Vivió dos años en un hogar, a los 18 se tuvo que ir: cómo fue egresar y valerse por sí misma

Jasmín, en la puerta del departamento donde vive en el barrio Rodrigo BuenoRicardo Pistupluk,ricardo-pristupluk-11511 – La Nacion

Al cumplir la mayoría de edad, las chicas y los chicos que viven en hogares y no pudieron ser adoptados o volver con sus familias de origen, deben dejar las instituciones con el riesgo de quedar en la calle, sin trabajo, educación ni redes de contención; una ley busca acompañarlos en la transición a su vida adulta

Jasmín tenía 16 años y 100 pesos en la SUBE cuando pudo dar el paso que venía “maquinando” desde que era una niña: irse de su casa. Con el calor pegajoso de un verano en Buenos Aires, armó una mochila y le dijo a su hermana que se iba a donar ropa. Pensó en tomarse un tren, después un colectivo y luego otro. Así hasta quedarse sin plata. Estaba huyendo de la violencia y quería irse lejos.

Las referentes que había conocido en su barrio −el Rodrigo Bueno, en Costanera Sur−, la acompañaron a una defensoría porteña. Así llegó a un hogar en Flores, comandando por monjas y donde pasaría los próximos dos años. Cuando cumplió 17, por primera vez en su vida festejó un cumpleaños con alegría, entre otras vivencias que la acercaron a lo que era vivir en un espacio cuidado y amoroso. Pero sabía que esa experiencia era transitoria, que los meses pasaban rápido: pronto llegarían sus 18 y tendría que dejar el hogar. Sin posibilidades de volver con su familia de origen (era la última opción de su lista) y sin que nadie le planteara la de buscar una nueva por medio de la adopción (”Hubiese dicho que sí”, asegura), llegaría el “egreso” de la institución: ni más ni menos que salir a abrirse paso por la vida a los codazos.Cómo es vivir y egresar de un hogar para chicas y chicos sin cuidados parentales

En nuestro país y según el último relevamiento oficial, son más de 9.700 las chicas y los chicos que, por distintos motivos, fueron separados de sus familias y viven en hogares. Muchos de ellos, al cumplir los 18 años deben dejar esas instituciones con el riesgo de quedar en la calle, sin trabajo, educación ni redes de contención afectiva. Es el egreso menos pensado, uno que no suele generar alegría, sino ansiedad, angustia e incertidumbre. Sin embargo, una norma busca acompañar esa transición a la vida independiente y evitar que miles de jóvenes queden a la deriva.

En los últimos días se cumplieron cuatro años de la sanción conocida como “Ley de egreso” (la Nº 27.364), que creó el Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE). Se trata de una iniciativa pionera en la región, a través de la cual adolescentes y jóvenes que viven o vivieron en hogares convivenciales tienen derecho a percibir una asignación económica (80% de un salario mínimo vital y móvil) y a contar con un adulto referente que acompañe su salida del sistema de cuidados alternativos. Sin embargo, especialistas en la temática aseguran que su implementación en todo el país es desigual y que aún hay un largo camino por recorrer para garantizar su acceso.

“Al día de hoy todas las provincias firmaron sus convenios de adhesión al PAE, pero el número de jóvenes efectivamente en el programa excede levemente a los 1000 en total. Una estructura sólida y un impacto aún escaso”, resume Mariana Incarnato, fundadora de Doncel. Esta asociación civil fue la que motorizó la ley, dándole un amplio protagonismo a jóvenes que habían vivido en hogares y le reclamaron al Estado que ampliara su protección hasta los 21 años (o hasta los 25, en el caso de seguir estudiando).

¿A cuántos jóvenes debería llegar actualmente el PAE? Incarnato explica que, potencialmente, el 40% de las chicas y los chicos que están bajo cuidado del Estado son adolescentes. Es decir que, de casi 10.000 que había en el último relevamiento oficial, “debería haber unos 4000 dentro del PAE. Es un cálculo estimado, por supuesto”, aclara. Además, suma que hay un grupo que no está contabilizado y son quienes ya están afuera del sistema y deberían estar incluidos en el programa, que contempla tanto a los que viven como los que vivieron en hogares.

