Inmediatamente, las denuncias contra el intendente fueron desestimadas por el fiscal Pablo Candela, quien pidió el 30 de agosto una serie de medidas vinculadas a las posibles irregularidades con el manejo de las obras municipales. Pero en relación a las declaraciones de presunto abuso acoso y sexual, dispuso el 10 de septiembre el archivo de lo denunciado por Mario porque al momento de declarar como testigo, no había instado la acción penal contra el intendente.  En ese mismo dictamen, desestimó las declaraciones de Lovera, Rivas y Suasnabar, sin disponer ninguna medida de prueba. Pese a los detalles explícitos de las testimoniales, consideró que “no hubo delito”.

Para Giménez, abogado de los denunciantes, “el dictamen de Candela es la demostración de una vergonzante concepción machista que impera en el sistema judicial fueguino, mediante la cual solo las personas de sexo femenino pueden ser víctimas de abuso sexual”. En cuanto al dictamen y la relación con los testimonios de los denunciantes, el letrado opinó que “hay una cita parcial y arbitraria de los testimonios de las víctimas para tratar de justificar la desestimación de la denuncia, sin siquiera tomar una sola medida de prueba en el expediente, hecho que resulta inaudito con solo observar la conducta de este mismo fiscal en otros casos análogos o de menor entidad”.

 Es que el mismo fiscal había solicitado la apertura de una causa contra Julio Rockenbach, Oficial de Policía provincial, a partir de la denuncia de una integrante de la misma fuerza de menor rango, por “acoso sexual” y “violencia de género”. La mujer policía había denunciado que su superior la había invitado a “hacer cucharita en la cama”, entre otras insinuaciones de índole sexual y de acoso verbal en forma reiterada. En este caso, Candela imputó a Rockenbach de abuso sexual simple en grado de tentativa.

En relación a ello, al inicio de las actuaciones el abogado Giménez había manifestado “No vamos a tolerar que siga formando parte del Poder Judicial un fiscal que, sin tomar medida de prueba alguna y con una interpretación sesgada del derecho y de los hechos, beneficie con su accionar a un imputado por ser parte del poder político fueguino” y, aunque el pedido de juicio político fue presentado por los abogados Ramiro Rua y José Luis Ghioldiante en el Concejo de la Magistratura provincial, a la fecha no hay novedades de fuente oficial sobre el estado actual de dicho petitorio.

 Luego, el fiscal mayor de la misma fiscalía, Guillermo Quadrini con un criterio totalmente adverso, requeriría las denuncias por el delito de “abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder”. Al principio, Sahade rechazó tanto el requerimiento del fiscal mayor como las desestimaciones de Candela, diciendo que eran criterios contradictorios, para después Quadrini requerir la instrucción por todos los delitos y solicitar medidas probatorias.

Sabido es que, una vez que fuera imputado Melella por Quadrini como posible autor de los delitos de abuso sexual, fue el propio intendente quien se presentó espontáneamente junto a su abogado defensor en el Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Raúl Sahade, quien lo habría atendido en su despacho e, incluso –según dijera el Dr. Francisco Giménez- le habría dado copias de la totalidad del expediente a Melella, teniendo el jefe comunal un trato preferencial por parte del Magistrado, a diferencia de los casos comunes.

Por este accionar del Juez Sahade, también se solicitó la apertura de juicio político en el Concejo de la Magistratura provincial, del cual tampoco hay novedad alguna.

En medio de las operaciones de idas y venidas por parte del Poder Judicial, varios abogados de la ciudad pusieron en alto en los medios nacionales el accionar judicial, advirtiendo que se protegía al poder político.

Es que no se explica cómo siete meses después de realizadas las denuncias, todavía no hay siquiera una decisión acerca del estado procesal de Melella, quien no fue llamado a prestar declaración indagatoria.

Según pudo averiguar este medio, el expediente se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones de esta provincia y no se ha solicitado al imputado Melella que aporte su teléfono celular para que sea peritado y confrontado con los dichos de los denunciantes, como lo solicitara el Dr. Giménez, querellante de la causa.

Así, se nota un claro favorecimiento por la condición social del intendente en relación al resto de los casos de la misma índole, no dando el Poder Judicial la atención necesaria que la gravedad del caso merece.

Es que fue el juez de instrucción Sahade quien omitió librar órdenes de allanamiento por el presunto delito de malversación en la obra pública, solicitando únicamente a la intendencia una orden de presentación de documentación, dejando al antojo de posibles imputados el manejo de los papeles que podrían incriminarlos.

Lo mismo sucede con el teléfono de Melella en torno a los delitos de índole sexual, que no fue secuestrado por el juez Sahade, pese a ser solicitado en el requerimiento de instrucción de Quadrini, lo cual resulta más que importante en la causa si se tiene en cuenta que fue el propio Agustín Tita, Secretario de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión de Melella, quien dijo públicamente “Sí, es la voz del intendente”, en una entrevista con el periodista Antonio Laje.

Ante los manejos antojadizos de la justicia en la causa, el abogado querellante Francisco Giménez presentó dos recursos de queja ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, uno de ellos a fin de que se revoque la decisión del Juez Sahade de que las víctimas declaren nuevamente, manifestando el recurrente que con eso se provocaría la revictimización de los denunciantes, en tanto que el restante se trata de la oposición de la querella al peritaje del testigo Hugo Moya, ex custodio de Melella.

Puede verse como el Poder Judicial intenta investigar a las víctimas, sus condiciones personales y celulares, así como también los de los testigos. Pareciera que la víctima es Melella y que no importasen los pedidos de juicio político en contra de los magistrados intervinientes, estándose a la espera del resultado de los comicios provinciales para ver hacia qué lado ir.

En un año electoral, la justicia con jueces tiempistas, se comportó como de costumbre, al servicio del poder político…

Fuentes: Infobae – América Noticias.