Después de la polémica por la instalación del radar ingles en Tierra del Fuego, con el apoyo del Gobierno de Tierra del Fuego por parte de la firma Loelabs, nadie controla si efectivamente se realizo el desarme y tampoco nadie garantiza que ya no esta operativo, luego de intimación de Nacion. Incluso a pesar de la presión mediática en su momento desde el Gobierno de Tierra del Fuego, se desconoce si se confirmo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Defensa, la decisión de LeoLabs de sacar «partes electrónicas» las cuales se desconocen cuales son y sus funciones, en una nota enviada a la gestion Melella.
Recordemos que el apoderado y director de LeoLabs Argentina SRL, Pablo Renán Bilbao; le envió en septiembre una nota al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; diciéndole que la empresa había decido pedir a la Dirección Provincial de Energía (DPE) “el corte total del suministro de energía a la estación terrena” instalada en la Estancia El Relincho de Tolhuin. Pero que antes de la desconexión del servicio, iban a “retirar ciertas partes electrónicas”. Y que luego de esa acción, sí interrumpir totalmente la electricidad que alimenta al radar. La empresa aún no ha dicho si ha quitado “partes electrónicas” y cuáles fueron. Quizás sí se lo comunicó al Gobierno y que el Gobierno no lo haya aún transmitido, ocultando esta informacion.
El abogado, yerno y asesor de la Diputada Nacional Mabel Caparros, Pablo Bilbao de parte de LeoLabs. Tampoco informo que se hayan retirado esas “partes electrónicas”, aunque si la DPE hace un tiempo corto el servicio electrico, no paso lo mismo con internet en la Estancia El Relincho.
Ahora bien, Leolabs no aclara qué partes electrónicas retirará del radar y por qué motivo. Porque si como la empresa argumenta, el dispositivo se encuentra “inactivo desde el 26 de junio”, ¿para qué quitar ahora «ciertas partes electrónicas»? El retiro de esas partes pareciera ser entonces la confirmación implícita de que, así como está, el equipo puede emitir o recibir algún tipo de señal. Por otra parte, la firma insiste en que el grupo empresario es de origen estadounidense y no británico. Más allá de que no aporta un solo elemento de prueba sobre esa afirmación, anuncia que cambiará su conformación societaria en Argentina.
Cabe preguntarse entonces: ¿Para qué hacerlo si no existen dudas sobre la procedencia de la empresa? Modificar la sociedad es también aceptar que la conformación actual puso en evidencia su origen británico, en al menos alguno de sus componentes societarios. En relación a los argumentos de Leolabs para sostener que el radar no tiene capacidades técnicas para uso militar, la verdad, habría que decir que parecen escritos por un estudiante de escuela secundaria. Sin ningún rigor ni vocabulario ni evidencias respaldatorias, dan la sensación de no estar a la altura de los representantes de una multinacional que proporciona servicios militares a varios Estados del mundo, como es fácil comprobar con una rápida búsqueda en sitios oficiales de esos propios países. Eso por el lado de la empresa. Porque en relación al gobierno provincial, la liviandad con que se relatan en una gacetilla los supuestos pasos que dará la compañía, sin dedicar un renglón a explicar cómo el Estado verificará esa situación, da bastante vergüenza ajena.
¿Quién puede creer de esta manera, que con las solas manifestaciones por escrito de Pablo Bilbao al gobernador Gustavo Melella, la sociedad y la prensa nacional y provincial, se dé por satisfecha que la gravedad narrada en un informe de 23 páginas escrito por el Ministerio de Defensa, haya quedado en el pasado?
¿No habría sido importante que una delegación de técnicos, profesionales y científicos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y del Ministerio de Defensa, junto a miembros del INVAP, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, estén en Tierra del Fuego supervisando lo que LeoLabs dice que hizo o va a realizar?
En “un país normal”, donde la seguridad nacional se encuentra en la cúspide de intereses del Estado y de los Gobiernos, esta situación no estaría ocurriendo. No es imaginable que Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Irak, India, Irán, Israel, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Polonia, el Reino Unido, Rusia, Vietnam o Venezuela; se tomarán con tanta liviandad, que un estado que tiene invadido, usurpado y que saquea su territorio, como lo hace Gran Bretaña con Argentina, instale un radar con prestaciones militares y que las áreas nacionales de clara competencia en el campo de las telecomunicaciones y la defensa, no supervisen la desconexión y su desmantelamiento, como el que LeoLabs montó en Tierra del Fuego.
No solo que no es serio, sino que reviste el carácter de alta imprudencia. ¿Cómo saber si realmente quitaron partes electrónicas, y si en tal caso, fueron las correctas para dejarlo efectivamente inactivo? ¿Si con solo haber cortado la electricidad y no la red de internet (como lo pidió la Subsecretaría de Telecomunicaciones) ya es suficiente?
Las diferencias no pueden ser tan abismales como para que esto se prolongue en el tiempo. Si no se actúa con la madurez política institucional que corresponde, nadie, absolutamente nadie tendrá la certeza que se esté procediendo para resolver esta situación de cuya peligrosidad el Ministerio de Defensa, dijo y repitió durante los meses de junio, julio y agosto de este año.
Incluso desde Agenda Malvinas, se confirmo que el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez del Sucre solicito a los funcionarios provinciales, información sobre la instalación y funcionamiento del Radar ingles hace mas de un mes y aun no respondieron el oficio.
FUENTE: CRONICAS FUEGUINAS