El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sigue dando pasos en falso y generando cambios sobre la marcha que generan un trastorno a la ciudadanía fueguina y, mayormente, sobre aquellos más necesitados. Las fallas se encuentran en el seno mismo de la administración provincial, comunicando pasos adelante y luego pasos hacia atrás mediante los canales oficiales de comunicación a los medios locales.
Durante varios días, desde distintos puntos de la provincia han llegado mensajes privados a la redacción de este medio solicitando información sobre las fechas de pago a los jubilados y planes sociales, así como los días de atención al público en las sucursales del Banco Tierra del Fuego.
En primer lugar, desde prensa oficial del gobierno informaron que los planes sociales se abonarían en las cuentas de cada beneficiario el día miércoles a las 00:00 horas. Luego, durante la jornada del mismo miércoles tuvieron que salir a aclarar que por un atraso, los pagos estarían acreditados en algún momento de la jornada.
Posteriormente, el gobierno provincial informó que desde el día jueves 2 de abril se atendería al público en las sucursales para el pago de jubilaciones por ventanilla para todos aquellos que no contaran con tarjeta de débito o tuvieran inconvenientes para utilizar la misma.
Sin embargo, cerca de las 00:00 horas de este jueves 2 de abril se informó que, ante nueva normativa del Banco Central de la República Argentina que dispone la apertura de sucursales a partir del día viernes 3 de abril para el pago de jubilaciones, asignaciones y planes sociales, debe modificar el cronograma de atención previsto.
Tal vez las personas comprendidas en estos conceptos que exceptúan el cierre de los bancos ni siquiera se enteraron con la debida antelación de este cambio de cronograma de atención al público.
Así, una vez más, el mal manejo de información por parte de quienes guían los destinos de la provincia genera una desinformación generalizada entre los clientes de la propia entidad bancaria que tienen bajo su órbita de acción y genera un trastorno aún mayor en estos tiempos de cuarentena por el COVID-19.
Es que el desorden administrativo al que nos referimos no es nuevo, basta recordar sino aquella famosa resolución 311/2020 firmada por la Ministra Judit Di Giglio mediante la cual se prohibía la venta de bebidas alcohólicas en Tierra del Fuego. Dicha resolución generó que personal policial se acercara a los supermercados y comercios locales y notificara a sus encargados de tal disposición. Al día siguiente, el propio gobernador la desmintió y reconoció que en su administración se había «filtrado información».
Cabe destacar que aún no se ha resuelto disposición alguna sobre tal resolución, ni se ha informado si se ha instruido y/o iniciado sumario alguno a personal policial que presuntamente habría actuado y notificado legalmente sin orden expresa alguna por parte de sus superiores.
En definitiva, el gobernador debería rodearse de un gabinete y/o equipo de asesores que realicen su tarea acorde a la función que están llevando adelante. Pareciera que subestimaron sus nuevos cargos que, sin dudas, triplican la carga laboral que tenían en el Municipio de Río Grande.
Mientras tanto, la que continúa desinformada es la gente y padece día a día su desorden administrativo
Fuente: tdf al día