Escapar de la violencia

La violencia intrafamiliar atravesó la infancia y gran parte de la adolescencia de Jasmín, y en todo ese tiempo dio señales que ni el Estado, ni los centros de salud, ni la escuela, supieron o quisieron ver. En el aula, contó explícitamente lo que pasaba puertas adentro de su casa, pero no pasó nada. “Cuando hablé, se me cerraron un montón de puertas y la familia tapó todo. El feminismo me prendió una lucecita y pude salir”, recuerda Jasmín.

Como muchos otros jóvenes, ella llama al egreso de los hogares como “el otro abandono”. El primero es el del Estado, que no intervino a tiempo; el segundo, el de las instituciones que dejan de acompañarlos cuando cumplen la mayoría de edad. “Yo sabía que a los 18 me tenía que ir. Nunca me plantearon la posibilidad de ir con una familia adoptiva, pero por momentos yo lo pensaba: tenía la ilusión de tener una familia sin violencia y más agradable. Pero no sucedió”, dice Jasmín.

Mientras el tiempo transcurría y se acercaba la fecha de su egreso, la joven tapaba su agenda con actividades: además de la escuela, hacía todos los cursos posibles que la prepararan para una vida autónoma. Así fue como dio con Doncel y más tarde pasó a integrar el grupo que conforma la Guía Egreso, donde conoció a otros jóvenes que le fueron transmitiendo su experiencia. Sin embargo, “el terror constante de qué iba a pasar” después del hogar, seguía latente. “Te sentís sola, no sabes para dónde ir, con quién contar, por más que te vean fuerte o responsable”, asegura.

Grandes desafíos

Incarnato detalla que la ley de egreso logró “tres cosas que son insoslayables en cuanto al avance del tema”: la garantía de un nuevo derecho; la participación genuina de adolescentes y jóvenes en los procesos de decisión por su propia vida; y el acceso a un recurso económico concreto que pueda “solventar necesidades y resolver problemas reales”.

Sin embargo, para la referente son varios los motivos que dificultan la aplicación de la norma. Aclara que el principal no es “la falta de recursos para la asignación económica de los jóvenes, sino el compromiso de algunas jurisdicciones en particular para contratar los referentes y pagarles”. Por otro lado, señala la necesidad de instalar la práctica como una más dentro de todas las que se pueden considerar de protección de derechos. Revisar la reglamentación de la ley para que respete su espíritu, ya que fue “muy restrictiva e implicó que haya una población grande que se quede fuera del programa” y entender que “el sistema de cuidados alternativos es uno obsoleto que requiere virar hacia un modelo eminentemente de acogimiento familiar”, también deberían ser, para Incarnato, prioridades. “El PAE funciona si puede ser una política dentro de un plan de fortalecimiento de los adolescentes y jóvenes y sus familias. El verdadero centro de una política de cuidado”, señala.

Cuando salió del hogar, Jasmín se fue a vivir con una referente. Fue en ese grupo de mujeres donde fue construyendo su familia, la que hoy elije y la que la hace feliz. “En esa primera casa en que viví había mucho amor y contención. Empecé a trabajar y terminé el secundario”, cuenta la joven. Después de otras experiencias de convivencia, llegó a donde esta hoy: su departamento propio en el barrio donde se crio, el Rodrigo Bueno.

“Pago una cuota por mes para comprarlo. Tengo dos trabajos: los sábados, domingos y feriados, en los vacunatorios del gobierno de CABA; en la semana, con Doncel, en la comisión ejecutiva de Guía Egreso”, cuenta Jasmín sentada en su living, que da un balcón lleno de luz. Además, estudia trabajo social: su sueño es acompañar a otras chicas y chicos para que puedan conocer sus derechos y, como ella, reconstruir sus vidas después de la violencia.

Fuente: La Nación