La jueza de Instrucción María Barrionuevo dictó una resolución que desestima la denuncia realizada por el ex legislador Horacio Miranda contra el ex secretario de Seguridad Ezequiel Murray. Había pedido que se investigara el uso irregular de 17 millones de pesos, luego de una exposición de Murray ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura en 2017. Aún no se conocen los fundamentos de la medida.
La jueza de instrucción de Ushuaia María Cristina Barrionuevo desestimó por inexistencia de delito la causa penal donde se investigaban a funcionarios del Gobierno provincial por la presunta utilización de fondos reservados en el área de Seguridad, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
Si bien no trascendieron los fundamentos de la medida judicial, las fuentes ratificaron que Barrionuevo la dictó en las últimas horas luego de evaluar una serie de medidas probatorias y de tener en cuenta la posición del fiscal actuante, Fernando Ballester Bidau.
La causa surgió a raíz de una denuncia presentada por el ex legislador Horacio Miranda, aludiendo a la falta de rendición de $17 millones imputados como fondos reservados por el área de seguridad.
Es por eso que uno de los posibles imputados era el ex secretario de Seguridad, Ezequiel Murray, aunque la denuncia también aludía a supuestas responsabilidades de la propia gobernadora Rosana Bertone.
Las dudas sobre la utilización de esos fondos surgieron luego de la exposición brindada por Murray ante la comisión de presupuesto de la Legislatura, durante el año pasado.
Desde el Gobierno siempre justificaron la utilización de esos recursos y afirmaron que se había actuado de acuerdo a las leyes vigentes.
Miranda había radicado la denuncia ante la Fiscalía de Río Grande, aunque luego la Justicia de esa ciudad se declaró incompetente por razones de jurisdicción y envió las actuaciones a Ushuaia, donde recayó en el Juzgado de Barrionuevo.
El ex legislador había declarado que según su criterio se cometieron “tres tipos de delitos” y aportó como evidencia filmaciones de la reunión de comisión legislativa.
Dijo que se había producido un quebrantamiento de la prohibición del uso de fondos reservados, además de una posible “malversación de fondos públicos” y una “violación a la ley de inteligencia interior”.
Sin embargo, todo ello fue desestimado por Barrionuevo que terminó cerrando la investigación, si bien resta saber si desde la Fiscalía plantearán algún tipo de apelación contra la medida.
