Se conocieron mas detalles del operativo policial y del personal de la Secretaria de Comercio del Gobierno de Tierra del Fuego que clausuro un salón de eventos al comprobarse que se estaba realizando una fiesta de casamiento clandestina en la ciudad de Ushuaia con unos 50 invitados y tanto el organizador del evento Santiago Fagundez el cual fue aprehendido, como la pareja que contraía matrimonio los cuales son personal de Salud, Isabel Hounsfield y Pablo Cortez, culparon del hecho al personal policial, que según indicaron no solo actuaron mal, sino que incluso confeccionaron mal las actas donde fueron los 50 concurrentes notificados de la violación del DNU.
A veces las medidas no son parejas para todo el mundo según desde la óptica que se maneje en Tierra del Fuego, la otra vez fueron funcionarios provinciales los que quedaron involucrados en una fiesta clandestina y ni desde la Justicia, ni desde el Gobierno Provincial tomaron medidas al respecto con la directora de Canal 11, Paula Arruda y ademas Vicepresidenta del Consejo Federal de Televisión Pública y su pareja el medico Eduardo Serra, Coordinador provincial del Cucai en Tierra del Fuego, lo que sentó un precedente, donde se evidencio que ni el Gobierno con sus funcionarios, ni la Justicia en su rol de contralor tomaban las acciones correspondientes para impedir las fiestas clandestinas en la provincia. También todas las semanas se conocen ciento de denuncias por fiestas clandestinas que incluso desde la Policía no se interviene.
Este fin de semana le toco el turno a una fiesta de casamiento donde están involucrados dos empleados del sistema de Salud de la provincia, en el sector privado, la Clinica San Jorge, los protagonistas fueron la pareja identificada como Isabel Hounsfield y Pablo Cortez, los cuales se encontraban realizando su fiesta con aproximadamente 50 invitados en el salon de eventos M&M.
Según expresaron varios de los asistentes a esta fiesta de casamiento, todo fue un show montado por el Gobierno provincial. Dando su versión de los hechos y un detalle del operativo, dando a conocer detalles que hasta el momento no se conocían.
Comenzaron mencionado que el personal policial de la Comisaría Segunda, procedió bajo las órdenes del Comisario Inspector, Fuertes, Subinspector Rogel y el Sargento Ramírez, fueron quienes procedieron a la suspensión del normal desarrollo de la actividad comercial de lugar, por presumir la violación al decreto provincial 715/21 en apoyo al DNU 235/21. Dicho decreto estuvo en vigencia hasta el 30 de abril del corriente, situación por la cual, el procedimiento basado en ese mandato, estaba alejado de la legalidad, segun indicaron en su defensa.
Continuaron indicando que la sorpresa fue que el accionar policial y de la Secretaría de Comercio de la provincia, fue de manera incorrecta, ya que el lugar cuenta con la habilitación de Restaurant. El ingreso y permanencia de las personas en el local, se produjeron bajo los parámetros estrictos del cumplimiento del protocolo en vigencia. Cada comensal ingresó al establecimiento con tapabocas/barbijo correspondiente. El personal del local tomó la temperatura y colocó alcohol en gel en las manos de cada persona. A su vez, el protocolo estipula un máximo de 30% de la capacidad del local y en este sentido, la habilitación marca un total de 400 personas. Adentro de las instalaciones había 50 personas aproximadamente entre niños y adultos, un número menor al 15 % de ocupación. Específicamente, la ocupación total alcanzó un 12,5 %.
Los presentes culparon al personal policial y de la Secretaría de Comercio por no dar órdenes, ni instrucciones a los concurrentes acerca de cómo sería el procedimiento a llevar a cabo para el desalojo.
Los invitados alegaban que había personas insulinas dependientes que fueron privadas de salir del local para aplicar su dosis. En el relato realizado por los concurrentes, indicaron incluso que hubo «un hombre al cual no quisieron identificar, el cual fue quien según sus declaraciones fue que se puso a mediar entre la policía «inoperante», llevando el mensaje que ellos debían transmitir a la gente que estaba adentro compartiendo los alimentos».
Detallaron que la policía, solo actuó de acuerdo a lo ordenado por el Fiscal Daniel Curtale, quien daba órdenes vía telefónica y una vez indicado por el Fiscal, se procedió a la liberación de los comensales, quienes debieron brindar sus datos filiatorios, ocupación, teléfono y dirección a los efectivos de la Comisaría Segunda, los cuales llenaban actas de notificación (con errores ortográficos).
En su defensa los participantes de esta fiesta clandestina, indicaron y aportaron que las actas fueron realizadas por el Subinspector Santillán, Cabo Ramos y Cabo Arce y que la misma notifica acerca de la falta e incurrimiento a prima facie del delito de “Desobediencia o Resistencia a la Autoridad y Delito Contra la Salud”, establecido en el Artículo 239 del Código Penal de la Nación. Aunque en su descargo indican que esto no fue así, ya que nadie se resistió a cooperar con la policía de la Comisaría Segunda.
Los protagonistas de este evento manifestaron al final de su descargo mediático que las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Comercio, dependientes del Poder provincial aprehendieron a Santiago Fagundez, dueño del local, y la cena fue cancelada amén de que los comensales estaban dispuestos en mesas de hasta 10 personas y con distanciamiento de más de 2 metros.
Culparon a la Policía de difundir la noticia y que por ese motivo el hecho se viralizó rápidamente en muros de Facebook de medios de comunicación amarillistas locales, quienes se basaron en un informe parcial emitido por la Comisaría Segunda.
También los invitados, indicaron que el personal policial que estaba efectuando el procedimiento, fue puesto en conocimiento de que el hecho ya era noticia, a lo que respondieron “desconocíamos de que ya haya salido en las noticias” y desligaron a la Comisaría Segunda de emitir un comunicado. La información se emitió a través de grupos de WhatsApp en los que participan los medios locales y divulgadores de novedades, en lo que consideraron un show mediático montado.
Los participantes de la fiesta en su defensa y según lo manifestado anteriormente basan su defensa en los errores ortográficos de las actas, en que se conociera la información rápidamente y en culpar a la Policia, a la Secretaria de Comercio de montar un show y al Gobierno Provincial de dejar a un establecimiento gastronómico a desarrollar su actividad comercial. Sosteniendo en todo momento que la fiesta de casamiento se estaba desarrollando sin incumplir el DNU que impide las reuniones sociales.
