El Gobierno dispuso mantener bajo estricta reserva una nueva adquisición destinada a las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida, rubricada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, impide acceder a información sobre el material que se comprará, el monto de la operación, la empresa proveedora y la fuerza que recibirá el equipamiento.
La decisión se produce en medio de la renovada tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, la administración de Milei anunció sanciones contra compañías petroleras que operan en el archipiélago sin autorización nacional, promovió denuncias penales y avanzó con gestiones ante Naciones Unidas para intentar detener el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion. También ordenó construir una base naval en Tierra del Fuego. La respuesta británica incluyó una protesta diplomática y declaraciones del primer ministro Andy Burnham ante el Parlamento, en las que ratificó la posición de Londres sobre los derechos de los habitantes de las islas.
El decreto fundamenta la reserva en distintas normas de defensa, entre ellas la Ley 23.554, la Ley 24.948 y el Decreto 9390/63. Esta última disposición establece que pueden considerarse secretos militares las adquisiciones, fabricaciones o construcciones de importancia estratégica para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. La clasificación habilita a los organismos involucrados a apartarse de las obligaciones de difusión y publicidad que suelen aplicarse a las contrataciones del Estado.
La operación se suma a otros antecedentes de la gestión libertaria. Desde diciembre de 2023, el Ejecutivo dictó al menos cuatro decretos que recurrieron a la reserva militar para distintas compras y actividades. Tres estuvieron relacionados con la incorporación de los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, la construcción de instalaciones para recibirlos y los contratos complementarios gestionados mediante el sistema estadounidense de Ventas Militares al Extranjero. Una norma posterior habilitó el envío temporal de componentes de esos aviones para su mantenimiento y actualización.
A diferencia de esos antecedentes, el nuevo expediente —identificado como EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD— no menciona a los F-16 ni señala a la Fuerza Aérea como destinataria. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa tendrá a su cargo las actuaciones necesarias para concretar la adquisición.
El anuncio se integra a un proceso de renovación del equipamiento militar que ya incluye aeronaves de combate, blindados y helicópteros. Un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, elaborado con información del sistema de contrataciones y acuerdos bilaterales, calculó que entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 se destinaron USD 445.026.954 a armamento y material militar y de seguridad. El total supera los USD 428,7 millones registrados durante la presidencia de Alberto Fernández y los USD 72 millones correspondientes a la gestión de Mauricio Macri.
De ese monto, USD 381,4 millones fueron destinados a las Fuerzas Armadas y USD 63,7 millones al área de Seguridad. La mayor inversión se concentró en 2024, con USD 357,8 millones. En 2025 se contabilizaron USD 59,4 millones, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 se registraron USD 27,8 millones.
Entre las adquisiciones más importantes figura la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca por USD 301,2 millones, acordada en abril de 2024 y financiada en cinco cuotas anuales. Los primeros seis llegaron al país en diciembre de 2025 y fueron presentados en Córdoba. Otros seis arribaron en septiembre de 2026, y la Fuerza Aé prevé completar la incorporación de las 12 unidades restantes antes de diciembre de 2027. El objetivo es recuperar la capacidad de combate aéreo perdida tras la salida de servicio de los Mirage en 2015.
El reequipamiento también alcanzó al Ejército, que acordó con Estados Unidos la compra de ocho blindados Stryker 8×8 por USD 20 millones. El programa contempla la posibilidad de ampliar la flota hasta 235 vehículos en distintas configuraciones. Una primera partida de 50 unidades fue revisada en Texas y se espera que llegue antes de fin de año.
En marzo de 2026, Defensa formalizó además un acuerdo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk provenientes de reservas estadounidenses. El plan prevé hasta 20 aeronaves, con un presupuesto máximo de USD 140 millones, y apunta a reemplazar los AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601. Los primeros cuatro helicópteros podrían arribar antes de diciembre.
La Armada sumó cuatro aviones P-3 Orion comprados a Noruega por USD 60 millones para tareas de vigilancia del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva argentina. También se incorporaron seis helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para fortalecer la logística terrestre.
De cara a los próximos años, el proyecto de Presupuesto 2027 incluye autorizaciones para tomar deuda por USD 2.300 millones con destino a tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Las unidades operarían desde las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano.
La Armada estudió ofertas de las firmas europeas Naval Group, de Francia, y ThyssenKrupp Marine Systems, de Alemania. La primera presentó el modelo Scorpène Evolved, mientras que la segunda propuso el Type 209NG. De acuerdo con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambas compañías ofrecieron financiar el programa, que podría superar los 3.000 millones de euros.
La decisión sobre esos proyectos aún debe ser tomada por Milei. Su concreción permitiría recuperar la capacidad submarina que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017, tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes. Sin embargo, las partidas previstas en el Presupuesto no constituyen contratos definitivos: cualquier operación dependerá de la aprobación legislativa y de los acuerdos de financiamiento con los proveedores.