El juez Daniel Cesari Hernandez, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Grande rechazó un requerimiento fiscal impulsado a partir de la denuncia que hizo una pareja, por presuntos apremios ilegales en los que se imputaba a personal policial dependiente de la comisaría 4º, en la Margen Sur, en un hecho que sucedió el 26 de julio y donde existió la particularidad que se denunció la rotura de una silla de ruedas en que se movilizaba una mujer y heridas provocadas, supuestamente, con postas de goma.
“La prueba incorporada permite verificar que no ha existido ninguno de los episodios que integró la imputación plasmada y recogida por la Fiscalía Mayor”, dice la resolución firmada por el juez Cesari Hernández, para desestimar el inicio de una instrucción penal contra los uniformados.
Respecto a los antecedentes del caso, todo se remonta al lunes 26 de julio, por la noche, sustrajeron un televisor en una casilla del predio de Shelknam 156 donde forzaron una puerta, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad.
En las imágenes se pueden ver a un hombre y una mujer ingresando a la vivienda, mientras en las afueras había una mujer en silla de ruedas, cumpliendo el rol de “campana”. Esa noche fueron detenidos en un taxi Leila Ojeda Hidalgo (la mujer de la silla de ruedas), junto a su pareja, Brian Quinteros; quienes transportaban el televisor robado.
Ojeda días después denunció haber sufrido apremios ilegales esa misma noche, cuestión que formalizó con la denuncia correspondiente. De la denuncia se desprendía un hecho más grave, a partir de la misma mujer exhibía una lesión en la pierna que se correspondería con un disparo de postas de goma, indicando que en el procedimiento habría intervenido personal de la División Servicios Especiales.
Todos y cada uno de los dichos de los denunciantes fueron descartados por Cesari Hernández, luego de una completa investigación que incluyó allanamientos, un informe de la médica forense, declaraciones de tres testigos presenciales (incluido el taxista) e imágenes de cámaras de seguridad de la zona.
En su resolución, el Magistrado señaló que los denunciantes “no fueron víctimas de actos de violencia física por parte del personal policial interviniente como así también descarto, que los uniformados o persona alguna, haya atentado materialmente contra la silla de ruedas que utilizara la señora”.
“Ninguna acción lesiva (personal o material) se acredita en relación al personal policial interviniente”, señala el resolutorio, subrayando que las imágenes “analizadas dan cuenta de una situación diametralmente opuesta a la supuesta afectación a la silla de ruedas”, respecto a las filmaciones que se pudieron obtener de las cámaras de video vigilancias que captaron los hechos sucedidos esta noche.
El Juez señaló que “no puedo así soslayar que los hechos denunciados, no han hallado en la investigación un respaldo objetivo y probatorio. Antes bien, la prueba incorporada permite verificar que no ha existido ninguno de los episodios que integró la imputación plasmada y recogida por la Fiscalía Mayor”.
Sobre la supuesta lesión provocada a la mujer con una bala de goma, el Juez hace mención a la conclusión a la que arribó la perito forense, Dra. Inés Aparici “en cuanto a que dicha lesión no se corresponde con la de un proyectil tipo de goma” y que la herida certificada en la denuncia se correspondería a una anterior a los hechos denunciados.
“Si bien se ha acreditado que la denunciante ha presentado lesiones, lo cierto es que ninguna de ellas puede atribuirse razonable. objetiva, probatoria, ni históricamente, al accionar policial desplegado el 26 de julio de 2021 en horario 23:30 en la ciudad de Rio Grande y endilgado a personal policial de la Comisaria Cuarta de esta ciudad”, dice la resolución del Juez de Instrucción.
