Durante las últimas horas de la jornada de ayer nos anoticiamos todos los riograndenses que, a pesar de la promesa realizada por el Gobernador Gustavo Melella de suspender los vuelos y el ingreso de colectivos hacia la ciudad de Río Grande con «fueguinos varados» (que ya nadie sabe cuántos son, ni cuántos faltan), el Mandatario fueguino optó por enviar a personal policial a las calles a efectuar un «operativo de concientización».
Es decir que, en el día con más contagios registrados en la ciudad del norte de la Isla (34) arribaron dos colectivos (que no se sabe de dónde venían ni porqué tardaron casi una semana en llegar a la provincia) y, ante el enojo de los riograndenses, el gobernador decidió enviar a la policía a la calle, tratando de disipar la atención y dar un mensaje de «estamos presentes».
La realidad es otra: el Ministerio de Salud no da respuestas concretas, la línea del 107 se encuentra colapsada, decenas de vecinos continúan en la espera de ser testeados para saber si tienen o no COVID-19, los casos siguen aumentando y las fábricas siguen abiertas… ¿Nada parece normal? Pues, no lo es.
Nuevamente la policía provincial es la que vuelve a pagar los platos rotos del gobierno. Recordemos aquella ocasión, bien al inicio de la pandemia, cuando se filtró por parte de la administración pública un decreto firmado por la Ministra Di Giglio mediante el cuál se prohibía la venta de bebidas alcohólicas en la provincia: personal policial efectuó las actas correspondientes, notificó a los comercios y, ante el enojo de la ciudadanía, el propio Melella salió a desmentir la veracidad de ese decreto.
Una vez más, la policía es la que tiene que pagar y salir a la calle para maquillar un poco el desorden administrativo que todavía no puede solucionar Melella.
Fuente: TDF al día
