El Presidente de Argentina, Javier Milei, está planeando un veto total a la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada en el Congreso de la Nación. En este marco, su gobierno trabaja en un proyecto que busca trasladar el financiamiento de las universidades nacionales a las provincias, además de abrir la posibilidad de implementar aranceles en estas instituciones.La iniciativa, liderada por el asesor presidencial Santiago Caputo, propone que el gobierno nacional realice un aporte mínimo a las universidades, mientras que la mayor parte del financiamiento recaiga sobre las provincias. Fuentes cercanas a Caputo indican que la propuesta ya está siendo revisada por el equipo jurídico del gobierno y la Secretaría de Planeamiento Estratégico, encabezada por María Ibarzábal Murphy, quien es conocida por su cercanía con el asesor.
Este proyecto podría representar un desafío significativo para las administraciones provinciales, especialmente para la provincia de Buenos Aires, bajo el mando de Axel Kicillof, y la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri. Desde el oficialismo, hay críticas hacia la gestión universitaria, argumentando que “en las universidades eligen sus autoridades como quieren, arman plan de estudio y tiran la factura a Nación”. Además, se analiza si este tipo de transferencias requeriría la aceptación de cada distrito.
En el entorno presidencial, se reconoce que se está considerando “si les tiramos los fondos por la cabeza y que se hagan cargo”. A su vez, se desmiente la posible implementación de un FONID (Fondo de Incentivo Docente) para el ámbito universitario, aunque no es la primera vez que Milei genera incertidumbre en las finanzas provinciales. Tras su asunción, el Presidente eliminó el FONID, lo que llevó a los gobernadores a financiar dicho fondo con recursos de sus propias administraciones.
Sin embargo, incluso dentro del oficialismo hay voces críticas. Un secretario de rango ministerial calificó esta medida como un “error político”, subrayando que cualquier cambio debería ser ratificado por el Congreso y aceptado por las legislaturas provinciales.
fuente: cf