Paula Litvachky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, consideró que De Gamas sigue en funciones porque goza de una defensa corporativa. Una inminente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría obligar el Estado a revisar su continuidad.
La directora del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la abogada Paula Litvachky, abordó la situación del juez de Tierra del Fuego, Javier De Gamas Soler, ex secretario en la causa AMIA secundando al ex juez Juan José Galeano. Que la provincia tenga como magistrado a una persona que sigue imputada por delitos cometidos durante la investigación, tiene sus implicancias.
Cabe señalar que el CELS llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta causa, trámite internacional que se encuentra cerca de su finalización. “Estamos esperando que la Corte Interamericana dicte sentencia en el caso AMIA” apuntó la letrada del CELS. Señaló como importante tener en cuenta que, en la audiencia de hace unas semanas, “el Estado Argentino reconoció su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado durante la investigación del atentado a la AMIA, por la no investigación y por el encubrimiento”.
Entre esos reconocimientos, destaca la cuestión de no haber investigado en tiempo razonable la responsabilidad de los funcionarios judiciales que encubrieron el atentado y cometieron tantas irregularidades durante la investigación.
“Ahí está incluida la responsabilidad de De Gamas, que está imputado en causas nacionales, pero que, durante todos estos años y décadas, a pesar del impulso de las víctimas y de Memoria Activa como querellante, no logramos que el caso del de él y de otros secretarios de Galeano llegue a juicio”, a diferencia de lo que ocurrió en relación con el ex juez porteño y los principales responsables del encubrimiento.
La abogada enfatizó que la responsabilidad por el encubrimiento y las irregularidades cometidas durante la investigación “eran tanto de Galeano y de los fiscales, como de los secretarios y secretarias que participaban en el juzgado”, quienes estaban “absolutamente al tanto de todas las irregularidades que se estaban cometiendo. Es absurdo pensar que quienes estaban adentro del juzgado todo el tiempo, no tenían conocimiento o no entendían lo que estaba pasando”.
Pero más allá de su apreciación, remarcó que el aún hoy juez en Tierra del Fuego, Javier De Gamas Soler, “está grabado negociando el pago con Telleldín, para que acuse falsamente a policías bonaerenses”. Que De Gamas continúe en funciones, es consecuencia “de una defensa corporativa respecto de los secretarios y secretarias de Galeano, que no está pudiendo romperse”.
Litvachky habló de las implicancias que tiene el tratamiento por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que se cristalizarán cuando se obtenga la sentencia: “Por lo pronto implica un reconocimiento jurídico. Cuando la Corte dicte su sentencia, ahí va a fijar con exactitud las obligaciones a las que se tiene que comprometer el Estado a cumplir”.
Añadió que, entre esas obligaciones, estará la de impulsar con la mayor diligencia posible las investigaciones en contra de los responsables de haber cometido las violaciones de derechos humanos. “Para nosotros desde este momento, pero sobre todo cuando esté la sentencia de la Corte Interamericana, la obligación del Estado argentino va a ser profundizar esas investigaciones. Y desde nuestro punto de vista, también la consecuencia va a ser que se revise la situación del juez de Tierra del Fuego” agregó.
Explicó que, cuando se plantea la responsabilidad de altos funcionarios judiciales, se lo hace con un doble carácter, tanto en cuanto a su responsabilidad penal por haber cometido delitos, en este caso específico encubrimiento, como en relación con su idoneidad para ocupar cargos públicos.
“Las dos cosas se vinculan. Si no se puede llegar, por alguna razón, a una condena por la comisión de delitos, eso no impide de ninguna manera decir que esa persona no es idónea para ocupar cargos públicos” en alusión a la actividad irregular de De Gamas durante la investigación del atentado a la AMIA, sobre lo cual “ya no hay duda que las irregularidades que se cometieron eran conocidas por estas personas. Eso hace que esa persona no sea idónea para ser juez en Argentina”.
Finalmente, la Dra. Paula Litvachky dejó una reflexión sobre la insólita continuidad de De Gamas Soler impartiendo justicia en la provincia, toda vez que “el Estado argentino y las provincias no pueden tener personas que integren el poder judicial con estos antecedentes. No hay manera de pensar que esa persona tiene idoneidad para ese cargo público”, fundamentada no sólo en las razones políticas institucionales, sino en las reglas éticas para la función judicial de Naciones Unidas.
Por lo tanto, concluyó que la situación de una persona ocupando un cargo de magistratura, con los antecedentes que tiene De Gamas Soler en relación a la AMIA, “claramente es un caso fácil, no es un caso difícil”.
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