En el escándalo judicial entre un Juez Raul Sahade, una Fiscal Laura Urquiza y el Secretario Eduardo Tepedino y luego de excusarse los fiscales del Distrito Judicial Norte de intervenir, fue el fiscal de Ushuaia Daniel Curtale quien pidió que se investigue el presunto delito de “violación u omisión de los deberes de funcionario público”, confirmaron fuentes judiciales.
Cabe recordar que la Justicia se tomó casi un mes para definir este primer paso procesal, desde la denuncia presentada por el juez Raúl Sahade y su secretario Eduardo Tepedino, en relación a la negativa de la fiscal Urquiza a recibir aquella jornada la causa judicial que se le remitía.
La causa era precisamente la que apunta contra el actual secretario de Seguridad, Javier Eposto por entrega de una vivienda a la hija de un testigo en el caso Melella.
En aquella oportunidad la fiscal llegó a requerir de ocho efectivos policiales para detener a los funcionarios que le llevaban la causa, en su férrea negativa a recibir el caso.
A pesar de que el juez Sahade y el secretario Tepedino plantearon en su presentación la supuesta comisión de una extensa cadena de delitos (entre ellos el de amenazas) Curtale focalizó su requerimiento en el hecho de que la Fiscal Laura Urquiza y la secretaria Georgina Minelli se habrían negado a recibir el expediente, cuando presuntamente estaban obligadas a hacerlo.
Según el dictamen fiscal, el delito consistiría (aunque la figura puede modificarse con el correr de la investigación) en “haber dictado resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución provincial o la ley provincial”, en especial por su obligación funcional de “recepción y colocación del cargo” a los expedientes recibidos.
El fiscal acusador hace hincapié en que de acuerdo a las normativas vigentes, el secretario o auxiliar “deberá poner cargo a todos los escritos, oficio o notas que reciba, expresando la fecha y hora de presentación”.
También se pide investigar si alguna de las involucradas ejecutó órdenes sabiendo que eran contrarias a disposiciones legales vigentes, o no ejecutó “la ley procesal penal provincial cuyo cumplimiento les incumbía”.
“Se habrían ilegalmente omitido, rehusado a hacer o retardado, actos propios de sus oficios”, señala el dictamen, y agrega que la remisión del expediente a la fiscalía “se hallaba ordenada por decreto judicial”, mientras que el expediente “fue llevado por personal propio del juzgado interviniente”.
A su vez, aunque solo de manera tangencial, Curtale desliza el hecho de que la fiscal Urquiza habría convocado a “personal policial a fin de disuadir la efectiva entrega de ese expediente, con advertencias a los integrantes del juzgado interviniente, entre otros actos de similar naturaleza”.
El fiscal expresa en el comienzo de su dictamen, que su intervención en el caso se produce “siguiendo directivas del fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia”, Oscar Fappiano, lo que explica por qué no intervino un fiscal de Río Grande, donde se tramita la causa.
Además, Curtale requiere que se les notifique a la Fiscal Laura Urquiza y a la Secretaria Georgina Minelli “sus derechos y garantías con enfoque de género por su condición de mujeres”, y que como primeros pasos probatorios se convoque a prestar declaración testimonial a todas las personas que estuvieron presentes durante el incidente, aunque más no sea en forma parcial.
La causa está en manos del juez de instrucción 1 de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, y se complementa con una presentación que los mismos denunciantes efectuaron ante el Consejo de la Magistratura de la provincia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) inició de oficio una actuación sumaria, aunque fuentes tribunalicias confirmaron que el organismo aguardará una resolución del Consejo antes de emitir un pronunciamiento.
