Se trata de la estancia “San Justo”, cuyo propietario fue condenado por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral”.
Un nuevo inmueble será decomisado por la Justicia Federal, en el marco de la legislación nacional que así lo establece y en relación a los bienes de cualquier tipo que hayan sido utilizados para la comisión del delito de “trata”, en cualquiera de sus variantes. En el caso del local nocturno El Sheik, en Ushuaia, el producido de su venta será para resarcir a una de las mujeres que allí ejercían la prostitución mientras que en el de la estancia, servirá para pagar la indemnización al peón que impulsó la demanda. En caso de existir un remanente, la misma ley prevé que los fondos se asignarán al Programa de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Así lo explicó la fiscal María Lía Hermida, quien impulsó el pedido de decomiso de la estancia San Justo, luego de haber condenado en los últimos días la Justicia Federal a 8 años de prisión y al pago de una indemnización de 7 millones de pesos, al dueño de ese establecimiento, identificado como José Onofre Villarroel Soto. Como ya fuera informado, el hombre de 63 años de edad, fue denunciado por un peón de 40 años de edad, oriundo de la provincia de Salta, a quien en enero del año 2019 Villarroel empleó como cuidador de su estancia, reteniéndole el documento nacional de identidad y desentendiéndose de su cuidado y manutención. En diciembre de ese mismo año, el trabajador rural se desplazó a la ciudad de Río Grande, distante a unos 100 km, para denunciar en sede policial que hacía un año que no cobraba los haberes pactados, de $20.000 mensuales; y que vivía en condiciones paupérrimas.
Luego de realizadas las investigaciones del caso y de verificar in situ los dichos del peón, finalmente la Justicia Federal resolvió, por primera vez en la historia de Tierra del Fuego, condenar al estanciero no solo a 8 años de cárcel y al pago de una abultada indemnización, sino también al decomiso de su propiedad, por considerar la ley que en ese lugar se sometió al denunciante a “trata de personas con fines de explotación laboral”, una variante del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual”. En consonancia con ésta última figura, la fiscalía – al igual que ocurrió con el local comercial en donde funcionaba la whiskería El Sheik, en la esquina de las calles Gobernador Paz y Gobernador Roca, en Ushuaia – solicitó el decomiso y posterior venta para que los fondos resultantes luego el Gobierno nacional los utilice en el socorro de otras víctimas de “trata”.
Si bien la Justicia Federal está en conocimiento que la estancia “San Justo” está en medio de un conflicto entre al menos dos personas que reclaman la propiedad, uno de ellos es el condenado José Villarroel, dispuso no obstante que la parte que a él le correspondería le sea confiscada.
“Esto es algo que normalmente se pide porque es el lugar en donde se explotó a la víctima. Esto es así porque la ley establece que ante cualquier variante del delito de trata, el lugar de explotación debe ser decomisado, tal como ocurrió, por ejemplo, con el local nocturno El Sheik, en Ushuaia, en donde hubo trata de personas con fines de explotación sexual. La ley también dispone que se decomisen, si así correspondiere, los vehículos en los que las víctimas hayan sido trasladadas por sus explotadores. “El producto de los decomisos de dinero o bienes se deriva a un fondo que se utiliza para restituirles los derechos que les fueron vulnerados a las víctimas de nuestro país” – concluyó diciendo Hermida.
Diario Prensa
