A pesar del informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia donde se le sugiere a la Dirección Provincial de Energía que no se reciban los insumos de una licitación que data más de un año, los materiales adquiridos fueron recibidos el día 26 de junio pasados por personal de la institución, según lo indican remitos firmados. La funcionaria Gabriela Castillo sostenía que nunca habían sido entregados.
Se conocieron los remitos de entrega de materiales de la compra realizada por la DPE, que ahora la ministra Gabriela Castillo denunció en los medios de comunicación, sin presentar demasiadas pruebas.
Los remitos firmados por el Ingeniero Do Santos demuestran que la mercadería fue recibida y controlada en la DPE el pasado 26 de junio de 2020.
Los documentos que están en manos de la empresa Ingeniería 65, y que serán presentados como pruebas ante la justicia en el caso que la denuncia mediática prospere, llevan los sellos y la firma de los responsables de la DPE.
Por su parte el Presidente de la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego Juan Alberto Mancini habló sobre las licitaciones irregulares registradas en la gestión anterior y señaló que “después de la primera semana de enero empiezo a tomar contacto con el tribunal de cuentas por unos expedientes en donde se detectó que el material comprado no había sido entregado. Hicimos el reclamo correspondiente y se inicia la investigación. Posteriormente le hicimos sumario administrativo a quienes correspondía”.
En este sentido agregó que “la investigación continuó y llegamos al fin de realizar la denuncia penal por una compra superior a 2 millones de pesos. En este momento tenemos dos personas separadas de su cargo, quienes en su momento eran los máximos responsables del área administrativa. Esto es por indicación expresa de la sumariante que está haciendo la investigación del caso y ahora en a denuncia penal la fiscalía determinará la responsabilidad de la cadena de contratación”.
Finalmente manifestó que “el sumario administrativo continúa y por otro lado está la denuncia penal, dado que el área legal y técnica de gobierno lo dispuso así. Nosotros estamos a disposición para lo que nos pidan para que el caso se esclarezca y se determinen el o los responsables de estos actos ilícitos”, precisó Mancini.
De esta manera, cae por tierra el principal argumento del gobierno, según el cual se pagó por la entrega de un material que no ocurrió, porque “no están en la DPE”, según declaró la Ministra Castillo.
Fuente: Periodismo Independiente
