La Municipalidad de Río Grande decidió avanzar formalmente contra el Gobierno provincial por las demoras en el envío de recursos que le corresponden por ley. Mediante cartas documento dirigidas a dos funcionarias responsables de la administración financiera de Tierra del Fuego, reclamó que se normalicen las transferencias y se cancele una deuda que, según los cálculos municipales, supera los $17.294 millones. Además, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si no se resuelve el incumplimiento.
Las notificaciones fueron remitidas el 30 de octubre a la contadora general de la Provincia, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco. En ellas, el Municipio solicitó que se adopten medidas inmediatas para garantizar el giro de los fondos correspondientes a la ciudad.
Según los datos incluidos en la presentación, al 30 de septiembre el monto adeudado ascendía a $17.294.814.520. La cifra contempla conceptos de coparticipación, regalías y recursos provenientes del Bono de Compensación, partidas que representan una fuente fundamental de financiamiento para el funcionamiento de la administración local.
Uno de los puntos centrales del planteo tiene que ver con los atrasos en las acreditaciones. La Municipalidad asegura que, tras comparar los decretos provinciales con los registros de las transferencias bancarias, detectó que determinados fondos fueron enviados fuera de los plazos correspondientes.
Desde la gestión municipal advierten que estas demoras generan un impacto directo en la organización de las cuentas públicas, ya que dificultan la planificación de gastos, el cumplimiento de compromisos económicos y la continuidad de diferentes servicios y obras.
El reclamo también se apoya en disposiciones constitucionales. Las autoridades de Río Grande sostienen que los recursos coparticipables no constituyen aportes voluntarios de la Provincia, sino fondos que deben ser distribuidos conforme a las obligaciones legales vigentes. Por ese motivo, las cartas documento mencionan el artículo 135 de la Constitución provincial y señalan que el incumplimiento de los plazos puede comprometer la autonomía financiera de los municipios.
En las intimaciones, la Municipalidad estableció un plazo de 48 horas desde la recepción de las notificaciones para que las funcionarias intervengan y dispongan las medidas necesarias. También requirió un detalle de las liquidaciones, los pagos realizados y las razones jurídicas que pudieran justificar eventuales retenciones, descuentos, compensaciones o postergaciones.
El documento contempla, además, posibles medidas ante la falta de respuestas. El Ejecutivo municipal advirtió que podría iniciar acciones administrativas y judiciales, solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas provincial y acudir al Ministerio Público Fiscal para que se determinen eventuales responsabilidades de carácter administrativo o penal.
La disputa pone en discusión el cumplimiento de las obligaciones financieras entre la Provincia y los municipios, en particular el impacto que las transferencias fuera de término pueden tener sobre la administración de los recursos locales.
Con esta decisión, el Municipio de Río Grande elevó el tono de su reclamo y formalizó un nuevo paso en la disputa por la coparticipación, al exigir que se regularicen los fondos pendientes y se garantice el cumplimiento de los mecanismos de distribución establecidos por ley.