El secretario de Gobierno le pidió al Gobierno provincial que se ocupe de pagar en tiempo y forma los 680 millones que adeuda “porque de la administración del Municipio de Río Grande se ocupa el intendente electo Martín Pérez”.
Acompañado por el asesor letrado Omar Zambrano y en representación de la Municipalidad de Río Grande, el secretario de Gobierno y abogado Gastón Díaz, planteó el reclamo de 680 millones de pesos en concepto de fondos coparticipables retenidos por el Gobierno provincial.
“Esta es una oportunidad única e inédita en la historia de nuestro Poder Judicial de poder plantear cuestiones de cara a los vecinos. Nuestro planteo por la deuda de coparticipación que la Provincia mantiene con el Municipio de Río Grande tiene su origen judicial en el expediente 2020 del año 2009. El mismo se inició durante la gestión del ex intendente Jorge Martín y luego en el año 2010 y 2013 fue continuado por el ex intendente Gustavo Melella, quien en 2019 volvió a hacer otra presentación sobre el mismo tema, bajo un nuevo expediente, Nro. 3909. Nuestro planteo, en definitiva, no es más que la continuación de aquellos procesos judiciales. Esta pequeña síntesis expone los inconvenientes que genera el retraso en el envío de los fondos de coparticipación a los municipios y por ende a los vecinos, independientemente de los nombres propios y del color político de quiénes estén a cargo de la gestión municipal. Cuando hablamos de ahogo financiero de la Provincia con respecto al Municipio de Río Grande nos referimos a que el Gobierno adeuda 680 millones de pesos, de los cuales 500 millones corresponden a coparticipación, 120 millones a deuda tributaria y 60 millones de pesos a una planta potabilizadora cuya existencia la misma ministra de Obras Públicas reconoció días atrás ante la Legislatura provincial” – comenzó exponiendo el funcionario municipal.
Díaz explicó luego qué pretende el Municipio riograndense: “Reclamamos que se respeten los plazos previstos por la Resolución 665/2009 del Ministerio de Economía de la Provincia, homologada por sentencia judicial en marzo de 2010 ya que ese solo retraso en la coparticipación implica 500 millones de pesos que tienen como destino cubrir servicios esenciales a favor de los vecinos de la ciudad. Además, puedo afirmar sin ningún tipo de dudas que de los fondos que el Gobierno nacional ha transferido en los últimos 30 días y que han ingresado a las arcas provinciales ni un solo peso ha sido transferido al Municipio de Río Grande”.
A modo de muestra de buena voluntad, Díaz refirió que “el Municipio ha prestado conformidad para que a través de una pericia contable se perite todo el periodo 2020 hasta la actualidad o una franja de 180 días para que se pueda corroborar el retraso que con sobrados fundamentos estamos reclamando. A diferencia de lo que ha dicho el gobernador, quien reconoció públicamente la deuda, sus funcionarios expresan que no existe tal deuda porque cancelan `los definitivos´, que representan apenas en algunos casos el 2% de lo que debe transferirse por coparticipación. Sugestivamente nada dicen de los saldos provisorios que también están establecidos que deben liquidarse y transferirse”.
El abogado solicitó a los jueces del Superior Tribunal que “en función de que hemos demostrado en las actuaciones que existe una injustificada e irregular demora en la transferencia de fondos de coparticipación que se traduce en una violentación de la autonomía de los Municipios, pedimos que en el caso de incumplimiento por parte del Gobierno de la resolución 665, se establezca un mecanismo que podría ser la aplicación de intereses o de astreintes, que son justamente una conminación de carácter pecuniario a quien no cumple una sentencia judicial”.
En otro momento de su exposición, Gastón Díaz sostuvo que “el tercer punto que queremos plantear, más allá del reclamo por el incumplimiento de las obligaciones en relación al tiempo que se toma el Gobierno para hacer las liquidaciones y las transferencias, tiene que ver con la transparencia en la información. Esto está establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, Nro. 653, la que establece que la producción y entrega de la información pública, tributaria y financiera relativa a los fondos coparticipables debe ser de forma completa, veraz, adecuada y oportuna. Por eso solicitamos a la Agencia de Recaudación Fueguina – AREF – que así como el Ministerio de Economía de la Nación, con todo el volumen de trabajo que tiene, logra plasmar diariamente la información sobre los recursos coparticipables para conocimiento de las provincias que los perciben ¿por qué no puede hacerlo AREF para conocimiento de los municipios?”.
Preguntado por uno de los jueces si podía dar un ejemplo del modo en que la falta de percepción de los fondos coparticipables había perjudicado y sigue perjudicando al Municipio al que pertenece, Díaz respondió: “Nos pasó en abril que estuvimos en serio riesgo de no poder afrontar el pago de los salarios hasta que el último día de ese mes ingresaron 170 millones de pesos. Esa suma era estimativamente un 40% de lo que el Gobierno nos adeudaba por coparticipación y que nos permitió finalmente pagar los sueldos. Si ese dinero no entraba, directamente no podíamos pagar a los empleados sus haberes”.
Por último, Gastón Díaz rechazó la expresión del Gobierno provincial cuando afirmó: “Vamos a dar a los Municipios certeza de que recibirán los recursos necesarios”.
El letrado destacó sobre el tema que “en esa expresión muy claramente se observa que el Gobierno provincial se arroga la determinación de cuáles son los recursos que van a garantizar a los municipios su normal desenvolvimiento. Al respecto pretendemos que el Gobierno se concentre en cumplir los plazos de transferencia de fondos ya que del normal desenvolvimiento del Municipio de Río Grande se ocupa nuestro intendente, legítimamente electo por los vecinos para cumplir ese rol. De eso se trata la autonomía municipal”.
Fuente: Diario prensa
