El abogado llenó los formularios de inscripción para el certamen que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, exigió la conformación de un jurado académico que evalúe los exámenes de conocimientos técnicos, y que sean puntuados los antecedentes y la entrevista personales, entre otros aspectos. También cuestionó que lo obliguen a suscribir un sometimiento a las reglas del concurso.
El ex legislador y vicegobernador provincial Manuel Raimbault se inscribió al concurso público que lleva adelante el Consejo de la Magistratura para elegir a los dos nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia, pero cuestionó la falta de parámetros objetivos para la evaluación de los candidatos y pidió no ser obligado a firmar una declaración jurada que somete a los postulantes a las reglas del certamen, por más que no las compartan.
En su presentación ante el Consejo, Raimbault solicitó la conformación de un tribunal académico que evalúe, “con garantías de imparcialidad y anonimato, los exámenes escritos de los aspirantes a cubrir el cargo”.
También el establecimiento de “criterios objetivos y predeterminados para la evaluación de los antecedentes (curriculares) que faciliten la constatación del trato igualitario y verificación de la aplicación correcta de las reglas del concurso”.
Para ello, requirió que se instauren puntajes máximos y mínimos para cada segmento del concurso (evaluación escrita, antecedentes y entrevista) “así como la mención del temario de los aspectos sometidos a evaluación”.
Según el proceso de selección de jueces actualmente vigente, los consejeros no evalúan con puntaje los antecedentes curriculares, ni tampoco la entrevista personal, mientras que la prueba escrita no es corregida por un jurado académico, sino que es leída y merituada, incluso, por quienes no son abogados.
El ex legislador exigió con su postulación, que todo ello sea subsanado antes de dar continuidad al concurso en trámite para ampliar de tres a cinco los jueces del STJ.
Además, Raimbault cuestionó el artículo 28 (inciso 8) del reglamento del Consejo, que pone como requisito para participar del concurso, la suscripción de una declaración jurada aceptando expresamente esas reglas y sometiéndose a ellas.
“Las normas del reglamento a las que se exige consentimiento se traducen en un dilema incompatible con las reglas de la tutela administrativa efectiva. Ello en tanto que si no se aceptan las reglas arbitrarias no se puede participar. Y si se aceptan las reglas arbitrarias, no se las puede cuestionar”, escribió el letrado en su postulación.
Respecto de la falta de un examen de conocimientos técnicos evaluado por un jurado académico, el abogado señaló que además de la “ausencia de parámetros objetivos” (para merituar la prueba escrita) y de que algunos consejeros no son abogados como para realizar esa evaluación, se agrega el hecho de que “el examen no resulta anónimo, lo que indudablemente puede dar lugar a maniobras indebidas”.
Inclusive citó un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se considera que “en los concursos públicos, debería garantizarse que en los resultados derivados de la aplicación de exámenes se respete el carácter anónimo de las pruebas, de tal forma que no sean seleccionados ni nombrados operadores de justicia de modo discrecional”.
En cuanto a la merituación de los antecedentes curriculares, Raimbault también destacó que solo son “analizados” pero sin establecer un procedimiento objetivo, resultando un mecanismo “exclusivamente discrecional”.
A todas estas circunstancias, el ex legislador sumó el hecho de cómo se produjo la sanción de la ley de ampliación de la Corte provincial y las sospechas que despertó.
En ese sentido, mencionó que “una variada gama de actores políticos y organizaciones” denunciaron, lisa y llanamente, que la ley “tiene nombre y apellido”, y hasta algunos medios llaman a la ley con el nombre de quien, aseguran, resultará uno de los beneficiados por el concurso.
Todo ello, asegura Raimbault, lleva a extremar las precauciones, porque “resulta lógico que ante semejantes sospechas, se agudicen los controles y la objetividad del proceso de selección”, indica la presentación.
El Consejo deberá tratar, primero, los cuestionamientos del abogado a su postulación. En caso de que no los acepte, y rechace el pedido, se podría abrir una instancia ante la propia Justicia.
Fuente Darlapalabra..
