Celebramos la decisión del Gobierno Nacional que deja atrás el esquema de tarifas del macrismo con el dictado del DNU 1020/20. La medida es el final de la estafa implementada por Mauricio Macri y conocida por el conjunto de los argentinos como #tarifazo. De ese modo, las tarifas de gas y de electricidad dejan de ser una mercancía y los ciudadanos dejamos de estar al servicio de las ganancias de unas pocas empresas, cuyos dueños estaban íntimamente ligados al gobierno anterior.
El decreto reconoce un valor nodal de las históricas luchas que hemos dado los sectores populares en Argentina: para que exista una democracia plena y sustantiva es central que todas y todos podamos acceder a los servicios públicos y de ese modo que podamos tener una vivienda digna. Ese es un derecho humano fundamental, garantizado por los artículos 14 bis y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La luz y el gas, con el decreto, vuelven a ser un derecho para los hogares de los argentinos, no una mercancía como pretendía el gobierno de Mauricio Macri.
Muchísimas argentinas y argentinos atraviesan una situación angustiante. Por ello la decisión de congelar las tarifas durante todo el verano es central para continuar reduciendo la carga que significa el pago de las facturas.
Entre 2015 y 2019 la situación de los trabajadores registrados empeoró de modo palmario: el índice de Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) registró una variación del 214 por ciento y el Salario Mínimo, Vital y Móvil un 202 por ciento durante todo el gobierno macrista. La jubilación mínima registró una variación de un 227 por ciento, y la AUH, un 228 por ciento. Todos estos indicadores, por debajo del 250 por ciento de inflación en el mismo período, según distintas estimaciones. Muy lejos quedaron esas variaciones de ingreso de las escandalosas utilidades netas para el mismo período registradas por las empresas distribuidoras que concentran el grueso de los usuarios de electricidad en Argentina (Edenor, Edesur y Edelap). En ese período acumularon aproximadamente un mil por ciento (987,8 por ciento) de utilidades netas, es decir un 250 por ciento de ganancias limpias por cada uno de esos cuatro años. O en el caso de las principales generadoras eléctricas: embolsaron utilidades similares (860 por ciento) en el mismo período; es decir un 215 por ciento de ganancias anuales. En un año una generadora ganó casi el mismo porcentaje que lo que le ingresó en cuatro años a una familia promedio.
Eso es lo que hay que discutir: por qué unos pocos embolsan dinero de forma escandalosa a costa del empobrecimiento de los trabajadores. En definitiva, hay que discutir cómo construir un cuadro tarifario justo y razonable para cada bolsillo que a su vez permita robustecer y desarrollar sectores productivos estratégicos, el cuidado del empleo y la sostenibilidad macroeconómica del país. Eso es lo que prevé el decreto que hoy publicó el gobierno.
Es necesario destacar la importancia de que la renegociación de tarifas tenga a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, como uno de los pilares en el proceso de toma de decisiones. Algo que sin dudas fortalecerá a todo el conjunto de actores que buscamos el bien común. Este es el camino para que nunca más tengamos tarifas impagables, injustas y confiscatorias.
*Directora ejecutiva de Cepis.
Fuente Pagina12.
