El gobernador de Tierra del Fuego le otorgó un crédito blando a una constructora vinculada a su ex secretaria privada

Constructora Patagonia SRL le pertenece a Alejandro Enrique Guillén, marido de Norma Menéndez, ex secretaria privada de Gustavo Melella cuando era intendente de la ciudad de Río Grande

El gobierno de Tierra del Fuego le otorgó un crédito blando de $400.000, en plena pandemia de coronavirus, a la Constructora Patagonia SRL, vinculada a la ex secretaria privada del gobernador Gustavo Melella e involucrada en la denuncia por presunto abuso sexual revelada hace dos años por Infobae.

En esa causa judicial, el entonces intendente de Río Grande -ex seminarista y radical K- fue acusado de presunto “abuso sexual coactivo” por pedirles favores sexuales a trabajadores de la construcción a cambio de cobrar trabajos realizados y ser contratados para otras obras de la Municipalidad. A pesar de esa denuncia, Melella ganó la gobernación con el 51% de los votos en las elecciones provinciales de junio de 2019 y luego apoyó la fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández. El abogado de quienes se presentaron como víctimas ante la Justicia denunció que, desde entonces, el juez de Río Grande Raúl Sahade tiene planchada la investigación.

Constructora Patagonia SRL pertenece a Alejandro Enrique Guillén, marido de Norma Menéndez, ex secretaria privada de Melella cuando era intendente de la ciudad de Río Grande. El otro socio era Diego Alejandro Menéndez, hermano de Norma, y pareja de Agustín Tita, entonces secretario de Gobierno de la Municipalidad de esa ciudad fueguina y actual jefe de Gabinete de la Gobernación provincial.

Cuando se hizo pública en 2017 que la Municipalidad de Río Grande contrataba a Constructora Patagonia para obras públicas, siendo que estaba vinculada a la secretaria privada del intendente, Norma Menéndez dejó de cumplir funciones junto a Melella. Aunque trascendió que “renunció”, la mujer -hoy de 57 años- continuó como empleada de la Municipalidad, según los registros comerciales consultados por Infobae. Su sueldo a octubre de 2018 era de $114.000, según un informe aportado por el abogado Francisco Giménez en la causa judicial. Con el desembarco del hoy gobernador al frente de la provincia en diciembre pasado, Norma Menéndez pasó a ser contratada por la Gobernación.

También como consecuencia de esa primera denuncia del abogado Giménez, Diego Alejandro Menéndez le cedió, en septiembre de 2017, su parte accionarias a “título gratuito” a Alejandro Enrique Guillén, marido de Norma Menéndez, según figura en el Boletín Oficial de Tierra del Fuego del 18 de octubre de ese año.

El crédito a la Constructora Patagonia SRL -revelado por el sitio Dar la Palabra del periodista fueguino Gabriel Ramonet- fue otorgado el 12 de mayo pasado por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación fueguina, a devolver en 24 cuotas mensuales, con un plazo de gracia de seis meses y una tasa fija de 12%. Así surge del Boletín Oficial publicado el 6 de julio último, en el que aparece como apoderado de la empresa Nicolás Alejandro Guillén Menéndez, el hijo de la ex secretaria privada de Melella.Boletín Oficial de Tierra del Fuego del 6 de julio de 2020 donde figura el crédito otorgado a Constructora Patagonia SRL.

Según le explicaron a Infobae fuentes de la gobernación, “ese crédito es uno de 156 respaldos financieros que entre marzo y julio se otorgaron, todos bajo las condiciones pre establecidas y en el marco de la pandemia de COVID-19″. Agregaron que “el Gobierno provincial impulsó una serie de programas de asistencia financiera a empresas a través de líneas de créditos y subsidios a empresas, pymes y personas físicas, tendientes a paliar las consecuencias negativas del parate económico” y fue “en este marco de respaldo se otorgó el mencionado crédito no bancario, al que accedió la empresa como otras 155″.

Asimismo, señalaron que “el préstamo a las empresas ligadas a la construcción y por ese tipo de montos está ligado directamente a tratar de sostener el empleo en ese rubro ya que, desde abril a septiembre, en Tierra del Fuego está la veda invernal donde prácticamente no se puede construir. A esto se suma el parate por el COVID, por lo que el sector privado está muy golpeado, independiente de quien sea el titular de tal o cual empresa”. Finalmente, aseguraron que Constructora Patagonia SRL “cumplía los parámetros que exige el programa que fuera estudiado, modificado y luego aprobado por unanimidad, por la Legislatura provincial”.

