Investigación especial sobre un caso que trascendió los límites de Ushuaia.
La Justicia desestimó en la faz penal la totalidad de las numerosas causas impulsadas por – hasta el momento – cuatro personas que se consideran damnificadas por el accionar de Matías Roa y su ex pareja, Vanesa Sáez. No obstante, amigos y familiares involucrados en transacciones en dólares bajo promesas de exorbitantes ganancias, podrán accionar ante el Juzgado Civil y Comercial.
Marcela González, dialogó con la prensa nacional. Dijo haberle transferido pesos a Matías Roa para comprar 70 mil dólares, que nunca le entregó.
Lo que comenzó como un conflicto de confianza entre conocidos, terminó por convertirse en una maraña judicial que involucra múltiples denuncias cruzadas y causas en los tres juzgados de instrucción de Ushuaia. Este caso, que incluye reclamos económicos, daños a la propiedad y amenazas, revela cómo las relaciones personales pueden transformarse en extensos expedientes legales. Además, uno de los involucrados, Vanesa Sáez, es funcionaria del Municipio de Ushuaia, lo que sumó un condimento extra al caso, generando mayor repercusión pública.
Según material exclusivo al que pudo acceder Diario Prensa Libre, el conflicto se originó en acuerdos económicos informales entre las partes, unidas por lazos familiares y de amistad.
El 26 de septiembre de 2024, en el Juzgado de Instrucción Nº 1 (causa Nº 45.123), Romina Cirigliano Migura y Diego Torrez denunciaron a Vanesa Sáez y Matías Roa por estafa, argumentando que no les devolvieron dólares entregados con promesas de grandes ganancias. Cirigliano diría a los medios nacionales: “Mi esposo – Torrez – es amigo de la infancia de Matías Roa, quien nos comentó que estaba realizando una inversión en Brasil en la que podíamos participar.
Le entregamos dos veces dólares y al cabo del plazo establecido nos los devolvió con intereses – con una rentabilidad de alrededor del 40% mensual – pero la tercera vez, luego de entregarle una suma mayor – 50 mil dólares – dejó de contestarnos el teléfono y no lo pudimos ubicar más”. Ese mismo día, en otra denuncia presentada en el mismo juzgado (causa Nº 45.124), Diego Torrez – marido de Cirigliano – impulsó extrañamente, una acción similar, pero por cuerda separada a la tramitada por su esposa.
Diego Torrez, apodado «Facha» y su esposa, Romina Cirigliano, acusan a Matías Maximiliano Roa y a Vanesa Noelia Sáez Rivarola, de haberles entregado unos 50 mil dólares para inversiones, a cambio de una rentabilidad, sin devolución del capital ni de los intereses.
Dadas las características informales del acuerdo entre las partes, el fiscal Nicolás Arias solicitó desestimar las dos causas al considerar que se trataba de un “incumplimiento” en el campo del derecho privado y no de un delito penal, recomendando diligenciar el caso en el Juzgado Civil y Comercial.
Los denunciantes insistieron en que las actuaciones se sustanciaran en la faz penal, ya que en este ámbito las penas, de aplicarse, son más severas que las que se podrían obtener en el ámbito civil. Sin embargo, al hecho denunciado, encuadrado como incumplimiento contractual, la ley argentina lo considera “abuso de confianza”, proceder que, si bien puede ser recriminable en términos morales, no alcanza a constituir un delito penal.
Aquí se tuvo en cuenta que las partes acordaron voluntariamente cierta acción, consintieron libremente prestar valores y de manera informal además. Molestos por la postura del fiscal, y ante el Juzgado de Instrucción Nº 3, D.J.S., Cirigliano y Torrez fueron entonces contra el funcionario judicial Nicolás Arias, a quien acusaron de haber querido favorecer a Vanesa Sáez. Ante este planteo de “maniobra fraudulenta”, basada en la causa Nro. 6.489, el fiscal mayor Fernando Ballester Bidau, solicitó la desestimación de las actuaciones.
Antes las tensiones se habían intensificado cuando Matías Roa denunció a Romina Cirigliano y Diego Torrez por daños a su vivienda el 12 de septiembre, hecho que quedó plasmado en el Juzgado de Instrucción Nº 3, (causa Nº 6.350). Los vidrios de su casa habían sido derribados a piedrazos. Por su parte, Vanesa Sáez también acusó a Cirigliano de amenazas al hacerse esta presente en las oficinas de la calle Arturo Coronado y luego en su vivienda, en donde habita con un hijo de 13 años. El hecho se tradujo en la causa Nº 6.357 y derivó en medidas de protección dispuestas por el Tribunal hacia Sáez.
