Los tres municipios le solicitaron al Gobierno la derogación de la ley 1075, pero el Ejecutivo provincial se niega. Fue durante el encuentro sobre la percepción del impuesto inmobiliario tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó el recurso extraordinario presentado por las municipalidades y habilitó a la Provincia a percibir el cobro.
De la reunión participaron representantes de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin a fin de analizar la situación actual del impuesto inmobiliario y su base imponible. Asimismo durante el encuentro se avanzó en la búsqueda de un acuerdo que evite un perjuicio económico sobre las administraciones municipales y la provincial.
El ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata y el director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde encabezaron la reunión en Casa de Gobierno con los representantes de los tres municipios a fin de tratar la privación de la percepción del impuesto inmobiliario por parte de los Municipios.
Del encuentro también participaron por parte del municipio de Río Grande, el secretario de Finanzas Públicas, Diego López; mientras que por el municipio de Tolhuin lo hicieron la Secretaria de Economía y Hacienda, Luciana Rivero; la Subsecretaria de Contaduría, Xoana Torres; el Secretario de Legal y Técnica, Alexis Solís; la Coordinadora de Asuntos Institucionales, Gimena Contreras; el Director de Rentas, Bruno Maggiolo y la Directora de la Unidad de Falta, Anazul Carol.
Por parte de la municipalidad de Ushuaia estuvieron la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi; el Subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro; la Subsecretaria de Gestión Administrativa, Ana Laura Vera; la Subdirectora de Rentas, Rosana Acosta y el Director de Rentas, Héctor Szelada.
Luego del encuentro, el Ministro de Economía sostuvo que durante las conversaciones “se avanzó para cuantificar el recurso y la consecuencia que podría generar en las administraciones” la definición del máximo órgano judicial respecto del cobro de este impuesto. En tal sentido, sostuvo que tal cual lo expresó el Gobernador Gustavo Melella, “el desafío es conseguir un acuerdo político que permita que ninguno pierda el recurso, tratando de buscar un beneficio conjunto sin perjuicio de las partes”.
Sin embargo, Zapata García afirmó que “lo cierto es que la provincia no puede renunciar ni desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esto, y defender los intereses de las arcas provinciales es una obligación que tenemos como funcionarios provinciales”.
“Estamos en una instancia donde hay mucho que pensar, en forma articulada y coordinada y no hay ninguna determinación específica, más que lo que el fallo definió y que tiene que ver con a quien le corresponde”, dijo el funcionario.
Sin embargo, reconoció que “todos necesitamos recursos para cumplir con nuestras obligaciones”, con lo cual “el esfuerzo y compromiso ahora es de la política, en pos de buscar que ninguno de los actores se vea perjudicado y se genere un beneficio para todos”.
Municipios solicitaron la derogación de la ley 1075: La Municipalidad de Ushuaia, representada por la secretaria de Planificación e Inversión Pública y Viceintendenta electa, Gabriela Muñiz Siccardi concurrió junto a las Municipalidades de Río Grande y Tolhuin, a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno provincial para lograr acuerdos sobre el impuesto inmobiliario.
En la reunión los municipios solicitaron la derogación de la ley 1075, siendo que este fue el primer encuentro tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó el recurso extraordinario presentado por las municipalidades y habilitó a la Provincia a percibir el cobro.
La funcionaria dijo que «realizamos el pedido de derogación de la ley 1075 y planteamos la necesidad de que el Inmobiliario continúe siendo recaudado por los municipios», ya que «consideramos que este impuesto es fundamental para el día a día de cada ciudad».
Además, dijo que «hay un compromiso de continuar dialogando» porque «hay muchos problemas desde lo técnico en caso de que no se logre la derogación». «Cada Municipio planteó los inconvenientes que le acarrea la resolución judicial, y por qué consideramos en conjunto que el cobro debe continuar en cabeza de las ciudades», enfatizó.
Finalmente, Muñiz Siccardi manifestó que el Gobierno provincial «va a analizar todos los planteos y consultas que realizamos los municipios, para dar una respuesta en la próxima reunión».
El Municipio de Río Grande ratificó defensa de los recursos: En el marco del encuentro entre los municipios y el Gobierno de la provincia, el secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Diego López, ratificó su postura de defensa de los recursos de los riograndenses, a los fines de evitar el perjuicio que ocasionaría el traslado del impuesto inmobiliario a la órbita provincial.
Durante la reunión se consensuó que los órganos perceptores del Impuesto Inmobiliario sigan siendo los Municipios, dada la importancia que tienen estos fondos en el día a día de las finanzas municipales. Las autoridades presentes acordaron la viabilidad de avanzar en dos líneas.
En primer lugar, sobre posibilidad de derogar los artículos de la ley 1075 correspondientes al Impuesto Inmobiliario. En segunda instancia, sobre las garantías de mantener el nivel actual de recaudación municipal, según las bases imponibles y alícuotas que se aplican a la fecha.
Asimismo, se propuso seguir trabajando en términos técnicos para encontrar la mejor solución, en el corto plazo, a la problemática planteada. Por último, en la reunión se estableció el compromiso por parte del Gobierno de que no habrá avances a futuro sobre el Impuesto automotor.
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