En las últimas horas fue prohibida la ejecución de un plan de aniquilación cruel y contaminante con gas fosfina, de impredecibles consecuencias en la salud humana y en la de la flora y la fauna. Ante el recurso interpuesto por AARAF y AFADA, el juez Federico Calvete ordenó la suspensión del procedimiento de exterminio de los característicos conejos de Castilla que pueblan la península, en Ushuaia.
A través de una resolución basada principalmente en la preservación de la vida, el titular del Juzgado Federal de Ushuaia afirmó: “La protección del ambiente se complementa con otras áreas de la naturaleza que también merecen tutela, entre ellas el reino animal, de los cuales sólo somos una de las especies y cuya responsabilidad de preservar está en los humanos. Se debe procurar un equilibrio en el que las personas sean espectadores que eviten en lo posible alterarlo, que se sirvan del mundo sin destruirlo, como única manera de conservarlo para las generaciones futuras”.
El martes 7 de julio finalmente el titular del Juzgado Federal de Ushuaia, Federico Calvete, se expidió en torno a la polémica suscitada a partir del inicio de los autos “Asociación Civil sin fines de lucro Amigos del Reino Animal Fueguino, A.A.R.A.F y la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, A.F.A.D.A, contra el Centro Austral de Investigaciones Científicas C.A.D.I.C, dependiente del CONICET, sobre amparo Ley 16.986”, expediente iniciado el 16 de junio del corriente año.
La demanda judicial se inició a partir de las declaraciones radiales del investigador del C.A.D.I.C Adrián Schiavinni, quien había anunciado que debido a supuestos perjuicios ocasionados por los conejos en el predio del establecimiento, se los iba a matar utilizando fosfuro de aluminio y se iba a invitar desde la institución a hacer lo propio en toda la península, aeropuerto incluído. Semejante afirmación no tardó en encontrar eco en las asociaciones proteccionistas A.A.R.A.F y AFADA, quienes se presentaron como querellantes ante la Justicia y – con la representación legal de la abogada Griselda Engelhard – tramitaron un recurso de protección hacia los animales, el medio ambiente y la salud humana.
Juez Federal Federico Calvete
Citando a la Constitución Nacional Argentina y en una verdadera proclama ética, el juez Calvete consignó que “en el artículo 41 se impone la obligación a los habitantes del suelo argentino de PRESERVAR EL AMBIENTE, a la vez que garantiza el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, en el presente y para las próximas generaciones. Ello se podría afectar de utilizarse sustancias químicas tóxicas y nocivas, las que deben estar autorizadas por las autoridades correspondientes. Se habla también en el mismo artículo de la preservación del PATRIMONIO NATURAL, a más de la preservación de la DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Es decir que la protección del ambiente se complementa con otras áreas de la naturaleza que también merecen tutela, entre ellas el reino animal, de los cuales sólo somos una de las especies y cuya responsabilidad de preservar está en los humanos. El ecosistema protegido está conformado por el medio ambiente, los recursos naturales y los seres vivos que habitan en el mismo. Se debe procurar un equilibrio en el que las personas sean espectadores que eviten en lo posible alterarlo, que se sirvan del mundo sin destruirlo, y como la única manera de conservarlo para las generaciones futuras. Tenemos el derecho a vivir y gozar en ese ambiente sano, pero también tenemos obligaciones para preservarlo en ese estado. Lo mismo sucede con la protección de la naturaleza y de la biodiversidad biológica. La tala indiscriminada de bosques nativos, la contaminación del aire, de los ríos, arroyos, lagos y lagunas, del mar y los océanos, la caza indiscriminada de especies animales, sin ningún tipo de control estatal pueden afectar esos equilibrios de la biodiversidad que no se pueden separar del medioambiente y el ecosistema. Todo constituye un conjunto digno de protección.-
En referencia precisa a la aniquilación de los característicos conejos grises que acostumbramos a ver en la naturaleza que circunda Ushuaia, el magistrado fue contundente: “Desde esta arista hoy no podemos sostener a ciencia cierta que los conejos de Castilla generarán un daño grave al ecosistema y que por ello deba continuarse con el plan de acción dispuesto por el CADIC. Pero sí podemos sostener sin hesitación que, matarlos en conjunto, puede afectar normas constitucionales y es deber legal evitar, máxime si como sostiene la parte actora, el método que se utilizaría es cruel y produciría en los animales un sufrimiento innecesario. A mayor abundamiento, y aún más específica aunque anterior en el tiempo es la Ley Nacional de Conservación de Fauna Nro. 22421, que particularmente declara de interés público la fauna silvestre e impone el deber de protegerla. Por otro lado se complementa con la vieja ley 14.346 del año 1954 que protege a los animales contra los malos tratos y crueldades. Ya en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego nos rige la Ley de Medio Ambiente Nro.55 con un contenido protectorio propio de la región geográfica que habitamos, y nos impone también el deber de protección de la fauna nativa, seminativa o exótica; amén del principio general rector de preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, bajo los principios rectores tendientes a perpetuar los ecosistemas existentes en su territorio. Sumado a ello, mediante la sanción de la Ley N° 24.375, se aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado y abierto a la firma en Río de Janeiro el 5.6.92., por lo que la BIODIVERSIDAD también se encuentra protegida por esta norma convencional”.
