Imputaron a 19 policías por el delito de apremios ilegales en Ushuaia, luego de una denuncia de integrantes de una familia de nacionalidad boliviana los cuales realizaron una ceremonia en el cementerio el pasado 2 de noviembre cuando se conmemoró el Día de los Difuntos. Personal policial los detuvo aplicando los edictos por ebriedad y otras intoxicaciones. Con el patrocinio de una abogada se hizo la denuncia y el fiscal Mayor, Eduardo Urquiza, requirió la instrucción de una causa imputando a 19 efectivos de la Policía.
Mariana Daniel Quisver, con el patrocinio de la abogada Solange Verón, radicó una grave denuncia por apremios ilegales a personal policial que el pasado 2 de noviembre, en ocasión de conmemorarse el Día de los Difuntos, una familia de residentes bolivianos fue detenida tras participar de la celebración del Ayamarkayquilla en el Cementerio Parque.
El hecho fue expuesto ante la Fiscalía en turno, solicitando que se impute al personal actuante por haber “ejercido tortura por motivos de discriminación hacia mi persona, evidenciando una discriminación colectiva hacia mi raza, mi comunidad cultural y también por mi género”, indica el escrito redactado por la abogada Verón.
La denuncia recayó en manos del fiscal Mayor Eduardo Urquiza, quien firmó el requerimiento de instrucción de la investigación penal, procediendo a imputar a 19 efectivos de la Policía de la Provincia que estuvieron de guardia el día de ocurrido el hecho, de manera de establecer las responsabilidades que les cabe a cada uno.
Los hechos denunciados: De acuerdo al relato de lo ocurrido y que fue expresado en la denuncia, cuando la familia Quisver estaba retirándose de la celebración del Ayamarkayquilla (o Día de los Muertos) en el Cementerio Parque del Mar, llegaron dos patrullas e hicieron bajar a las personas del auto. Luego les dijeron que se los iban a llevar detenidos por estado de ebriedad. Mariana les explicó que estaban saliendo de la celebración del Día de los Muertos y que estaban guardando los elementos para irse en taxi, a lo que la policía hizo oídos sordos y avanzó con la detención.
Mariana, al ver a su padre y hermano detenidos, insistió en que no estaban cometiendo delito alguno e inmediatamente recibió un empujón de parte de la única mujer policía que participaba del operativo, quien la esposó mientras le apoyaba la rodilla en la espalda. Al mismo tiempo se abalanzó sobre ella otro policía que colocó su rodilla en el cuello.
En el relato señaló que la levantaron entre dos oficiales del pelo y la metieron al patrullero, esposada de tal forma que le cortaban la circulación en las manos. Un oficial la recostó en el asiento y se le sentó en la cabeza de forma tal que casi la asfixió nuevamente. Ante cada grito desesperado de Mariana los oficiales más apretaban sus manos y la presión sobre su cabeza.
En el transcurso del encierro los insultaron, los molestaron, los trataron de “sucios”, “indios”, “bolitas”. Les afirmaron que los encerraban porque eran bolivianos, se rieron de su apellido quechua, de su forma de hablar. Hubo maltrato de todo tipo. Hubo discriminación y tortura; detalla la denuncia radicada en la Fiscalía.
Edictos inconstitucionales: Algo que no resulta menor, es que en la denuncia se le indica al Fiscal que la detención de Mariana se habría producido baja la figura de “Edictos Policiales”, los mismos que fueron declarados inconstitucionales el pasado 15 de julio en una resolución del Superior Tribunal de Justicia con el voto unánime de todos los magistrados y que fue fundamentado por el juez Ernesto Löffler.
En el escrito, la abogada Verón expresa: “Lo que resulta de un nivel escandaloso, es el desprecio de las fuerzas de seguridad y de la correspondiente cartera ministerial del Poder Ejecutivo, al máximo órgano de justicia provincial, quien no deja lugar a duda alguna acerca de la inconstitucionalidad de los edictos y de su reprochable aplicación por parte de las fuerzas de seguridad”.
Solidaridad de organismos: Organizaciones de defensa de derechos humanos y entidades gremiales expresaron el “repudio ante los aberrantes hechos sucedidos”, como así también su solidaridad con las víctimas.
Las entidades firmantes del documento expresando el rechazo a lo sucedido, son: Multisectorial de Derechos Humanos de Ushuaia y Río Grande; CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); La Hoguera (organización feminista); ACBU (Asociación Civil Bolivia Unida); SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina); SOEM (Sindicato de Obreros Empleados Municipales); CTA TDF (Central de Trabajadores de la Argentina); Asociación Civil por los Derechos Humanos, Socorro Peste Rosa, Izquierda TDF; TeleSISA (Medio de comunicación para que las voces indígenas tengan poder político); Periódico Renacer; Claveles Rojos Base Ushuaia y Warmikuna Sikuri; entre otros.
Fuente: Crónicas Fueguinas
