Desde el pasado viernes 10 ya resulta obligatorio el uso de mascarillas, tapabocas o barbijos transparentes en todas las dependencias del estado provincial en la que se brinde atención al público, incluidas las instituciones educativas de gestión pública o privada en todos sus niveles, para garantizar así “el acceso y comunicación de las personas sordas o hipoacúsicas a través de la lectura facial, gestual y de labios del interlocutor”, según precisa la ley.
La norma que fue aprobada el 30 junio, vetada por el Ejecutivo e insistida por la Legislatura en la sesión del 2 de septiembre, establece que “cada oficina, organismo o dependencia que atienda al público debe contar con al menos 1 trabajador/a por turno o franja laboral que utilice mascarilla, tapabocas o barbijo transparente”, y que la provisión de esos elementos estarán a cargo del empleador. Además invita a las instituciones privadas con atención al público; los municipios y al Poder Judicial a adoptar la misma modalidad, garantizando al menos el uso del barbijo inclusivo.
Inicialmente el Gobierno había objetado el proyecto en cuestión señalando la poca existencia en mercado de ese tipo de artículos, su alto costo y la posibilidad de reemplazarlos con otro tipo de implementos, por ejemplo mamparas transparentes, que permitirían cumplir con el objetivo propuesto en la noma.
Resulta evidente que los argumentos esgrimidos en el veto total no convencieron ni conmovieron la postura inicial de los parlamentarios, los que resolvieron insistir con la sanción del proyecto en los mismos términos en que había sido aprobado a instancias del proyecto impulsado por la bancada de la UCR.
Fuente: EDFM