Finalmente, el juez Calvete manifestó que en el marco de su resolución “la parte actora deberá realizar el proyecto de Control Poblacional Ético – esterilización – propuesto en su demanda “a su costa y en coordinación con las autoridades del CADIC que al efecto se designen. Ello por un periodo a determinar, que sea suficiente a fin de evaluar el método propuesto y poder complementarlo o reemplazarlo con otros métodos que puedan aportar los interesados”.
Esto publicaba Diario Prensa Libre en su edición del 21 de mayo de 2020, hace 47 días atrás.
EL INVESTIGADOR CIENTIFICO ADRIAN CARLOS MIGUEL SCHIAVINI, PERTENECIENTE AL CENTRO AUSTRAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, ARGUMENTO LA MEDIDA EN SUPUESTOS PERJUICIOS CAUSADOS POR LOS CONEJOS EN LA ESTRUCTURA DEL SOLIDO Y MODERNO EDIFICIO PROXIMO A LA MISION ALTA Y BAJA, CUYAS CENTENARIAS VIVIENDAS DE MADERA EN CAMBIO, SE MANTIENEN FIRMES Y EN PIE.
No a la matanza de conejos anunciada por el C.A.D.I.C.
La comunidad fueguina espera expectante la resolución de la Justicia Federal ante un recurso de amparo presentado por la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino, A.A.R.A.F y la Asociación de Funcionarios y Abogados en Defensa de los Animales, A.F.A.D.A para que no se concrete la cruel ocurrencia de un profesional que ya cuenta con antecedentes similares ante otras situaciones que involucran a especies de la fauna autóctona y no autóctona de Tierra del Fuego.
Los vecinos de Ushuaia suelen disfrutar del hermoso paisaje que caracteriza a toda la zona del camino al aeropuerto Islas Malvinas, el circundante a la plataforma de vuelos y los linderos a la Universidad de Tierra del Fuego, C.A.D.I.C y Misión Alta y Baja y de la aparición simpática en los paseos por ese sector de la ciudad, de los característicos conejos y gazapos de pelaje gris.
Son las mismas criaturas silvestres que pueblan también las remeras y postales con las que se publicita el destino Ushuaia o Fin del Mundo y que podrían desaparecer en manos de personal contratado para fumigar primero sus madrigueras y después para sacarlas manualmente, ultimarlas a palos o tiros o de la forma más económica y eficaz que se determine para darles fin.
Desde el CADIC se emitió una gacetilla en la que anuncian que procederán así: “Se utilizará una fumigación pasiva y extracción manual a través de un procedimiento que no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos ni de otras especies animales y con un impacto nulo para el medioambiente”.
Ante semejante iniciativa, fundada en una trasnochada fundamentación que refiere al supuesto deterioro de las bases del edificio del C.A.D.I.C y sus cañerías, “por la acción de los conejos”, la abogada del foro provincial, Griselda Engelhard ingresó ante los estrados de la Justicia Federal, un recurso de amparo, en representación de las sociedades protectoras de animales AARAF y AFADA. Esto ocurrió así luego de que el juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Sur, Gustavo González, se declarara incompetente.
El tema no tardó en instalarse fuera de los límites de la provincia y ocupa por estas horas amplios espacios en la prensa nacional, mientras que en las redes sociales la comunidad repudia la inexplicable medida ideada por el profesional, en tiempos además en los que la sensibilidad de la gente está a flor de piel por la pandemia y la cuarentena.
El Centro Austral de Investigaciones Científicas ha logrado con el correr de las décadas constituirse en un orgullo para la sociedad fueguina, la que espera atenta algún tipo de pronunciamiento que permita determinar si la matanza de conejos es una iniciativa personal del investigador y docente Schiavini solamente o si toda la comunidad científica que se desempeña en el edificio emplazado en lo alto de la colina en donde termina la avenida Malvinas, es coincidente con su temeraria manera de solucionar los desafíos de la convivencia urbana entre humanos y fauna.
Diario Prensa
