El Gobierno nacional convocó para el próximo 25 de julio a las seis provincias que llevan adelante una embestida judicial contra la derogación del Fondo Sojero -por un DNU de Mauricio Macri de agosto de 2018-, como parte de la tregua de 90 días abierta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar que las partes arriben a un acuerdo, hoy a priori utópico.
La cita –que a juzgar por la expectativa de resultados positivos asoma casi como una formalidad- será ese día a las 14 en la sede del Ministerio del Interior, en la Ciudad de Buenos Aires, y a la reunión fueron llamados los ministros de Hacienda y los Fiscales de Estado de Santa Cruz, Catamarca, Tierra del Fuego, Formosa, Chubut y Santiago del Estero.
La invitación fue cursada por el secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, quien la enmarcó en “la audiencia de conciliación” realizada en la Corte el pasado 26 de junio, “en la que se concedió a las partes un plazo de 90 días hábiles judiciales para intentar una solución amistosa”.
La convocatoria –precisó Caldarelli- apunta a “conversar sobre los efectos que la derogación del Fondo Federal Solidario pudo tener sobre las finanzas públicas provinciales”.
“Esta reunión es una oportunidad para tener un diálogo constructivo y fructífero para el diseño y puesta en práctica de políticas públicas comunes”, concluye.
Las seis provincias tildan de inconstitucional la derogación del Fondo Sojero, creado en 2009 durante el Gobierno de Cristina de Kirchner, que se nutría con 30% de las retenciones a las exportaciones de soja y que estaba destinado a financiar obras. En las provincias estiman que dejaron de percibir cerca de u$s1.500 millones.
En esa línea, reclaman que el FoFeSo sea repuesto y, más allá de la vía en la Corte, exploran además una estocada política en el Congreso, de la mano de un nuevo intento de voltear el DNU en el recinto.
La decisión de eliminar esa asistencia se dio de la mano de las negociaciones del Gobierno de Macri con el FMI y con los gobernadores, frente a la necesidad de ajustar el déficit fiscal para recibir la asistencia del organismo internacional.
Las seis provincias denuncian que se vieron obligadas a ceder recursos millonarios –en rigor, lo hicieron todas, en el marco de esa pulseada entre la Casa Rosada y los mandatarios- y argumentan que debieron paralizar obras por ese retaceo de fondos.
Por eso desde la cartera de Interior –que conduce Rogelio Frigerio- le plantearon a los gobiernos de Alicia Kirchner (Santa Cruz), Lucía Corpacci (Catamarca), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut) que les lleven el listado de las obras supuestamente paralizadas.
Pero en despachos nacionales entienden que en realidad “ninguna obra se paralizó”, y recuerdan que Balcarce 50 ya emitió un fondo compensatorio para obras tras la eliminación del Fondo Sojero, por lo que a priori un potencial acuerdo político con Nación asoma improbable, lo que abrirá paso a que la decisión final quede en manos de la Corte nacional. La tregua de 90 días expira sobre el filo de las elecciones nacionales del 27 de octubre.
