El ex concejal Paulino Rossi celebró el allanamiento de la justicia en Casa de Gobierno tratando de esclarecer la legalidad y la constitucionalidad del decreto del gobernador Gustavo Melella de convocar a los convencionales constituyentes y asimismo ratificó que la ministra Gabriela Castillo estaba invalidada de firmar dicho decreto. Denunció a los ex legisladores Emanunel Trentino y Mónica Acosta de haber intercambiado cargos para ellos mismos para votar la Ley Provincial 1529 de Reforma Constitucional y aseguró que esos sueldos que están cobrando son mal habidos por violar la ley. Cabe destacar que Rossi presentó una denuncia de carácter penal.
Río Grande.- El abogado y contador Paulino Rossi, ex concejal de esta ciudad, fue entrevistado por Radio Provincia sobre la denuncia penal que interpuso en relación al decreto de llamado a los convencionales constituyentes para la reforma constitucional de Tierra del Fuego y que derivó que este jueves la justicia fueguina ordenara el allanamiento en Casa de Gobierno con el auxilio de una fuerza federal como la Gendarmería Nacional.
“Acá hubo dos presentaciones, la más importante -desde siempre- es la que hizo el legislador (Jorge) Lechman, que fue una presentación valiente desde lo político e impecable desde lo jurídico, y cuando tomamos contacto en el estudio que hicimos aparte, nos pareció oportuno aportar más elementos para que la justicia pueda avanzar en este tema y sobre todo con una línea de investigación paralela, por acá no solamente estamos hablando de errores administrativos, de nulidades o inconstitucionalidades, sino de la comisión de delitos, y la comisión de delitos va por un canal por separado, con otra premura y otro tipo de medidas que merecen celeridad”, explicó Paulino Rossi.
En ese sentido, observó que “ahora estamos viendo los resultados, porque acá tenés por un lado, al momento de aprobarse la ley de llamado a convocatoria, hubo dos legisladores que de manera impune y grosera negociaron la aprobación de esta ley (la 1.529), a cambio de crearse dos cargos para ocuparlos actualmente, como es el caso de la ex-legisladora (Mónica Acosta y (Emmanuel) Trentino, que en la misma circunstancia de tiempo se crean cargos políticos para que ellos ocuparlos, y esto va en contradicción clara y evidente de la Constitución provincial, que dice que ningún legislador puede ocupar un cargo que haya creado por el término de un año”.
Paulino Rossi detalló que “nosotros pedimos que se investigue este accionar, porque es claro que hay un incumplimiento de la Constitución, y que puede tener implicaciones penales, que se tiene que analizar esta conducta, y en paralelo, el otro hecho bochornoso que fue la firma del decreto de llamado a elecciones que tiene que ver con el decreto, si va a firmar el día viernes, que era la fecha que consideraba el Gobierno provincial como límite para el llamado a elecciones”.
El apagón de Ushuaia provocó la tormenta política
“Acá se tenía organizado un acto público, pero en el medio tuvieron un apagón bochornoso, 16 horas, que impidió el mismo; incluso Ushuaia no funcionó con normalidad porque no hubo luz durante todo el día. Entonces, mágicamente, el día martes aparece en Boletín Oficial Provincial un decreto firmado supuestamente el día jueves, con anterioridad, que todos sabemos de que no es así, de que aprovechando de que no implementan la firma digital, que ya debería ser de carácter obligatorio para la firma de decreto, si no son firmas oleógrafas o manuales, manipularon los registros para hacerlo figurar con fecha anterior al apagón, pero todo el mundo sabe que no fue esa fecha. Y existe la posibilidad, a través de pericias informáticas, que por lo visto, a nivel de la fecha avanzó la justicia a través de Gendarmería Nacional para peritar los registros de los equipos informáticos, y esto también complementarlo con las declaraciones testimoniales del personal de planta”, añadió Paulino Rossi.
