La comisión presidida por la legisladora del Frente de Todos Cecilia Moreau escuchó en las tres reuniones informativas a unos 120 oradores de asociaciones de inquilinos, de defensa del consumidor, de corredores inmobiliarios, martilleros, e investigadores de diferentes Universidades de todo el país.
En el marco de la comisión de Legislación General, que preside la diputada Cecilia Moreau (FDT), expusieron más de 30 especialistas sobre las modificaciones a la norma sancionada por el Congreso en 2020.
Se trató de la tercera reunión informativa de la Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, donde expusieron representantes de inquilinos, propietarios e inmobiliarias. El martes próximo comenzará el debate de los legisladores en busca de un dictamen.
En la jornada de ayer, Eduardo Reese, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, señaló que «el mercado inmobiliario no cumple con los postulados y principios que el sistema capitalista ha impuesto para que un mercado funcione correctamente». En esa línea, agregó: «El mercado inmobiliario es opaco, plagado de prácticas especulativas y presenta una enorme desigualdad en la negociación contractual».
Desde la Unidad Inmobiliaria del Colegio de Martilleros de San Isidro, Leonor Dueñas, sugirió que «el Estado debe incentivar a los inversores con beneficios en la construcción sobre inmuebles para la locación».
Rolando Crook, en nombre del Colegio Abogados de Catamarca, dijo que «la problemática que enfrenta tanto el locatario como el locador está basada en el tiempo y el precio».
«Las tarifas son altas y los modos de actualización son injustos, sobre esa base hay que tomar medidas», añadió.
Por su parte, Lucía Cavallero, integrante del colectivo «Ni una menos», expresó que «el punto de partida de la discusión es pensar que entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias hay una relación desigual de poder y que no hay un interés común».
«Debemos mejorar la protección de derechos de las inquilinas, ya que hay un problema de ingresos que afecta a las mayorías sociales», resaltó.
A su vez, Natalia Ranzuglia, de la Red Inquilines Bonaerenses Tres de Febrero, remarcó que «cuando hablamos de viviendas hablamos de derechos humanos y de la vida de las personas, parece que nos olvidamos de eso».
«No es posible hablar en términos de mercado algo que pone en juego la vida y la salud de las personas», sintetizó.
