La Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Laura Montes, se refirió a los más de 600 adjudicatarios morosos que existen en la Provincia y las sentencias de desalojos favorables al organismo, señalando que se trata de «gente que le ha buscado la vuelta administrativa al Estado entonces acumula deuda, pide planes de refinanciación y empieza otra vez a pagar una cuota mínima con descuento».
«Esa gente atenta contra el que está esperando hace años una solución habitacional», dijo Montes, asegurando que «el IPV normalmente nunca desalojaba, pero hoy por hoy tenemos muchísimas sentencias favorables de desalojo a gente que no cumple o a gente que está ocupando irregularmente».
La funcionaria aseguró que los desalojos se llevarán adelante «con todos los recaudos legales que tenemos que tomar» y si bien reconoció que «puede sonar antipático, debemos ponernos muchísimo más exigentes y más estrictos con el estado de morosidad».
«Tenemos morosos crónicos que en 30 años han pagado siete cuotas de su vivienda, entonces ahí nos vamos a poner exigentes en poder recuperar esas soluciones habitacionales, porque es injusto para el que está esperando», cuestionó.
La funcionaria detalló que más del 50% de los habitantes de Tierra del Fuego tienen una solución habitacional del IPVyH y que tenían “proyectadas casi 2.200 viviendas que se licitaron el año pasado y que estábamos esperando las no objeciones financieras, pero todo eso se cayó a partir de estas nuevas políticas nacionales de que no habrá obras públicas”.