Denuncia por “direccionamiento”

Constructora Patagonia SRL fue incluida en una ampliación de la denuncia de Giménez por presunta “cartelización” y “direccionamiento” en la obra pública municipal en favor de un grupo reducido de empresas “amigas”.

Según un informe elaborado por el abogado de los obreros que se presentaron como víctimas de abuso, la firma ligada al entorno del entonces intendente y actual gobernador fue adjudicada con el 34% de todas las licitaciones públicas de Río Grande, por $66,7 millones, entre 2012 y 2019. Asimismo, resultó ganadora del 34% de los concursos por precio por $2,2 millones, y del 22% de las contrataciones directas de la Municipalidad de Río Grande por más de $14 millones. El trabajo fue presentado en la causa judicial el año pasado a partir de un relevamiento de las adjudicaciones publicadas en el Boletín Oficial de la provincia.

Fue en el marco del expediente abierto en 2017 por irregularidades en la contratación de obra pública municipal que tres obreros declararon en 2018 que el entonces intendente Melella le había pedido favores sexuales a cambio de cobrar por trabajos realizados y ser contratados en obras públicas de la Municipalidad de Río Grande.

En esa denuncia se señalaba que tanto Constructora Patagonia como Marino Luis Vaquera habrían facturado al municipio por obras que no realizaron. Y que los trabajos, en realidad, habían sido concretados por Damián Rivas, Mario Lovera y Alfredo Suasnabar, quienes no cobraron el dinero convenido.

Estos tres denunciantes contaron ante la Justicia que Melella los llamaba para realizar trabajos en la construcción y que, cuando estaban por finalizarlos, los retiraba del lugar y las obras eran facturadas por empresas “allegadas” al municipio, como Patagonia Constructora y Marino Luis Vaquera. Según la denuncia, el intendente convocaba luego a los trabajadores –inclusive en oportunidades a su domicilio particular– y les exigía el cumplimiento de favores sexuales a cambio de seguir trabajando y de cobrar lo que ya habían hecho. Incluso les habría pedido que llevaran otros trabajadores de provincias norteñas necesitados de empleo. Así habría quedado expuesto, por ejemplo, en una serie de audios telefónicos a los que accedió Infobae.

Melella siempre pregonó su inocencia, aunque declinó hablar con Infobae ante la consulta por la acusación, y atribuyó la denuncia a una cuestión “política” y “electoral” por su enfrentamiento con la entonces gobernadora Rosana Bertone, quien resultó derrotada en su intento por la reelección.

El estado de la causa por abuso sexual

La causa penal por los supuestos abusos y por la presunta cartelización de la obra pública sigue sin avances en el juzgado de instrucción de Río Grande a cargo del juez Sahade. Según Giménez, “el expediente está planchado desde septiembre del año pasado porque Melella está en el gobierno. Si hubiera sido un don nadie, el juez ya le hubiera allanado la casa y secuestrado su celular, porque es lo primero que se hace cuando hay una denuncia de abuso. Y acá nunca ocurrió. Es un escándalo”. Para el abogado fueguino, en otra denuncia similar que llegó a su estudio, “en la que el acusado es un vecino común y que investiga (Pablo) Candela, el primer fiscal de la causa y hoy juez, le allanó la casa y le secuestró las computadoras y el celular como no hizo en su momento con el hoy gobernador”.

Sin embargo, para el letrado de Melella, Francisco Ibarra, “el principal interesado en que causa avance es Melella”. Ante Infobae, había sostenido que “más allá de las actuaciones por la recusación (del juez Sahade), se tomaron medidas de prueba. Ahora falta que termine de declarar uno de los denunciantes y lo hagan los otros dos. Yo pedí que se presenten en los términos del art. 105 del Código Procesal de la provincia, que dice que la supuesta víctima debe hacerlo ante el tribunal, fiscal y las partes. Esta instancia es necesaria para que el juez pueda tomar una decisión”.

Giménez sostiene, en cambio, que “no era necesario” ese trámite para evitar “revictimizarlos”, pero igual aceptó que se concrete para destrabar el avance de la causa. “En marzo le pedimos que cite a las víctimas para volver a declarar y fijó la audiencia recién para el 14 de octubre. Es inexplicable”, se quejó en diálogo con este medio.

Por la demora en tramitar el expediente y su pedido de recusación, este abogado denunció en junio último a Sahade ante el Supremo Tribunal de Justicia provincial, que es el que tiene la facultad disciplinaria por superintendencia sobre el magistrado.

Fuente Infobae.