La discusión por la práctica de salmonicultura a gran escala en Tierra del Fuego se reavivó de la mano del proyecto del legislador Coto para levantar los impedimentos de tal explotación de salmónidos. Nancy Fernández, de una asociación ambientalista, fue dura con la iniciativa.
La controversia sobre la salmonicultura a gran escala en Tierra del Fuego resurgió con fuerza tras la reciente propuesta de los legisladores de La Libertad Avanza de levantar las prohibiciones que actualmente impiden la explotación industrial de salmónidos. Nancy Fernández, integrante de la asociación ambientalista Manekenk y referente en el proceso que llevó a la normativa regulatoria vigente, expresó por ((La 97) Radio Fueguina su firme oposición al proyecto cuyas caras visibles son el legislador Agustín Coto y el empresario Rubén Cherñajovsky.
Fernández comenzó subrayando que «el proyecto de ley en realidad no hace falta porque nuestra provincia ya tiene normativa en relación a la acuicultura y a la pesca». Según la ambientalista, la legislación actual, específicamente la ley 1355, prohíbe la salmonicultura industrial a gran escala, permitiendo únicamente la producción acuícola artesanal y de pequeña escala para consumo interno y exportaciones limitadas.
La intención del legislador Coto, según Fernández, es «instalar un debate que él considera que el debate inició cuando él llegó, pero este es un debate que ya fue zanjado». Recordó que desde 2018, la provincia involucró a una amplia variedad de actores, incluidos cocineros, científicos y organizaciones de todo el país, en un análisis exhaustivo que concluyó en la prohibición de la salmonicultura industrial: «La provincia decidió que su política de producción acuícola iba a ser salvaguardando los lagos y los mares de nuestra provincia».
Fernández criticó la propuesta por reiterar prohibiciones ya establecidas y por habilitar la producción de salmónidos en áreas como la costa atlántica, específicamente la bahía de San Sebastián, que considera inapropiada debido a su baja profundidad y su extensa zona de marea intermedia. «La producción de salmónidos en aguas marinas necesita de zonas de aguas calmas, cristalinas. Entendemos que San Sebastián no sería un lugar propicio», afirmó.
También señaló que este proyecto “es un proyecto que no tiene sustento, no ha sido producto de una investigación, de consultas con expertos y expertas». Según dijo, muchos de los artículos del proyecto son prácticamente idénticos a leyes de acuicultura de otras provincias, lo que indica una falta de originalidad y de adaptación a las condiciones específicas de Tierra del Fuego.
Fernández hizo hincapié en que la salmonicultura debe ser un tema de debate para toda la provincia, recordando la participación de diversas regiones en las discusiones anteriores. En su opinión, las críticas hacia su postura ambientalista no están justificadas, ya que «no nos oponemos a todo, nos oponemos al sistema productivo que perjudica el ambiente que hoy nos da de comer».
Para ella, las actuales políticas tanto provincial como municipales, que ponen en valor las áreas naturales para el desarrollo del turismo, es la dirección correcta para el crecimiento económico sostenible. «Ir de contramano de esas políticas me parece que es de alguna manera pegarnos un tiro en el pie», sentenció. Además, la ambientalista destacó que la ley vigente permite la producción en sistemas de recirculación cerrada, los cuales son más sostenibles y generan un producto de mejor calidad que puede competir favorablemente en el mercado internacional.
Finalmente, Nancy Fernández reiteró que el problema radica en la inversión y no en la existencia de salmoneras per se. Invitó a los inversores a establecer plantas de recirculación cerrada en tierra, argumentando que «ese producto va a ser de mejor calidad que el producto chino» y tendrá una alta rentabilidad económica debido a su superior valor alimenticio y ambiental.
La postura resalta la importancia de un enfoque responsable y sostenible hacia la acuicultura, que no solo proteja el medio ambiente, sino que también aporte beneficios económicos duraderos a la comunidad local.
FUENTE: RF
