatal.
Carlos Córdoba ya fue indagado junto a otras nueve personas, pero tras la citación de más de 20 testigos, De Gamas Soler debe resolver, en los primeros meses del año, si encuentra pruebas para procesar al sindicalista del principal gremio del Estado en Tierra del Fuego.
El expediente analiza si los particulares damnificados pagaron cifras de hasta 700 mil pesos a cambio de viviendas que nunca podrían haber sido comercializadas porque se construyeron con fondos del Estado para ser destinadas, en forma exclusiva, a empleados públicos afiliados de ATE.
Y la última causa sensible entre la que se espera un pronunciamiento de la Justicia fueguina es la que investiga la desaparición de Sofía Hererra, la niña que fue vista por última vez en un camping situado al sur de la ciudad de Río Grande, el 28 de septiembre de 2008.
El juez de instrucción Daniel Cesari Hernández reveló a fines del año pasado que busca el paradero de un hombre sin residencia fija y que deambula por zonas rurales, por su presunta vinculación con el caso.
Cesari Hernández realizó dos operativos en diciembre y dio con algunos indicios del sujeto (lugares donde pudo haber vivido) pero aún no logra encontrarlo.
Además, el mismo juez dispuso a fines de 2018 un operativo para identificar a una niña en la localidad bonaerense de Ayacucho, que dio resultado negativo luego de generar una gran expectativa mediática.
Dos de los casos involucran a intendentes en funciones: el de la ciudad de Río Grande (Forja) Gustavo Melella y el del municipio de Tolhuin, Claudio Queno, mientras que otro se relaciona con la elección de un camarista Civil, Daniel Saks, uno con un caso de corrupción que vincula al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba, y el último es el que investiga la desaparición de la niña Sofía Herrera, en 2008.
El juez de instrucción de Río Grande, Raúl Sahade, tiene en sus manos el expediente donde se investiga a Melella por el presunto abuso sexual coactivo de tres obreros de la construcción, a raíz de las denuncias presentadas por los propios damnificados a fines del año pasado.
El intendente fueguino fue notificado de derechos y garantías luego de la imputación formulada por el fiscal mayor Guillermo Quadrini, aunque todavía no fue llamado a prestar declaración indagatoria.
Según la denuncia de Mario Lovera, Damián Rivas y Jerónimo Suasnabar, el funcionario les pidió “favores sexuales” a cambio de empleo o de cobrar tareas ya realizadas.
Sahade tomó varios testimonios y ordenó pericias sobre los teléfonos celulares de las víctimas, por lo que se estima que en los primeros meses del año deberá resolver si hay elementos para indagar al intendente que, por otra parte, será candidato a gobernador en las elecciones generales de este año.
En el caso de Queno, los abogados del intendente presentaron una acción declarativa de certeza ante el juez Electoral de la provincia, Isidoro Aramburú, para lograr que lo habiliten a postularse a su cuarto mandato consecutivo al frente del municipio de Tolhuin.
El dirigente peronista fue elegido en 2007, y logró su primera reelección en 2011.
Después, el 9 de octubre de 2012, Tolhuin fue transformado por ley de comuna a municipio, por lo que Queno logró que la Justicia lo autorizara a volver a postularse en 2015, con el argumento de que era su primer mandato bajo el nuevo status jurídico de la población.
Ahora el funcionario pretende que el juez Electoral convalide el mismo razonamiento, y considere el período 2019-2023 como su hipotético segundo mandato al frente de la intendencia municipal.
Otra situación delicada es la del camarista Sacks, elegido en diciembre como integrante de la nueva Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia a través del mismo concurso donde había sido jurado, y votado por un consejero al que asesora de manera rentada.
Jorge Pintos, miembro del Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, consideró que en el proceso de selección del juez se cometieron “serias irregularidades”, y por eso presentó una medida cautelar solicitando la suspensión de la jura del magistrado.
Durante la feria, el juez subrogante Marco Mellien rechazó la cautelar, pero Pintos anunció que recurrirá la medida y pedirá su nulidad por haber sido infundada, entre otros argumentos.
En otro orden, el juez de instrucción de Ushuaia Javier De Gamas Soler tiene pendiente de resolución la situación de una causa que involucra al secretario general de ATE con un presunto fraude mediante la venta de viviendas sociales a personas ajenas al sindicato estatal.
Carlos Córdoba ya fue indagado junto a otras nueve personas, pero tras la citación de más de 20 testigos, De Gamas Soler debe resolver, en los primeros meses del año, si encuentra pruebas para procesar al sindicalista del principal gremio del Estado en Tierra del Fuego.
El expediente analiza si los particulares damnificados pagaron cifras de hasta 700 mil pesos a cambio de viviendas que nunca podrían haber sido comercializadas porque se construyeron con fondos del Estado para ser destinadas, en forma exclusiva, a empleados públicos afiliados de ATE.
Y la última causa sensible entre la que se espera un pronunciamiento de la Justicia fueguina es la que investiga la desaparición de Sofía Hererra, la niña que fue vista por última vez en un camping situado al sur de la ciudad de Río Grande, el 28 de septiembre de 2008.
El juez de instrucción Daniel Cesari Hernández reveló a fines del año pasado que busca el paradero de un hombre sin residencia fija y que deambula por zonas rurales, por su presunta vinculación con el caso.
Cesari Hernández realizó dos operativos en diciembre y dio con algunos indicios del sujeto (lugares donde pudo haber vivido) pero aún no logra encontrarlo.
Además, el mismo juez dispuso a fines de 2018 un operativo para identificar a una niña en la localidad bonaerense de Ayacucho, que dio resultado negativo luego de generar una gran expectativa mediática.
Fuente: Diario Fin del Mundo