“Gabriela Castillo no tenía potestad para firmar el decreto”
El entrevistado continuó diciendo que del peritaje de los equipos informáticos se puede detectar “que no se firmó el día que le insertaron la fecha al decreto; de que la realidad de que en qué momento el Gobernador y la ministra (Gabriela Castillo), en el caso de ella sin ninguna facultad para poder firmarlo, y esto también es algo que denunciamos, porque el decreto está acompañado en la firma por la ministra de Obras Públicas, cuando ella no tiene las facultades por la Ley de Ministerios para hacerlo, de que la fecha sea falsa. Ese instrumento público se le introdujo una fecha falsa justamente para tratar de justificar que el decreto fue firmado dentro de los plazos que la ley establecía”, evidenció Paulino Rossi.
“Silencio ensordecedor”
Para Paulino Rossi, desde el Gobierno y desde el oficialismo, “están fingiendo demencia. Este silencio ensordecedor, tratando de lograr hacer algún tipo de acuerdo para que esto fluya. Nosotros hemos denunciado penalmente a dos legisladores que se han caracterizado por la verborragia, el planteo mediático y un montón de cosas, y que están llamados al silencio, cobrando un sueldo de manera indebida, generando un perjuicio fiscal, y ningún representante del Gobierno provincial haciendo ningún tipo de expresión, porque saben que lo que se plantea es real. Entonces, como no pueden mejorar la situación, lo único que tratan de hacer es que no empeore”.
“El objetivo de la reforma era la re-reelección y sacarle fondos a los municipios”
Entendió que “en este contexto no haber llamado a elecciones y cambia mucho el panorama político, porque vamos a ser sinceros, lo único que le interesaba al Gobierno provincial con la convocatoria para modificar la Constitución era la re-reelección y a su vez, por otro lado, sacarle fondos a los municipios. Esta era la clara intencionalidad de fondo porque el resto de los argumentos son tan flojitos de papeles que no se lo creen ellos mismos”.
Además, “no hay ningún proyecto, o sea, nadie puede opinar sobre algo que no existe, porque no tenés el anteproyecto. O sea ¿cuál era la reforma? ¿Que querían hacer? No dijeron cuál era el artículo que querían modificar, pero ¿qué es lo que se quería modificar? ¿Cuál era el fondo? ¿Cuál era el por qué?, bueno, esto nunca se dijo. Fue todo muy improvisado, muy arrebatado con la impunidad que le daba una mayoría con la realidad política que tenían con la legislatura anterior, pero en el marco de esa improvisación se han cometido atropellos institucionales y también posibles comisiones de delito para los que estén investigando la justicia”.
Consultado sobre sus expectativas sobre la conclusión de este proceso que ahora está judicializado, Paulino Rossi dijo: “Yo tengo mucha esperanza porque veo que no es un tema solamente en Tierra del Fuego. A nivel nacional se viven aires de cambio en el cual cuestiones que estaban naturalizadas y todos mirábamos para el costado porque creíamos que no había posibilidades que se resuelvan. Ahora el contexto social obliga a las instituciones a avanzar firmemente. A nivel nacional uno ve claramente cómo se está avanzando sobre cuestiones que antes no se habían pensado y en Tierra del Fuego, un gobierno que se ve como un Gobernador (Gustavo Melella) que era el mejor amigo de Alberto Fernández. Siempre lo expresó, fue público y estaba de acuerdo con esa misma lógica impronta desde lo político y desde lo personal, está tratando también las mismas consecuencias de que tenemos un punto de quiebre, tenemos un punto de inflexión y ojalá las instituciones logran darnos un poco de racionalidad”.
Finalmente confió que “estoy convencido, concuerdo con vos que todavía no está claro cuáles son los espacios que políticamente han entendido esta nueva realidad que vive la Argentina, pero la sociedad argentina puso un parate y esto hay que reconocerlo y lo bueno es que las instituciones están empezando a funcionar. Hay que entender que el sistema democrático se equilibra a través de las instituciones. Argentina, por más de que nosotros, tengamos serios problemas estructurales -no somos Venezuela- entonces me parece que acá hay que tener confianza en las instituciones que vuelvan a generar un equilibrio en la institucionalidad argentina”.
FUENTE: RED 23
