El neurocirujano Diego Ricardo Vivares fue condenado a 1 año de prisión en suspenso y otro más de inhabilitación profesional por el delito de lesiones gravísimas culposas, en el mismo caso denunciado por la paciente y empleada judicial Gabriela Castellano, en el que los médicos Raúl Jerónimo Rausch y Juan Carlos Martínez Montenegro fueron exculpados.
El titular del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, Pedro Fernández, condenó el jueves último al doctor Diego Ricardo Vivares, especialista en Neurocirugía, a cumplir 1 año de prisión en suspenso, a un año de inhabilitación para ejercer su profesión y a cumplir 2 años de pautas de conducta – firmar diariamente el libro de registros en la comisaría más cercana a su domicilio y no ausentarse de la provincia sin tramitar previamente un pedido de permiso ante la Justicia – luego de hallarlo autor penalmente responsable del delito de “lesiones gravísimas culposas”, denunciadas por una paciente, hace 12 años atrás.
Gabriela Castellano, empleada judicial riograndense, sufrió un ACV en el año 2012, siendo en los días previos atendida por diversos profesionales, uno de los cuales era Vivares. Ante la denuncia de la mujer, más de una década después la Justicia consideró que el médico neurocirujano no la atendió de manera “eficiente”. El juez Fernández, si bien reconoció que Vivares fue acertivo cuando le diagnosticó a Castellano, el día 11 de junio de 2012 en la guardia del Hospital Regional Río Grande, un accidente cerebro vascular, consideró que el profesional no dispuso inmediatamente la realización de estudios de diagnóstico que confirmaran su hipótesis médica, las que se concretaron cuatro días después en Ushuaia.
Cabe destacarse que los otros dos médicos que intervinieron en la atención de la integrante de la familia judicial fueguina, los Dres. Raúl Jerónimo Rausch y Juan Carlos Martínez Montenegro, resultaron sobreseídos en un primer juicio que luego fue extrañamente anulado y nuevamente sometidos a otro debate, al que no se presentaron. Los médicos permanecieron ocultos hasta que se cumplieron los 10 años de la denuncia del hecho, logrando así no verse afectados con ningún tipo de persecución judicial.
Vivares en cambio, por el mismo tipo de imputación de responsabilidades, fue condenado y no tuvo más opción que consentir la pena en la instancia de Omisión de Debate, a riesgo de continuar incurso en un proceso que lleva 12 años de tramitación y de terminar siendo objeto de una sentencia más severa.
F:DP
