El intendente Gustavo Melella lleva acumuladas cinco denuncias en su contra por explotación laboral y «abuso sexual coactivo» y, a pesar de haber sido imputado por la justicia, sigue en su función.
Gustavo Melella es el intendente de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, y este miércoles fue denunciado nuevamente por un obrero de una constructora local por abuso.
Esta denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo del juez Daniel César Hernández, lo que le abrió al jefe comunal otro frente judicial con el que lidiar en lo que ya es un escándalo político de proporciones.
La declaración del denunciante contiene varios chats en los que el intendente cita a la víctima en su domicilio particular para ofrecerle trabajo a cambio de favores sexuales.
Mientras tanto, en los fundamentos del trámite de juicio político al juez interviniente en otra de las causas, Raúl Sahade, y al fiscal Pablo Candela, se dejó expuesto al jefe comunal como un imputado con absolutas libertades para entorpecer la investigación en su favor. En ese marco, se denunciaron amenazas y extorsiones a las presuntas víctimas, además de la desaparición de todo tipo de pruebas como las que se podrían haber encontrado en los teléfonos celulares que, a dos meses de la primera denuncia, no habían sido secuestrados por la justicia.
Los audios y capturas de pantalla, que provocaron revuelo hasta en los medios nacionales durante cuatro días y avergonzaron a la mayoría de los fueguinos, en los que el intendente de Río Grande pide sexo a cambio de dar trabajo, dejan en claro además que sometía a las personas al trabajo en negro y a la explotación, abusando de su poder para repartir la obra pública entre las empresas amigas, que sobrefacturaban los trabajos de las víctimas.
En Río Grande la situación económica no es buena, la industria está pasando por su peor momento en los últimos veinte años y el trabajo, como en gran parte del país, no abunda. Aun así, y cómo lo demuestran las denuncias, Melella captaba personas del norte con la promesa de trabajo y de una vida mejor en Tierra del Fuego, buscaba gente muy humilde, en situación de desesperación, y él mismo gestionaba y supervisaba su llegada a la Isla. Pedía ver fotos de las potenciales víctimas, conocer sus edades y él mismo los seleccionaba.
En los audios de whatsapp se escucha claro: “Cuántos años tienen, papi”, “cuántos son los que me van a c….”, “vos les tenés que decir, que para que estén bien, me tienen que dar”. En los chats también se lee al intendente decirle a una de las víctimas: “Mandáme foto del canoso”, “decíles que los voy a tocar un poquito” y otras declaraciones del mismo tenor.
Por su parte, el silencio de los medios locales sobre este caso es notable. Salvo raras excepciones, como la de Guillermo Lacaze, Gabriel Ramonet, «Rulo» Quiroga o Héctor Cavalotti, los comunicadores decidieron hablar de otra cosa o en algunos casos se prestaron directamente a atacar a las víctimas, sacando información de ellos al aire como sus direcciones y nombres de familiares y amigos.
La vorágine de diatribas con la que respondieron su círculo íntimo y los funcionarios municipales, de los cuáles algunos están denunciados como cómplices, como el caso de Agustín Tita, ahora de licencia, o Federico Greve, desaparecido de la escena pública, se apagó pronto, sobre todo cuando su abogado Francisco Ibarra ya no pudo volver a decir que los audios estaban editados y que no era la voz del intendente.
Varios misterios rodean la causa, o las causas. En los días que siguieron a la primera denuncia, una vez que el juzgado había filtrado los nombres y teléfonos de las víctimas, permitiéndole a Melella salir por tierra a Buenos Aires y destruir su teléfono celular, un hombre llamado Héctor Fabián Daldi, actual funcionario municipal y ex empleado del concejal Paulino Rossi, se presentó ante las víctimas como enviado del intendente para ofrecerles dinero a cambio de silencio. Pero una vez denunciado esto por Infobae, Daldi viajó intempestivamente a Mendoza y más tarde a Buenos Aires. Días después se lo habría visto en Aeroparque esperando al intendente y al día de hoy fuentes del entorno indican que se oculta en la estancia Las Violetas.
Otros misterios son el accionar de la justicia y algunos detalles que pocos conocen. La denuncia fue realizada el 30 de agosto de 2018, hace casi dos meses y medio, y se hizo pública tibiamente en Tierra del Fuego un mes después, pero se desconocía la causa de abuso sexual y que el intendente era un partícipe directo. sólo se habló entonces de las empresas allanadas.
Días después, Infobae publicó un extenso informe que contenía audios, chats, testimonios desgarradores y una copia completa de la causa.También salió a la luz que la causa habría sido cajoneada por el juez Sahade, hoy sometido a juicio político, logrando surfear dos meses sin tomar una sola medida y sin dar vista a la querella ni al segundo fiscal interviniente.
Pero cuando el intendente volvió a Río Grande, luego de veinte días de mantenerse oculto en Buenos Aires, el juez le dio copia completa de la causa a él y a su abogado, violando el Código Procesal, lo que dejó al magistrado a un paso de la destitución.
Los días pasaron y el intendente sólo se dedicó a hablar de que se metieron en su “vida privada” y de que “alguien muy poderoso” quiere verlo preso. Sin embargo, Melella dejó de lado que las víctimas habían sido traídas del Norte con fondos públicos; que él utilizó su posición de poder para dar trabajo a cambio de sexo; que lo hacía no sólo en su casa sino también en el despacho oficial; que las empresas cómplices que fueron allanadas tenían contratos millonarios con la Municipalidad; que muchos de esos obreros son alojados por él en el Albergue Municipal en Alberdi 657 e, inclusive, les ponían el domicilio ahí; que las funcionarias municipales Gabriela Castillo y Ayelén Barboza, mencionadas en el expediente, ubicaban a estos trabajadores recién llegados en constructoras que los empleaban en negro; que la contadora Barboza armaba la facturación trucha de las empresas; y que las personas que el intendente habría enviado para extorsionar a las víctimas y al abogado querellante, son funcionarios públicos, como el diputado nacional Gastón Roma y el «fugado» Daldi.
El Poder Judicial de Tierra del Fuego está en la mira. Fue inevitable para Infobae mencionar que la justicia de Río Grande protege al intendente por ser clave en un entramado de poder y corrupción en cuyo centro se ubica a la familia Loffler. Esto es porque dos fuentes confirmaron que el camarista Nené Loffler presionó al fiscal Candela y al juez Sahade para «cajonear» la causa.
Fuente: gacetamercantil