600 ECHADOS DE PLANTA PERMANENTE | El Gobernador Gustavo Melella despidió por decreto -en forma inconstitucional- a cerca de 600 trabajadores que se encontraban en planta permanente y amparados por un Convenio Colectivo de Trabajo. Sería para hacer ingresar a sus propios militantes.
En últimos horas del lunes se conoció que el gobierno de Melella despidió a cerca de 600 trabajadores (la cifra oscila entre 580 y 700 trabajadores ya que nunca se publicó el listado de las personas que fueron echadas). Solo unos pocos fueron los privilegiados que continuarán durante el gobierno de Melella, ese listado si fue dado a conocer por el gobierno, como en las peores épocas en las que estar en una lista o no aparecer, determinaba muchas veces la sentencia de muerte de una persona. Entre los trabajadores se vivieron situaciones de angustia, llanto y desconsuelo al enterarse que habían sido echados por el gobierno con en el que supuestamente iban a “vivir mejor”.
En plena crisis económica y pese a haber hecho una campaña hablando de los despidos en el sector privado, la primera medida concreta que adopta Melella es la de echar a 600 trabajadores de planta permanente que estaban amparados por el Convenio Colectivo de trabajo, que también lo derogó por medio del decreto 101 y de forma inconstitucional. Ya que un Convenio Colectivo de Trabajo debe ser modificado por uno nuevo entre los sindicatos y el empleador o por la vía judicial. La opinión de un fiscal de estado, cómplice del gobierno provincial, no es más que una opinión, que no es vinculante, ni exonera al gobierno de las consecuencias jurídicas de su proceder inconstitucional.
Asimismo, por el decreto 112 dejó sin efecto todas las comisiones, adscripciones y reubicaciones, obligando a todos los trabajadores a volver a su planta de origen, pese a que muchos llevan trabajando un tiempo considerable en sus nuevas áreas o se especializaron en los temas referidos a su actual lugar de trabajo. Esto afecta tanto a trabajadores de planta temporaria como a los de planta permanente. Sin dudas, otro golpe más a los trabajadores.
Se espera que UPCN, ATE y ATSA presenten acciones judiciales para dar marcha atrás con la medida. Desde la CGT nacional no descartan una intervención, ya que la derogación de un Convenio Colectivo de trabajo por la vía del decreto constituye un pésimo precedente para la democracia. Además retrotrae la situación a una ley de la dictadura de una forma nunca vista.
A poco de andar, ya se sabe que en realidad son ellos los que “van a vivir mejor” con el aumento salarial del 90% para los funcionarios políticos y los 25 mil pesos extra por residencia que están cobrando actualmente. Para los empleados siguen las promesas y el castigo directo echando a la calle a 600 trabajadores, cancelando de forma forzosa todas las reubicaciones y destruyendo por decreto el Convenio Colectivo de Trabajo.
primer argentino
