Se trata del caso “Operativo Pandemia Verde” en el que se incautaron 27 kilogramos de marihuana.
Se trata del subsecretario de Obras y Servicios Públicos del Gobierno provincial, Gustavo Gabriel Caro, quien prestó declaración indagatoria ante la jueza federal Mariel Borruto, sospechado de integrar una banda de traficantes de sustancias ilegales.
En el marco de la investigación que culminó en un operativo que se denominó “Pandemia Verde” y en el que se logró evitar que ingresaran al circuito de consumo provincial unos 27 kilos de cannabis sativa, Gustavo Caro fue seguido en una oportunidad por las calles de Río Grande pudiéndose observar durante el procedimiento de las fuerzas de seguridad que el funcionario que conducía una camioneta oficial del Gobierno provincial, se detenía frente a una vivienda y recibía de otra persona lo que podría ser un ladrillo de marihuana” – reza el expediente que cursa en el distrito judicial norte.
“Estaríamos frente a un consumidor y transportista minorista de sustancias estupefacientes, con el agravante de que Caro utilizaba la camioneta del Estado provincial para sortear los controles durante la pandemia, y para transportar drogas y dinero entre Río Grande y Tolhuin”, aseguran las conclusiones de la pericia en la que intervino personal policial federaly de Gendarmería Nacional.
A raíz de esto el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego fue indagado por la jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto, quien investiga el accionar de una organización dedicada al narcotráfico.
Caro, fue indagado en calidad de acusado de integrar una banda narco y gestionar permisos de circulación para que sus integrantes pudieran usar durante el aislamiento por el coronavirus, además de emplear un vehículo oficial para transportar drogas, informaron fuentes judiciales.
Los voceros detallaron a Télam que Caro, quien a pesar de la imputación permanece en libertad, declaró entre las 11 y las 13 del miércoles último ante la jueza federal de Río Grande por el hallazgo de 27 kilos de marihuana durante varios operativos realizados entre el 15 y el 19 de junio.
Una pericia realizada por la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales de la policía fueguina agregada a la causa, se refiere al “certificado de excepción” que Caro le habría entregado a Agustín Anchordoqui, uno de los imputados y detenidos por el hallazgo de la droga, para “circular libremente por Río Grande y Tolhuin durante el aislamiento», simulando que se trataba de “personal esencial”.
Por su parte, de las intervenciones telefónicas realizadas por la Justicia surgieron intercambios de mensajes de audio y texto entre Caro y miembros de la banda, donde el funcionario se refiere a la gestión de esos permisos para circular.
Estos elementos fueron valorados por el fiscal federal Marcelo Rapoport para solicitar la indagatoria del subsecretario, quien fue suspendido en sus funciones y sin goce de sueldo por el Gobierno provincial hasta tanto se esclarezca su situación en los hechos.
Caro cuenta con la representación legal del abogado Francisco Ibarra, quien sostuvo ante la prensa que “no existe ninguna prueba que permita vincular a mi defendido con la maniobra de tráfico de estupefacientes” y lo desligó de responsabilidad en los hechos “porque el permiso por el que se lo acusa expiró el día 31 de marzo mientras que el operativo en el que se secuestró la droga tuvo lugar el 15 de junio”. Refiriéndose a las capturas de pantalla de mensajes por WhatsApp que trascendieron y circulan en las redes sociales, Ibarra sostuvo negó que exista una relación entre su cliente y los detenidos en la causa e insistió: “No hay ninguna prueba que permita vincular a mi defendido ni con el otorgamiento del permiso en cuestión ni con la maniobra de tráfico de estupefacientes”.
Esto no es lo que se piensa en la órbita judicial, en donde precisamente los mensajes son considerados elementos que incriminan a Caro: “Estaríamos frente a un consumidor y transportista minorista de sustancias estupefacientes”, concluye la pericia.
Los detenidos
Hasta el momento, la jueza Borruto dictó el procesamiento de cinco personas por su vinculación con la causa, a quienes acusó del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de más de tres personas”.
Se trata de Carlos Mario Bennati, Agustín Anchordoqui, Gastón Vicente Denis Almada, Juan Ariel Duarte y Luis Eduardo Alcoba.
En el caso de Bennati, Achordoqui y Denis Almada, Borruto también dispuso la prisión preventiva, por lo que continuarán detenidos mientras se desarrolla el proceso, mientras que Duarte y Alcoba recuperaron la libertad, ya que la jueza les atribuyó una participación secundaria.
Además, la magistrada indagó a otros tres sospechosos de formar parte de la banda, y en último término citó a Caro, cuyo domicilio ya había sido allanado semanas atrás.
Fuente Diario Prensa.
