Organizaciones de Derechos Humanos de Santa Fe escracharon en Ushuaia al ex ministro Coordinador de la gestión de Hugo Cóccaro, Enrique Vallejos, quien durante la dictadura se habría desempeñado como Personal Civil de Inteligencia del Ejército en Santa Fe. Más de 3.600 kilómetros recorrieron estas organizaciones para denunciar a quien señalan como colaborador de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Al conocerse la denuncia en su contra, Vallejos había asegurado «desconocer cuál será el registro de la dictadura militar sobre mi persona». Y relató que fue uno de los presos políticos «antes del retorno del general (Juan Domingo) Perón y luego de su retorno» y que además sufrió «un atentado con intento de secuestro que se frustró providencialmente en las puertas de mi casa».
Los manifestantes de la ciudad de Reconquista colocaron afiches y gigantografías a todo color, con la cara de Vallejos y consignas como Nunca Más` y Ni olvido ni perdón`.
Vallejos habría quedado al descubierto en las causas federales que investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar en Santa Fe, principalmente en Reconquista, donde habría actuado como colaborador civil de la Fuerzas Armadas.
Según medios de esa provincia, «sus buenos contactos le habrían permitido sobrevivir en la democracia de la mano del dirigente justicialista Rubén buscapié` Cardozo. Con ese sector del peronismo ocupó el cargo de senador departamental en 1987. Luego se ubicó en la secretaría de Medio Ambiente de la Nación, cuando la gestionaba Maria Julia Alsogaray».
«Yo no tengo absolutamente nada que ver con la violencia de ningún signo de esa época. Yo soy un hombre de la democracia no sólo porque lo he predicado sino porque lo he practicado, y en la época fui una víctima más, no un victimario», aseveró Vallejos.
En el 2007, la Dirección General de Inteligencia del Ejército informó al Juzgado federal de Reconquista que Enrique Horacio Vallejos se habría desempeñado como personal Civil de Inteligencia del Ejército desde 1977 a 1982, junto a otras 49 personas.
Y habría percibido sus haberes en forma secreta y se habría encontrado bajo las ordenes directas de los Capitanes Julio Cesar Domínguez 77/78, Omar Navarro 78/79, el teniente primero Ernesto Pérez entre el 80/81 y del 81 al 82 -en que renunció- a las ordenes del Capitán Eduardo Félix Romero.
La documentación fue remitida por el Director General de inteligencia EMGE, General de Brigada Cesar Gerardo Milani en un oficio que judicial respondido por el ministerio de Defensa de la Nación a partir de un decreto del ex presidente Néstor Kirchner que permitió levantar los secretos sobre estos archivos si se solicitaban para avanzar en causas vinculadas a delitos cometidos durante la represión ilegal.
El Memorando del Ejército, que está reservado en las secretarias penales de los juzgados federales de Santa Fe y Reconquista, da cuenta de un listado de 50 personas que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia del Ejército.
Muchos de ellos fallecieron, pero alrededor de 25 siguen viviendo en Santa Fe, Santo Tomé, Reconquista y Paraná. Incluso uno de esos 50 fue procesado por el juez federal santafesino Reinaldo Rodriguez en octubre del 2007 por el secuestro de la bibliotecóloga Amalia Ricotti en 1978. El imputado en esa causa, Horacio Américo «Quique» Barcos irá a juicio oral el 20 de junio.
La información brindada por el ministerio de Defensa de la Nación sobre los PCI santafesinos señala que los mismos fueron «nombrados para que prestaran servicios en el destacamento de Inteligencia 122 de la Ciudad de Santa Fe. No existen antecedentes de que hayan prestado funciones a otra agencia ejecutiva (SIDE, policía de la provincia y policía federal). Vallejos, al momento de su renuncia, habría revestido en la categoría IN 14, percibiendo sus haberes por partidas secretas, previstas en la ley de inteligencia de entonces».
