El 19 de junio de 1996, el gobernador Estabillo anunciaba la concesión de la obra del Puerto de Río Grande. Jamás se llevó adelante, nunca tuvo un proyecto concreto, pero costó muchos cientos de millones.
El 19 de junio de 1996, el gobierno de Estabillo anunciaba la firma de la concesión de la obra del Puerto de Río Grande. Jamás se llevó adelante, nunca tuvo un proyecto concreto, pero costó muchos miles de millones.
En el camino quedaron innumerables promesas de campaña, mentiras por doquier, cruces políticos de todo color y dimensión, funcionarios que lloraron haciendo buenos anuncios (aunque falsos), sospechas de coimas multimillonarias, una fábrica de pilotes de dueño desconocido, casi cien camiones y vehículos pesados desaparecidos misteriosamente, indemnizaciones multimillonarias y hasta un impuesto con destino específico cuya recaudación nadie sabe decir dónde fue a parar. Y sigue la lista.
Todo ello, en torno de la estafa más grande sufrida por los fueguinos en toda su historia. El proyecto de construcción del Puerto de Río Grande, que jamás se llevará a cabo, que –de hecho- nunca estuvo respaldado por proyecto técnico alguno y que dejó como único saldo (además de numerosos políticos y exfuncionarios enriquecidos ilegalmente) un simulacro de escollera que el tiempo y el mar pudren y que las aves marinas observan con desinterés y –quizás- desprecio.
En la mañana del 20 de junio de 1996 los diarios de la época ponían en portada la foto del por entonces gobernador de la Provincia, José Estabillo, simulando que firmaba el decreto que ordenaba “Adjudicar a la Unión Transitoria de Empresas CONCIC ENGENHARIA S.A. y ORMAS S.A.I.C.I.C. la Licitación Pública 1/95 en su variante «Muelle sobre Pilotes de Hormigón y Obra de Abrigo en Acrópodos», en la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($43.156.929,38)…” (N.R.: las mayúsculas son del original).
Al gobernador flanqueaban su ministro de Economía, Mariano Viaña y toda una corte de legisladores, concejales, funcionarios municipales e invitados de ocasión que jamás se habrían privado de salir en la foto.
De los 43 millones, 10 tenían financiamiento asegurado, prometió Viaña. El resto saldrían de un empréstito que la Legislatura debía aprobar.
Los debates que sobrevendrían en sede del nada honorable (por entonces) Parlamento provincial, dejarían al desnudo (más temprano que tarde) la mentira: la obra no estaba basada en proyecto alguno, se presentó una maqueta con barquitos flotando en un mar de celofán y jamás una carpeta técnica más o menos convincente. “Multipropósito”, zafaban los funcionarios como letanía mal aprendida, cuando les preguntaban qué tipo de puerto tenían pensado para Río Grande.
Un atribulado secretario de Obras Públicas (apellidado Zlottig) respondía las no muy apremiantes consultas de los legisladores, prometiendo siempre “traer la próxima vez” la documentación que jamás pudo exhibir porque no existía.
La realidad era que lo único proyectado era la escollera, que se anunció de 1.400 metros, muy pronto se redujo a 800 y finalmente se plantaron pilotes hasta no más allá de 400 metros.
Los pilotes, fabricados “in situ” eran proveídos por una empresa de origen ignoto sobre cuyo propietario corrieron rumores de todo tipo, pero ninguna certeza.
Consumidos los 10 millones de la billetera de Viaña, la obra quedó parada para siempre, a fines de 1999. Agotada toda posibilidad de seguir adelante, las dos décadas que siguieron fueron de más mentiras de campaña, fallidas promesas de continuidad y –lo más grave- un escandaloso convenio de “indemnización por improductivos”, en favor de la empresa “no-constructora”, perpetrado en connivencia con la gestión de Carlos Manfredotti y Daniel Gallo.
Tales “improductivos (algunos millones de pesos por mes), dejaron de abonarse apenas dejó Manfredotti el poder y aún hoy Andrade Gutiérrez los reclama en sede judicial. Tiene un fallo en contra del Superior Tribunal de Justicia (2011) y uno a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2014), con final abierto, pero seguramente muy oneroso para los fueguinos.
Lágrimas que el agua se llevó
Mientras tanto, el 7 de octubre del 2011, la gobernadora Fabiana Ríos anunciaba un “histórico” acuerdo con Andrade Gutiérrez. Según los dichos de la mandataria, la empresa renunciaba a la indemnización, a cambio de continuar la obra bajo la figura de concesión de obra pública, con el aporte económico de un grupo financiero de origen francés, que se presentó bajo la denominación de “Piedrabuena S.A.”
Durante la conferencia de prensa respectiva, un funcionario de Ríos lloraba de emoción y de felicidad, sentimientos que le durarían muy poco, lo que tardó en caerse este nuevo castillo de naipes.
Es que poco tiempo después se admitiría, no sin resistencia, la total insolvencia financiera del inversor. Piedrabuena no tenía un peso y jamás podría haberse hecho cargo de tamaño emprendimiento.
El supuesto acuerdo se desplomó, haciendo naufragar toda posibilidad de arreglo con Andrade Gutiérrez. Fabiana Ríos nunca volvería a tocar el tema del puerto.
Fumando espero
La gestión de Mandredotti-Gallo dejó otra “perla” al respecto de la estafa más grande de la historia. Con la excusa de “pagarle a Andrade” para NO construir el puerto, crearon un ilegal y anticonstitucional impuesto a los cigarrillos con destino específico.
La imposición superó todas las objeciones (pasó rápidamente por la todavía menos honorable Legislatura) y comenzaron a recaudarlo, durante el tiempo que estuvieron en el poder ambos exfuncionarios.
Cuando se fueron, nadie supo explicar cuál había sido el “destino específico” de los fondos recaudados. Aunque las sospechas vuelven una y otra vez a aflorar.
Por otra parte, cuando la obra se paralizó quedaron alojados en uno de los gigantescos galpones de Andrade Gutiérrez, casi un centenar de vehículos pesados, entre camiones y máquinas viales. Estuvieron varios años, era imposible sacarlos de la Isla por hacer sido introducidos bajo el amparo de la Ley 19.640. Imposible, para todos menos para algunos. De pronto un día los vehículos no estaban más, el galpón fue desmantelado y nadie preguntó cómo fue posible tal acto monumental de magia.
¿Lo sabrán los cormoranes y lobos marinos que siguen mirando con desinterés hacia la inútil escollera?
El actual gobernador, finalmente, eligió desechar los cantos de sirena y se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar. “Es un despropósito” pensar en un puerto de aguas profundas en Caleta la Misión, sentenció Melella y le puso punto final a la historia.
¿Punto final? En materia de ingeniería de la estafa nunca se sabe. Por lo pronto, felices Bodas de Plata a la estafa más grande de la historia de los fueguinos.
Oscar D’Agostino
Fuente: Radio Fueguino / Imagen de portada: Marcelo Mora
