Para el Gobierno Provincial “Detrás del conflicto entre el CECU y la empresa DNZT hay un claro tinte político”, primero fue Oscar Bahamonde, director de AREF, quien expresó que los reclamos frente a estas dependencias estatales en calle San Martin en Ushuaia se ha hecho la denuncia penal correspondiente, en virtud de los perjuicios que este tipo de medidas acarrea para el normal desenvolvimiento de las actividades.
No obstante, Bahamonde dejó en claro que se trata de «un conflicto entre privados», es decir, entre la empresa y el sindicato del CECU del cual, “el Estado no tiene nada que ver y que además la gestión de Melella no licitó ni adjudicó los servicios”, recordando que durante la anterior gestión, la empresa DNZT ganó la licitación y se hizo cargo de los servicios de limpieza del Hospital de Ushuaia, los CAPS, el Ministerio de Salud y la AREF.
«Esta situación no es de ahora -subrayó el funcionario- sino que viene desde el momento mismo de la adjudicación de la licitación a la empresa, y durante todo este tiempo sólo hubo algunos planteos por parte del gremio, pero no de la magnitud que se está viendo en estos días».
Además, puso el acento en la «beligerancia y la violencia con que se está manejando este sector sindical, poniendo como blanco de sus agresiones al Estado provincial, siendo que no tiene nada que ver y que además, esta situación de vieja data ya que algunas licitaciones tienen más de dos años».
Asimismo, Bahamonde dejó sentando que hubo intentos de diálogo con el sindicato mercantil, «pero no sabemos si tenemos que hablar con el secretario general del gremio o con el secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia», haciendo referencia a Pablo García, quien cumple las dos funciones sentenciando que “en este contexto uno visualiza que detrás de este conflicto y esta discusión hay un claro tinte político».
Pero mas tarde también la Ministra de Gobierno Adriana Chapperon cuestiono las manifestaciones y advirtió que detrás de este conflicto “hay un claro tinte político” y apuntó otra vez al actual Secretario General del Municipio y a su vez Secretario general del CECU, Pablo Garcia como la persona que esta detras de este conflicto.
Chapperón, consideró inapropiado que el CECU (Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia) junto a trabajadores de limpieza de la empresa DNZT, monten piquetes en oficinas públicas cuando se trata de diferencias laborales entre privados y dijo que se trata de una acción “con un claro tinte político” que busca perjudicar la imagen del Gobierno de la Provincia, más teniendo en cuenta quién dirige el CECU, es el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia Pablo García”.
Cabe destacar que el Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia reclama a la empresa DNZT la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, mejora en las condiciones laborales y presuntos despidos que la firma llevó a cabo durante la pandemia.
Durante esta semana montaron piquetes frente al Ministerio de Salud, en avenida Alem y el San Martín frente a las oficinas de la Agencia de Recaudación Fueguina. “Nos llama la atención esta repentina beligerancia del gremio, siendo que esta empresa está contratada desde hace más de dos años” para realizar el servicio de limpieza de dependencias estatales como el Hospital, los CAPS y la AREF.
La ministra también remarcó que “el gremio decidió no manifestarse en la sede de la empresa, que es donde deberían hacerlo y que las protestas se llevan a cabo en la AREF y el Ministerio de Salud”. Chapperón recordó además que “al Gobierno provincial no le corresponde resolver el reclamo de encuadre gremial de los trabajadores de la empresa, ya que esa facultad le concierne al Ministerio de Trabajo de la Nación”.
“Gobierno de la provincia ha mediado en el conflicto; nos hemos comunicado con los responsables de la empresa pidiendo que lleguen a un acuerdo, y desde la empresa manifiestan que los trabajadores están correctamente encuadrados y que esperan que el Ministerio de Trabajo de la Nación les dé la razón” señaló la funcionaria. La Ministra recalcó también que al momento no existen causales para dar de baja el contrato con DNZT, y que una rescisión unilateral “significaría un juicio contra el Estado”.
Por su parte desde el gremio sostiene que el Gobierno es responsable por permitir que los trabajadores no reciban el monto salarial que le corresponde por Convenio Colectivo de Comercio, que cobran poco más de 30 mil pesos cuando el sueldo por convenio debería ser de 62 mil pesos. Además cuestionan que el Gobierno permita que estén agremiados a un gremio de maestranza que no tiene prácticamente representación en Tierra del Fuego.
Fuente Crónicas Fueguinas.
