En los tribunales de Catamarca todos conocían el modus operandi, era un secreto a voces. La denuncia trascendió después que los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá quedaran filmados recibiendo sobres de dinero e incluso exigiendo un monto superior, supuestamente para liberar a un preso con prisión preventiva.
Las imágenes se viralizaron en las últimas horas en los medios, portales de noticias y redes sociales de la provincia. La denuncia fue ratificada por la presidenta de la Corte de Justicia, Vilma Molina.
Si bien no hubo confirmaciones formales, convocarían al tribunal del jury de enjuiciamiento para analizar los pasos a seguir. Asimismo, se inició una causa penal que quedó en manos del fiscal general, Miguel Mauvecín, y del fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, Facundo Barros.
En el video, que dura apenas dos minutos, se puede ver a los integrantes de la Cámara de Apelaciones en el despacho de Raúl Da Prá debatiendo sobre un monto de dinero. «Mirá, pasa una semana y vos me tenés que traer la plata o la sacás de tu bolsillo», dice un hombre al que no se le logra ver el rostro. Durante la charla debaten sobre la falta de una suma para completar un monto, que rondaría los 820 mil pesos.
«Está bien, ya viene Juan. Vos hablá aparte con los dos. Yo no quiero problemas con Juan después», insiste. Luego, aparece en escena (Juan) Morales. El hombre al que nunca se le ve el rostro mantiene la conversación y reparte dos sobres de papel madera, uno para cada uno de los magistrados. Y todos hacen referencia a una resolución para revocar una prisión preventiva.
«Niego enfáticamente cualquier participación criminal que quiere atribuírseme», sostuvo Morales, quien se presentó espontáneamente este lunes en la Fiscalía Penal y anunció que pedirá licencia «por una cuestión de tranquilidad espiritual» hasta que se resuelva el tema.
Por su lado, Da Prá, mediante un defensor oficial, se puso a disposición de las autoridades mediante un escrito y le dijo a El Ancasti que se trata de una maniobra «con intencionalidad política». El 9 de junio pasado, Da Prá fue electo consejero representante de los magistrados.
Los vínculos del Colegio de Abogados y de los fiscales que deberán intervenir en la investigación con la Gobernación de Catamarca preocupan. Morales fue secretario de Seguridad durante la gestión de Lucía Corpacci, actual senadora de la provincia.
Este martes, la presidenta del Colegio, Fernanda Rosales, calificó como «muy grave» la situación. «Celebro que esto salga a la luz, que se investigue con seriedad, se castigue a las personas si son culpables y se determina a través del proceso, y que podamos generar nuevamente en la sociedad una confianza en el sistema judicial», dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Por su parte, un grupo anónimo de abogados distribuyó una carta en la que se manifestaron «indignados».
«Lo denunciado se agrava aún más pues Da Prá y Morales, como miembros de la Cámara de Apelaciones, emiten resoluciones que, en su gran mayoría, se refieren a la libertad ambulatoria de los ciudadanos sometidos a procesos penales, y/o la clausura o continuidad de procesos judiciales penales, a la par de resoluciones atinentes a cuestiones patrimoniales anexas a dichos procesos, bastando solo el voto de ambos Camaristas para constituir la mayoría necesaria en cualquier fallo, produciendo así un evidente estado de indefensión que repugna al servicio regular de justicia», advirtieron.
Además pidieron la prisión preventiva para ambos y «celeridad para la protección del regular funcionamiento de los órganos del Estado».
