La ciudad de Ushuaia cobró en estos días trascendencia nacional, conocida la decisión de prohibir la implementación de la tecnología 5G debido a posibles riesgos para la salud, luego que el Poder Ejecutivo Municipal promulgara una ordenanza que impide la instalación de antenas en la capital de Tierra del Fuego.
La norma prevé que las autoridades deben requerir la realización de estudios científicos y ambientales que confirmen la seguridad de las radiaciones asociadas con la tecnología 5G.
Ushuaia se une así a otros cuatro municipios del país que también optaron por prohibir las antenas para la comunicación 5G. Exigen la existencia de estudios que respalden la inocuidad de las radiaciones vinculadas a estos dispositivos, que prometen mejorar significativamente la velocidad y el volumen de intercambio de datos.
La ordenanza N° 6317, sancionada por el Concejo Deliberante el 6 de diciembre y promulgada por el intendente Walter Vuoto, declara a la ciudad como “zona libre de radiaciones provenientes de la tecnología de comunicaciones de quinta generación (5G) y toda tecnología de transmisión de datos de generaciones subsiguientes”.
La iniciativa fue propuesta por Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones (CORTE), una agrupación con representantes en Tierra del Fuego. Durante el debate legislativo, se presentaron ejemplos de otros municipios en Argentina y a nivel mundial que implementaron regulaciones similares.
La ordenanza establece una moratoria en la instalación de cualquier infraestructura relacionada con la tecnología 5G, que se mantendrá hasta que estudios médicos y científicos confirmen la seguridad de esta tecnología.
La validez de futuros estudios que busquen revertir esta prohibición estará sujeta al aval de organismos internacionales reconocidos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF).
Además, se prohíbe expresamente la instalación de estas tecnologías hasta que se disponga de estudios médicos y epidemiológicos que aseguren su seguridad, basándose en el “principio precautorio” en materia de salud y ambiente.
El municipio se compromete a no emitir autorizaciones para obras o instalaciones relacionadas con la tecnología 5G, respaldado por el principio precautorio.
Alejandra Guerrero, miembro de CORTE en Tierra del Fuego, señaló que hay preocupación por la falta de pruebas de seguridad de esta tecnología y que ya ha causado problemas en algunos lugares. Además, mencionó que un proyecto similar se encuentra en análisis en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande.
En octubre pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) adjudicó bandas de frecuencias para servicios 5G en el país a las empresas Telecom, Claro y Movistar. Cada empresa invertirá alrededor de US$ 1.000 millones en el despliegue de antenas y fibra óptica necesaria para ofrecer servicios con esta tecnología.
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