El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande anticipó la judicialización del conflicto con el cuerpo deliberativo. Señaló que las ordenanzas cuyo veto desconocen los ediles, desfinancian claramente las arcas municipales.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, Gastón Díaz, anticipó la continuidad en sede judicial del duro conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, debido al desconocimiento por parte de los ediles al veto municipal a una serie de ordenanzas que, según expresó en ((La 97)) Radio Fueguina, afecta las finanzas públicas a través de eximiciones tributarias, interviniendo en materias que, según la Carta Orgánica, corresponde al Ejecutivo y no al Legislativo.
Díaz explicó que hace aproximadamente tres semanas el Concejo Deliberante notificó una resolución interna que declaraba que los decretos de veto habían sido extemporáneos. “Nosotros lo explicamos, el decreto se emitió dentro del plazo que establece nuestra Carta Orgánica, lo notificamos al día siguiente y entendíamos que efectivamente había un error en la interpretación, el decreto había sido emitido en tiempo y forma y lo que se había dado al día siguiente era la notificación” explicó el funcionario. Luego informó que “todavía no nos ha llegado la resolución del Concejo, pero entiendo que ayer se insistió, se emitió otra resolución seguramente dejando sin efecto la anterior que declaraba la extemporaneidad y se emitió una resolución insistiendo esas ordenanzas que se habían vetado».
El secretario destacó que la Carta Orgánica establece claramente que la iniciativa en cuestiones presupuestarias y tributarias pertenece al Ejecutivo Municipal. Además, añadió que esta actitud de la mayoría d ellos ediles, los obliga a solicitar al Poder Judicial de la provincia que determine si esta facultad es del Ejecutivo o del Concejo.
«Vigente es lo que está hoy. Hasta que la Justicia determine nosotros vamos a seguir ejecutando el presupuesto que tenemos aprobado allá por el mes de noviembre y que ya está en ejecución en todos los órganos del Estado municipal, incluido el propio Concejo Deliberante», señaló Díaz.
El funcionario también expresó su preocupación por la falta de debate en comisión sobre estas cuestiones, lo que impide al Ejecutivo expresar a los concejales cuál es la afectación presupuestaria que generan estas medidas.
«El Concejo Deliberante es el órgano político por excelencia, la casa política, la casa del vecino. Entiendo que las mayorías se conforman entre los distintos bloques que tienen una idéntica mirada. Evidentemente aquí hay un factor común entre los distintos bloques que están conformando la mayoría, eso es algo que hay que respetar, hay que entender y hay que convivir con esta realidad», comentó con prudencia al respecto.
Hizo hincapié en la importancia de cuidar los recursos municipales, especialmente en tiempos económicos difíciles, y lamentó la falta de debate en comisión sobre estas cuestiones.
Concretamente, Díaz consideró que la insistencia d ellos ediles con las ordenanzas vetadas por el Ejecutivo, redunda en un virtual desfinanciamiento de las finanzas presupuestadas oportunamente: “Independientemente del adjetivo que le corresponda, lo cierto es que, si se nos coartan recursos, si se nos limitan recursos a través de eximiciones impositivas, o si se nos generan gastos con nuevas estructuras, claramente eso afecta la economía y las finanzas municipales. Esa es la realidad”.
«La vida interna de cada uno de los poderes del Estado municipal, la decisión, la responsabilidad, el ordenamiento, corresponde a las autoridades de cada uno de los órganos y de los poderes. Nosotros tenemos la obligación de ser respetuosos de las decisiones que se toman dentro del Concejo Deliberante por las autoridades. Por eso no hemos expresado una opinión», concluyó Gastón Díaz.
En resumen, el conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal de Río Grande continúa en aumento, y las partes parecen encaminarse hacia una batalla legal para resolver sus diferencias. La disputa gira en torno a la competencia en cuestiones presupuestarias y tributarias, con ambas partes defendiendo sus interpretaciones de la Carta Orgánica municipal.
FUENTE: RF
