Comenzó en Ushuaia un juicio por un gigantesco robo a la Direccion Provincial de Energia, que incluye un caso de contrabando y podrían condenar a una despachante y dos empleados aduaneros. El hecho data del año 2012 y más de una década después finalmente llega a la instancia de juicio oral en la ciudad de Ushuaia, en sede del Tribunal Oral de la Justicia Federal.
Al juicio asisten en calidad de imputados la despachante de aduanas Susana Zanabria, Elohim Millán Martínez empleado del despachante, los empleados de Aduana Río Grande Tomás Luna y Eduardo José Amari; así como un empresario que organizó la maniobra desde el exterior de la provincia, Andrés Márques alias “El gitano”. Asimismo está imputado un camionero de Ushuaia y otro aduanero sobre los cuales las partes acusadoras ya desistieron de pedir penas al comprobar que eran ajenos a la maniobra.
El contrabando consistió en un gigantesco cargamento compuesto por dos camiones cargados de cables que fueron robados a la DPE (Dirección Provincial de Energía) del predio de Vialidad de la ciudad de Ushuaia, y luego fueron sacados “camuflados” y sin el debido control por la Aduana de Río Grande. Tras la omisión de controles por parte de los aduaneros imputados, los dos camiones con toneladas de cable fueron sacados de la provincia y luego el cargamento reducido en el conurbano bonaerense para la comercialización del cobre obtenido del interior de los cables, valuándose el monto de lo contrabandeado en 700 mil dólares al momento del hecho.
El Tribunal de Juicio Oral Federal lleva adelante desde la semana pasada el juicio oral contra los siete imputados, y tanto la fiscal María Hermida, como la querella presentada por la DPE, y ejercida por el abogado particular Raúl Paderne a pesar que Energía cuenta con sus propios abogados; solicitaron condenas para cinco de ellos.
En el caso de la despachando de Aduana Zanabria se pidió una condena de 4 años de prisión efectiva por “contrabando doblemente calificado”, en el caso de su empleado, Elohim Millán Martínez, se le solicitó una condena como partícipe secundario de 2 años en suspenso. En el caso de los dos aduaneros imputados se pidió; para Tomás Alberto Luna por “contrabando calificado por omisión de deberes de control”, 2 años de prisión en suspenso, así como la misma pena para Eduardo José Amari, otro empleado aduanero subalterno; solicitando en ambos casos la inhabilitación absoluta como funcionarios.
Finalmente la pena mas alta se solicitó en el caso de Andrés Márquez alias “el gitano”, acusado de llevar adelante la maniobra desde el exterior de la provincia para la comercialización del producto, con pedidos de 5 años de prisión por contrabando calificado como autor material e intelectual.
Un segundo partícipe en este comercio fue otro hombre de apellido Moura, quien aún permanece prófugo en todos estos años. En el transcurso de esta jornada los imputados brindarán las últimas palabras ante el tribunal y eventualmente se podría conocer un veredicto.
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