Justicia veloz para la Ley Loffler salio el llamado a concurso para que sea elegido, junto a una mujer cercana al PJ, luego de un acuerdo politico.
Con una velocidad poca veces vista en la Justicia de Tierra del Fuego y en el Consejo de la Magistratura ya publicó el llamado a concurso para la cobertura de los dos nuevos cargos de Juez del Superior Tribunal de Justicia creados por Ley 1321. La llamada Ley Loffler, asi denominada porque ya se sabe de ante mano que uno de los cargos vacantes por un acuerdo entre el Melella, el sector del MPF y el intendente Vuoto, lo ocupara el Juez Ernesto Loffler y el otro sera ocupado por una mujer cercana al sector del PJ.
Con la publicación en el Boletín Oficial del llamado a inscripción de postulantes quedó formalmente abierto el concurso para la cobertura de dos cargos de Juez el Superior Tribunal de Justicia, creados por la Ley 1321, que suman a los tres que actualmente ocupan Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Javier Muchnik.
El llamado del Consejo de la Magistratura que actualmente esta integrado como Presidente el Juez Javier Darío Muchnik, el Vicepresidente, el Fiscal Virgilio Martínez de Sucre, el Ministro Jefe de Gabinete, Paulo Agustín Tita, el Legislador Pablo Villegas, el Legislador Ricardo Furlan y los representantes de los Colegios de Abogados de Ushuaia Oscar Suárez y de Rio Grande Miguel Ángel Castro, deberá publicarse por otros 2 días en el Boletín Oficial de la Provincia y durante un día en dos diarios de tirada nacional y en dos de tirada provincial. A partir de la última publicación en el Boletín Oficial comenzará a correr el plazo de 30 días corridos durante el que permanecerá abierto el registro de aspirantes.
En la publicación se indica que el cierre de inscripciones operará el domingo 8 de noviembre. Se precisa además que para ser Juez del Superior Tribunal de Justicia se requiere será argentino con 10 años de ejercicio en la ciudadanía, tener por los menos 35 años de edad y ser abogado con 10 años en ejercicio de la profesión, contabilizándose para ello también los años en ejercicio de la profesión desempeñados en cualquier función pública que exija título de abogado.
