El senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco fustigó a integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia por el radar ingles instalado en la provincia. “Sólo cuando el radar no esté más tendremos la plena certeza de haber recuperado soberanía aeroespacial”. “El radar es una amenaza activa y no se ha desmantelado”.
Blanco volvió a insistir en las últimas horas sobre la imperiosa necesidad de “desmantelar ya el radar instalado en Tolhuin por la filial argentina de la empresa de capitales ingleses e irlandeses LeoLabs”. En tono de urgencia, el referente político de Juntos por el Cambio reiteró, tal como ya lo ha hecho en varias oportunidades anteriormente, que “ya han pasado casi tres meses desde que descubrí esta maniobra turbia que vulnera nuestra integridad aeroespacial y nuestra soberanía nacional, hasta que luego de varias idas y venidas por fin la Jefatura de Gabinete de Ministros ordenó su cancelación total”.
Dirigiéndose al ciudadano de la provincia, Blanco indicó que “cualquier fueguino de ley debe entender que esto significa que lisa y llanamente este radar no debe funcionar más, que se debe desmantelar para que desaparezca. Por eso, no se comprende la lentitud del gobierno provincial para llevar a cabo lo que indican el sentido común y el mandato del Poder Ejecutivo Nacional”.
Alarmado por la posibilidad de que el radar continúe perjudicando los intereses de la provincia y el país, el senador llamó a la reflexión a las autoridades que deben disponer el inmediato desarme del dispositivo: “Mientras el radar siga emplazado nadie nos asegura que no funcione. Máxime cuando es de público conocimiento que cuenta con un grupo electrógeno propio y que puede ser activado a distancia sin la necesidad de operadores físicos. Sólo cuando no esté más tendremos la plena certeza de haber recuperado soberanía aeroespacial y suprimido una amenaza activa que, además, tiene rango y capacidad efectiva para vigilar la órbita baja correspondiente al sur chileno”.
Finalmente el senador de ascendencia radical se manifestó decidido “a no abandonar esta cuestión hasta que se esclarezca el caso porque su resolución no depende de la Justicia sino de la política. Política fue la decisión de permitir que este radar se instale y política debe ser la sanción para hasta el último de sus responsables. Además fueron incompetentes todas aquellas reparticiones y funcionarios que le otorgaron personería jurídica en nuestra provincia a la empresa.
Una vez quitado el radar habrá que realizar una profunda investigación que avance sobre las responsabilidades que en esto tuvo, sin la menor duda, el gobierno fueguino. Y triste ha sido el papel de la Legislatura Fueguina que se limitó a pedir informes sin accionar ante la falta de respuestas en tiempo y forma. Esto no ha sido una desprolijidad administrativa sino el resultado de una voluntad política que aún no sabemos a qué responde”.
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