El desgaste del Gobierno comienza a sentirse entre quienes acompañaron a Javier Milei en el balotaje de 2023. Las dificultades para llegar a fin de mes, el peso de las deudas y la falta de mejoras concretas alimentan el desencanto de una parte de ese electorado, que cuestiona la distancia entre el discurso oficial y su realidad cotidiana.
Los testimonios recogidos por la consultora TresPuntoZero reflejan una pérdida de confianza que no necesariamente implica un rechazo completo al modelo libertario. Muchos de esos votantes reconocen algunos avances económicos, pero advierten que la recuperación todavía no se traduce en mejores condiciones de vida. Ese sector, que según la consultora representa al menos el 20% de quienes respaldaron a Milei en la segunda vuelta, aparece como una pieza clave de cara a las elecciones de 2027.
La reacción presidencial frente a los cuestionamientos sobre el poder adquisitivo volvió a exponer la tensión. Milei desestimó como una “pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que buena parte de los argentinos no logra llegar a fin de mes. La discusión terminó amplificando el malestar y sumó presión sobre un oficialismo que busca sostener su competitividad electoral.
En paralelo, los datos económicos muestran una recuperación desigual. Mientras algunas actividades vinculadas con la energía, la minería y el agro exhiben resultados positivos, la industria y la construcción continúan atravesando dificultades. El desafío para el Gobierno es que esa mejora parcial alcance al empleo, los salarios y el consumo, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria.
Esa discusión empieza a dividir las estrategias dentro de La Libertad Avanza. El ministro Luis Caputo defiende la disciplina monetaria y fiscal como condiciones centrales del programa económico, mientras que sectores del ala política consideran necesario introducir medidas que alivien la situación de los hogares y permitan llegar a 2027 con una recuperación más visible.
La tensión también se trasladó al Congreso. En las últimas negociaciones, el oficialismo aceptó modificaciones en proyectos que inicialmente había impulsado con posiciones más rígidas. La media sanción de la iniciativa sobre discapacidad, con una amplia mayoría, incluyó garantías para las prestaciones, actualizaciones y mecanismos para regularizar deudas con prestadores.
Otro caso fue la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que avanzó tras incorporar restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, una disposición que el Gobierno había buscado eliminar. Las concesiones evidenciaron que, ante la necesidad de reunir votos, el oficialismo está dispuesto a revisar parte de sus planteos originales.
La disputa ya no se limita a las diferencias entre los principales referentes del espacio, sino que gira alrededor de una pregunta central: cómo responder a una realidad económica que todavía golpea a buena parte de la sociedad. Mientras algunos sectores insisten en sostener el rumbo sin modificaciones, otros reclaman mayor flexibilidad y acuerdos políticos para evitar que el desencanto se profundice.
Las próximas negociaciones legislativas y electorales pondrán a prueba esa convivencia entre convicción ideológica y pragmatismo. El Gobierno deberá definir si mantiene sus certezas como hasta ahora o si adapta su estrategia para recuperar la confianza de quienes lo votaron y hoy esperan resultados concretos.
