El secretario general de la seccional Río Grande de ATE, Marcelo Córdoba, redobló la apuesta de Carlos Córdoba y advirtió tanto al gobernador Gustavo Melella como al intendente electo de Río Grande Martín Pérez, que “si no se abre las paritarias en diciembre, va a haber conflicto en diciembre. Que no tengan la menor duda de que, cuando asuman los dos gobiernos –el provincial y el municipal de Río Grande-, si no hay paritarias hay conflicto, y no van a ser conflictos menores.
Nosotros transitamos la calle y le vemos la cara y la necesidad a los compañeros. La organización está pasando por una situación dificilísima. Nuestra acción social está desbordada.
Hace dos años atendíamos a 60 compañeros, hoy atendemos a 500 y no damos abasto. Se han destinado los pocos recursos que tenemos a reforzar la atención, porque traen la boleta de algún medicamento, o la boleta de la luz, del gas y de los servicios que no pueden pagar. El sindicato no da más y está desbordada la situación social”.
“Espero que no sean sueltitas de cuerpo las nuevas autoridades que van a asumir y que vayan viendo cuáles van a ser las primeras decisiones que van a tomar”, envió como mensaje, y recordó que “en las elecciones pasadas, siendo candidato –en la lista que llevaba a Bertone como gobernadora-, yo planteé en mi propuesta que los gobiernos que asumieran tenían que privilegiar el presupuesto y decidir cuáles son las necesidades urgentes para redistribuir el presupuesto en los dos primeros años”.
“Yo estoy viendo que se va a venir un conflicto lamentablemente cuando asuman las autoridades nuevas, y en las dos líneas van a tener dificultades muchos compañeros que se van a quedar sin trabajo”, planteó, avizorando que podrían retrotraerse los ingresos a planta de los últimos meses de la actual gestión.
Apuntó que “el hospital está desbordado porque mucha gente de la actividad privada se quedó sin obra social y a eso se le suman los trabajadores estatales que no pueden pagar el arancelamiento de su propia obra social y van a buscar la atención de la salud pública.
Eso lo venimos diciendo desde hace un año. Uno viene planteando hace años la situación del sistema asistencial y previsional.
Los funcionarios de gobierno dicen que, aun teniendo dinero, están limitados por una cuestión jurídica, que tiene que ver con el pacto fiscal; pero el pacto fiscal fue acordado por el gobierno provincial y los legisladores que votaron la ley, y se adhirieron los municipios con todos los concejos deliberantes. Pareciera que los culpables son los sindicatos y muchos compañeros nos piden respuestas, cuando deberíamos salir todos a pedir respuestas al Poder Legislativo, que es el que levanta las manos para destruir el sistema previsional, la obra social, el salario de los trabajadores y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del estado.
Sin embargo siguen dando vuelta los mismos legisladores y los mismos partidos. La sociedad tiene que entender que hay que cambiar este rumbo de una provincia joven, que ha tenido presupuestos millonarios y hoy está prácticamente en la quiebra”, sentenció.
