Rio Grande – El intendente suspendió la factibilidad de agua y cloacas para la construcción de 300 nuevas viviendas del IPV en Río Grande. Implicaría paralizar la construcción de 120 viviendas de la Sección X, 34 nuevas viviendas en el barrio Chacra 11 y otras 134 nuevas soluciones habitacionales en el barrio Malvinas Argentinas, como reacción ante el sumario iniciado por contaminación ambiental en Río Grande.
En una respuesta insólita, la Municipalidad de Río Grande suspendió la factibilidad de los servicios de agua y cloacas a tres obras que realiza en IPV como consecuencia del sumario administrativo iniciado por la Secretaria de Ambiente. En la comunicación firmada por el Ingeniero Cristian Pereyra, de la Dirección Municipal de Obras y Servicios Sanitarios, se comunicó a las autoridades del Instituto Provincial de Viviendas (IPV) que la factibilidad estará condicionada a la resolución del sumario iniciado por la detección de numerosos casos de contaminación por cloacas sin tratamiento de la cuenca hídrica de la ciudad de Río Grande y del Mar Argentino.
La decisión del Intendente Melella implica paralizar la construcción de 120 viviendas de la Sección X, 34 nuevas viviendas en el barrio Chacra 11 y otras 134 nuevas soluciones habitacionales en el barrio Malvinas Argentinas.
El presidente del IPV, el abogado Gustavo Vázquez, detalló los impactos que generará la decisión del intendente comunal, explicando que ¨el 9 de agosto de 2016 la gestión Melella otorga la factibilidad para realizar las obras y como consecuencia de tal autorización se iniciaron las gestiones para construir las viviendas que contribuirán a descomprimir la demanda habitacional de la ciudad¨, sostuvo el presidente del Instituto. Seguidamente, Vázquez puntualizó las consecuencias de la decisión tomada por la Municipalidad de Río Grande como respuesta al sumario iniciado por la detección de altos niveles de contaminación cloacal: ¨Nunca vi una situación similar en el Estado, ya que el intendente Melella paraliza la construcción de 300 viviendas destinadas a familias que actualmente alquilan o que viven en la casa de sus familiares, y tenían expectativas de contar con una vivienda propia. Además, impide la generación de más de 250 nuevos puestos de trabajo para el personal de la UOCRA, en un momento crítico para el mercado laboral en el país¨ reflexionó Vázquez.
Por su parte, Joel Coli, Delegado del IPV en Río Grande, advirtió que ¨estamos ante una situación insólita, ya que hace exactamente dos años atrás la Municipalidad de Río Grande otorga la factibilidad para construir las viviendas, y ahora, como consecuencia de un sumario iniciado por contaminación, de un día para el otro la suspende. Coli describió que la obra de infraestructura para las nuevas 120 viviendas viene a traer una solución sanitaria a la ciudad, y Melella la paraliza sin dar demasiadas explicaciones¨, enunció el Delegado del Instituto de Vivienda.
¨El Gobierno ya contrató la construcción de una nueva Planta de Tratamiento Sanitario en la Margen Sur a la empresa Cóccaro Hermanos, a través de una licitación pública, lo que hace aún más incompresible la reacción del Municipio de Río Grande¨, valoró Gustavo Vázquez. A la vez que dijo estar ante dos procesos separados, ¨ya que el Intendente Melella debe responder al sumario iniciado, y esto no tiene relación con la ejecución de la construcción de nuevas viviendas. Está reacción inesperada no perjudica al Gobierno, sino a las 300 familias que no podrán acceder a una vivienda digna (120 afiliados al gremio de ATE y 180 inscriptos en el padrón social del IPV), además de perjudicar a los trabajadores de la construcción, en un momento sumamente complicado de la situación económica y laboral de la Argentina¨, sintetizó el presidente del IPV.
La decisión del Intendente Melella implica paralizar la construcción de 120 viviendas de la Sección X, 34 nuevas viviendas en el barrio Chacra 11 y otras 134 nuevas soluciones habitacionales en el barrio Malvinas Argentinas.
El presidente del IPV, el abogado Gustavo Vázquez, detalló los impactos que generará la decisión del intendente comunal, explicando que ¨el 9 de agosto de 2016 la gestión Melella otorga la factibilidad para realizar las obras y como consecuencia de tal autorización se iniciaron las gestiones para construir las viviendas que contribuirán a descomprimir la demanda habitacional de la ciudad¨, sostuvo el presidente del Instituto. Seguidamente, Vázquez puntualizó las consecuencias de la decisión tomada por la Municipalidad de Río Grande como respuesta al sumario iniciado por la detección de altos niveles de contaminación cloacal: ¨Nunca vi una situación similar en el Estado, ya que el intendente Melella paraliza la construcción de 300 viviendas destinadas a familias que actualmente alquilan o que viven en la casa de sus familiares, y tenían expectativas de contar con una vivienda propia. Además, impide la generación de más de 250 nuevos puestos de trabajo para el personal de la UOCRA, en un momento crítico para el mercado laboral en el país¨ reflexionó Vázquez.
Por su parte, Joel Coli, Delegado del IPV en Río Grande, advirtió que ¨estamos ante una situación insólita, ya que hace exactamente dos años atrás la Municipalidad de Río Grande otorga la factibilidad para construir las viviendas, y ahora, como consecuencia de un sumario iniciado por contaminación, de un día para el otro la suspende. Coli describió que la obra de infraestructura para las nuevas 120 viviendas viene a traer una solución sanitaria a la ciudad, y Melella la paraliza sin dar demasiadas explicaciones¨, enunció el Delegado del Instituto de Vivienda.
¨El Gobierno ya contrató la construcción de una nueva Planta de Tratamiento Sanitario en la Margen Sur a la empresa Cóccaro Hermanos, a través de una licitación pública, lo que hace aún más incompresible la reacción del Municipio de Río Grande¨, valoró Gustavo Vázquez. A la vez que dijo estar ante dos procesos separados, ¨ya que el Intendente Melella debe responder al sumario iniciado, y esto no tiene relación con la ejecución de la construcción de nuevas viviendas. Está reacción inesperada no perjudica al Gobierno, sino a las 300 familias que no podrán acceder a una vivienda digna (120 afiliados al gremio de ATE y 180 inscriptos en el padrón social del IPV), además de perjudicar a los trabajadores de la construcción, en un momento sumamente complicado de la situación económica y laboral de la Argentina¨, sintetizó el presidente del IPV.
Noticia original de Diario del Fin del Mundo
