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El Gobierno de la provincia otorgó un crédito de $400 mil a una constructora vinculada al Gobernador

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Esta empresa es Constructora Patagonia SRL la cual está vinculada al Gobernador y además involucrada en la denuncia por abuso sexual contra el primer mandatario provincial.



Esta empresa es Constructora Patagonia SRL la cual está vinculada al Gobernador y además involucrada en la denuncia por abuso sexual contra el primer mandatario provincial.

El gobierno de Tierra del Fuego le otorgó un crédito blando de $400 mil, en plena pandemia de coronavirus, a la constructora “Patagonia SRL” vinculada al gobernador Gustavo Melella e involucrada en la denuncia por abuso sexual coactivo contra el mandatario.

“Constructora Patagonia SRL” pertenece a Alejandro Guillén, pareja de Norma Menéndez, ex secretaria privada de Melella cuando era intendente de la ciudad de Río Grande. Diego Menéndez, hermano de Norma, también fue socio de la empresa.

“Constructora Patagonia” fue adjudicataria del 34% de todas las licitaciones públicas de Río Grande, por $66,7 millones, en el período 2012-2019. También fue una de las 3 empresas que se quedó con el 54% de las licitaciones privadas en el mismo lapso.

“Constructora Patagonia” se quedó también, junto con la empresa Zimentar, con el 81% de las contrataciones directas entre 2012 y 2019, por un monto de $53,2 millones.

Además, “Constructora Patagonia” está involucrada en la denuncia por presunto “abuso sexual coactivo” que tres obreros de la construcción presentaron contra el ex intendente y actual gobernador Gustavo Melella, en 2018.

En la denuncia judicial se sostiene que tanto “Constructora Patagonia” como “Marino Luis Vaquera” habrían facturado al municipio de Río Grande por obras que no realizaron. Y que los trabajos, en realidad, habían sido concretados por Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera.

Rivas, Suasnabar y Lovera denunciaron que Melella les pidió favores sexuales a cambio de ser contratados, primero, y luego para poder cobrar los trabajos ya realizados.

La causa penal por los supuestos abusos y por la presunta cartelización de la obra pública sigue estancada en el juzgado de instrucción de Río Grande a cargo del juez Raúl Sahade, quien ni avanza con la acusación ni desestima la denuncia.

Fuente 19640noticias.