La Legislatura Provincial aprobó por unanimidad la modificación al Codigo Procesal Penal de TDF, que limita la concesión de prisiones domiciliarias y establece un control restrictivo de las mismas. El proyecto promovido por el bloque del MPF, se le incorporaron modificaciones orientadas a “mejorar las condiciones de participación de la víctima en el proceso penal”. El proyecto surge luego que en Ushuaia, un juez otorgo varias de prisiones domiciliarias a presos condenados, por homicidio, robo y delitos sexuales.
En la votación voto en disidencia el bloque Partido Verde en particular, por entender que uno de los artículos del proyecto del MPF vulnera principios constitucionales.
El bloque de la UCR planteó al Parlamento un proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial, en particular al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, donde busca saber «sobre el estado actual» de la liberación de personas alojadas en el sistema penitenciario provincial.
Tras la sanción de la norma enunciada, el legislador Pablo Villegas (MPF) expresó su satisfacción por el apoyo de sus pares de las distintas bancadas de la Cámara, más allá de algunas diferencias en el abordaje de determinados artículos, expresadas durante la sesión de este jueves.
El parlamentario fueguino explicó que el objetivo de la norma es “establecer límites e imponer un sistema más restrictivo en el otorgamiento de beneficios de prisión domiciliaria y otros institutos de ejecución penal en el ámbito jurisdiccional provincial”.
Villegas recalcó que con la sanción de la ley de apunta a que “aquella persona que ha cometido un delito, cumpla su condena en un establecimiento carcelario” y que “la prisión domiciliaria no sea una opción”.
“No queremos que los que hayan cometido un hecho ilícito; y cuenten con una condena, se les otorgue la posibilidad de una prisión domiciliaria en la comodidad de una vivienda familiar”, subrayó el mopofista.
En ese marco, dijo, quedó establecido que “cualquier petición que puedan realizar los reclusos con el fin de obtener la prisión domiciliaria, tenga previo al otorgamiento del beneficio, una revisión por parte de la Cámara de Apelaciones correspondiente”. Además destacó que “hemos reconocido el derecho de la víctima a ser oída, a expresar su opinión en forma previa al otorgamiento de beneficios de estas características”.