En octubre, el conflicto escaló de forma preocupante: Matías Roa denunció que mientras él se encontraba en Buenos Aires, Romina Cirigliano lo amenazó con atentar contra su hija de 10 años y contra sus padres, dos adultos mayores, en Ushuaia, si no le devolvía el dinero reclamado (Juzgado de Instrucción Nº 2, causa Nº 39.648). “Vos estás allá pero tu hija está acá”, declaró Roa sobre la supuesta amenaza hecha por la esposa de su amigo de la infancia. Por otro lado, Romina Cirigliano acusó a Roa de amenazarla de muerte (causa Nº 39.486), aportando un mensaje de audio que se viralizó en los medios de comunicación. “Los voy a hacer estallar”, se lo escucha decir a Roa en un extenso audio plagado de insultos y amenazas.
Ante el incumplimiento de Cirigliano a la perimetral dispuesta sobre Saez, esta radicó una nueva denuncia en el ámbito contravencional. Al solicitar el fiscal Nicolás Barone a la comisaría segunda que verifiquen el cumplimiento de la restricción de acercamiento, Cirigliano advirtió públicamente: “¡No voy a acatar órdenes de ningún juez!. ¡Voy a seguir hablando y nombrando a quién sea y voy a ir adonde tenga que ir!”. En consecuencia se le inició la causa Nro. 6.638, en el Juzgado de Instrucción Nro. 3, por desobediencia.
El caso tomó un giro aún más personal cuando Alejandra Castaño, otra ex pareja de Roa, también denunció a Romina Cirigliano y a Diego Torrez por dañar las paredes de su vivienda con graffitis injuriantes, ante el Juzgado de Instrucción Nº 2, causa Nº 39.620.
Vanesa Sáez y Matías Roa. Están acusados de incumplir acuerdos económicos «de palabra» con familiares y amigos de toda la vida.
Y lo mismo hizo Gastón Ariel Merlo Roa, quien denunció en el Juzgado de Instrucción nº 3, en la causa Nº6.495 a Vanesa Noelia Sáez Rivarola y a su primo Matías Maximiliano Roa. El denunciante dijo haberles vendido una camioneta en cuotas dolarizadas, incumpliendo ambos con el pago de las últimas que quedaban pendientes.
Otro amigo de Roa, denunció en el Juzgado de Instrucción Nº 3, causa Nº6.443 a Vanesa Sáez y a Matías Roa. Se trata de Felipe Humberto Carcamo Peñaranda, quien dijo ser “amigo de muchos años” de Roa y refirió que en ese contexto le entregó dólares “para que los trabaje”, a cambio de ganancias. “Nunca me los devolvió”, se lamentó.
Cabe destacarse que en el caso que ha insumido varios kilómetros de fojas en el ámbito judicial, con el consecuente costo para el erario público, además del posicionamiento negativo de Ushuaia en las pantallas nacionales, no hay ni una sola prueba de la existencia de una estafa piramidal, como se tituló a los hechos.
Si bien Romina Cirigliano reitera una y otra vez ante cuanto micrófono se le ponga en el camino que los damnificados serían alrededor de 20, lo concreto es que – al menos hasta ahora – las denuncias solo han sido presentadas por cuatro personas vinculadas por parentesco o amistad. Además de Cirigliano y su esposo, se suma el primo de Matías Roa, Gastón Merlo y su amigo, Felipe Peñaranda.
De haber más personas afectadas, no han impulsado acciones legales. Inclusive consta fuera de la esfera judicial la aparición en medios de comunicación nacionales de la vecina de Ushuaia Marcela González, quien relató que “mis hijas eran muy amigas de Matías Roa, conocían a su familia y creían que era una persona honesta.
Como una de ellas se iba a ir a vivir a Miami y Matías vendía dólares, le hicimos transferencias en pesos para comprar 70 mil dólares, pero nunca nos los entregó”. En caso de instar la acción judicial, también este caso se encuadraría en una suerte de abuso de confianza entre particulares y a tramitar por la vía civil. Y tampoco constituye un delito penal.
Al cierre de la presente edición, las causas contabilizadas por hechos ocurridos entre particulares que parecen haber devenido en un raid en el que la violencia no está excluida de la pretensión de recuperar los dólares confiados contra promesas de pingües ganancias, ascendía a 10. Incluído el reclamo por cuotas impagas de un automotor.
fuente Diario Prensa