El abogado de los trabajadores explicó el aspecto legal de la situación de la empresa, cuyo destino es el cierre definitivo, y que ya advirtió que no podrá hacer frente a las indemnizaciones.
La situación laboral de los trabajadores de Barpla en Río Grande atraviesa una crisis de gran magnitud, marcada por la incertidumbre y el temor de los empleados ante el posible cierre definitivo de la empresa.
El abogado Cristian Rubio, quien representa a los trabajadores de Barpla y a numerosos empleados de textiles en la ciudad, expuso en ((La 97)) Radio Fueguina los detalles legales y el contexto de este conflicto que afecta a decenas de familias.
Según explicó, la empresa, dedicada a la producción textil, informó en una audiencia reciente que no continuará con sus actividades y ha planteado la posibilidad de ofrecer “indemnizaciones reducidas”, argumentando que la imposibilidad de continuar con la producción se debe a un “hecho imprevisible e inevitable”.
“Hay una situación de tensión muy importante entre los intereses sindicales laborales y los de la empleadora”, expresó Rubio, señalando el complejo clima laboral que ha surgido tras la revelación de los planes de cierre.
Según detalló, hasta el momento, tanto la entidad sindical como los trabajadores acompañaron la gestión de la empresa, creyendo que las dificultades serían temporales y que la actividad fabril continuaría tras un periodo de suspensión de 30 días. Sin embargo, la notificación de un cierre definitivo ha cambiado el panorama y generado un reclamo unificado en defensa de los puestos de trabajo.
El conflicto se profundizó cuando los trabajadores fueron notificados de que recibirían indemnizaciones inferiores a las correspondientes. Según la empresa, su situación financiera se ha visto afectada por factores ajenos a su control, los cuales habrían imposibilitado la continuidad de la producción.
En contraste, Rubio señaló que los empleados tomaron conocimiento de la exclusión de la empresa del régimen de promoción industrial, situación que, en sus palabras, responde a “incumplimientos legales” por parte de la empleadora.
A pesar de ello, la exclusión no impide que Barpla continúe con sus actividades fabriles, lo que plantea dudas sobre la justificación esgrimida para el cese.
“Los trabajadores al tomar conocimiento de un incumplimiento de parte de su empleador lo que exigen es que no traslade las consecuencias de sus incumplimientos a los trabajadores”, enfatizó Rubio. La situación, tal como explicó, ha generado un ambiente de tensión, escalando hacia manifestaciones públicas en demanda de una resolución justa que garantice los derechos laborales.
Total incertidumbre
Los empleados, que en muchos casos llevan hasta dos décadas de servicio en la empresa, enfrentan un futuro incierto. “Genera una incertidumbre en tantas familias que dependen hace 20 años en algunos casos de la empresa para la que prestan servicios, que no saben si van a seguir o no van a seguir, si van a pagar o no”, señaló.
Ante esta situación, planteó la posibilidad de recurrir a una medida cautelar para proteger los intereses de los empleados y evitar que la empresa evada sus obligaciones. En términos jurídicos, esta medida permitiría congelar ciertos activos de la empresa, asegurando que, en caso de cierre, los trabajadores reciban las indemnizaciones correspondientes. “Pueden solicitar una medida cautelar para garantizar el cobro de su derecho y evitar que se insolvente la firma y deje sin pagar a los trabajadores”, detalló el letrado, añadiendo que, de concederse, la medida podría aplicarse primero sobre bienes inmuebles, luego sobre bienes muebles y, en última instancia, sobre insumos y productos de la empresa.
En este contexto, el marco normativo actual presenta desafíos adicionales para los trabajadores. Rubio explicó que algunas modificaciones recientes en la legislación han eliminado sanciones que antes otorgaban mayor protección a los empleados, como el “agravamiento indemnizatorio” que podía incrementar las indemnizaciones hasta en un 50%. Esta eliminación de agravantes, a juicio de Rubio, “da mayor margen de acción a la parte contraria, porque no se ve expuesta a riesgo de incremento de las indemnizaciones”.
El plazo para el pago de las indemnizaciones es breve: de acuerdo con la ley, la empresa tiene entre tres y cuatro días hábiles para realizar el pago. Rubio manifestó sus dudas respecto a la disposición de la empresa para cumplir con esta obligación en tiempo y forma, destacando que el escenario se ha tornado incierto y que, hasta el momento, no se ha logrado un acuerdo satisfactorio. “Ojalá se forme una propuesta, pero de momento la situación es de tensión y ha ido escalando”, expresó finalmente.
En las próximas semanas, la situación de Barpla se definirá en el marco de una nueva audiencia en la que se espera que la empresa aclare su posición respecto al cierre y, en caso de ser necesario, establezca los términos de las indemnizaciones.
FUENTE: RADIO FUEGUINA
