Tierra del Fuego cuenta con 106 trabajadores estatales por cada 1.000 habitantes, una proporción que la posiciona entre las jurisdicciones con mayor presencia de empleo público en relación con su población. El dato surge de un informe de Argendata, elaborado por Fundar sobre la base de información del Censo Nacional 2022.
La comparación con otras provincias muestra diferencias significativas. Córdoba registra 40,3 empleados públicos cada 1.000 habitantes, mientras que Santa Fe alcanza los 45,3 y Buenos Aires, los 46,7. En el otro extremo, Santa Cruz encabeza el listado con 117,7 trabajadores estatales por cada mil habitantes, seguida por La Rioja, con 114,8, y Catamarca, con 111,4.
El informe señala que estas diferencias también están vinculadas con las características de cada territorio y las economías de escala, ya que las provincias con menor población deben sostener estructuras administrativas y servicios públicos para atender a sus habitantes.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto Provincial 2027 contempla distintas cantidades de cargos y personal para los organismos estatales. En el Poder Ejecutivo se prevén 11.450 puestos, sin incluir al personal docente, además de 700 cargos correspondientes a autoridades superiores.
Para el Poder Judicial se establecen 969 cargos; para la Legislatura, 462; para el Tribunal de Cuentas, 190; y para la Fiscalía de Estado, 18. En el sector educativo se proyectan 6.950 cargos docentes y un máximo de 1.008.000 horas cátedra. A su vez, los organismos descentralizados contarían con 1.612 puestos, mientras que los entes vinculados a la seguridad social dispondrían de 380.
El presupuesto también incorpora la posibilidad de implementar un régimen de retiro voluntario, con un límite equivalente al 5% de los cargos presupuestados. La medida estaría destinada al personal de planta permanente con al menos diez años de antigüedad al 31 de diciembre de 2026, aunque quedarían excluidos los profesionales de la salud, el personal policial y el servicio penitenciario.
Además, la iniciativa prevé suspender durante 2027 las incorporaciones destinadas a cubrir vacantes en la planta permanente del Estado.
